A 45 años de la creación del sistema de AFP, evaluar la evolución de la última década resulta indispensable. Estos diez años de perspectiva permiten medir, con datos cuantitativos en la mano, si el modelo fue capaz de corregir su rumbo o si terminó por consolidar su fracaso.

El domingo 24 de julio de 2016 se produjo un hito político a lo largo del país que remeció las estructuras del poder. Cientos de miles de ciudadanos, trabajadores, pobladores, niños, jóvenes y ancianos salieron a las calles para manifestar su repudio al sistema privado de capitalización individual encarnado en las AFP. La consigna que se replicó en cada rincón de Chile fue “NO+AFP”, la cual sintetizaba el malestar acumulado tras 35 años de vigencia de un modelo privado que se tornaba incapaz de pagar pensiones suficientes y dignas.

El impacto de dicha movilización encendió las alarmas en la clase empresarial y en la casta política. Por primera vez, un movimiento social apuntaba directamente al corazón del modelo económico. En efecto, la demanda por terminar con el sistema implicaba restituir la Seguridad Social y despojar a los grupos económicos de un “ahorro acumulado” -generado por los y las trabajadoras- que utilizaban para fines ajenos a la previsión.

Cifras irrefutables de un fracaso estructural

Al cabo de diez años del hito fundacional de este movimiento, los resultados del sistema solo han confirmado lo que con tanta fuerza denunció NO+AFP y la ciudadanía: un mecanismo sustentado en la capacidad de ahorro individual y en la rentabilidad de los fondos financieros no guarda relación con la seguridad social. El modelo fue concebido, en realidad, para contribuir al fortalecimiento del mercado financiero, disponiendo así de recursos suficientes y permanentes para financiar la expansión de la inversión privada de los grandes grupos económicos.

El fracaso del sistema no es un invento; los datos son irrefutables y concluyentes. A diciembre de 2025, el 50% de los pensionados recibió una pensión de vejez inferior a $353 mil, monto que equivale apenas al 66% del salario mínimo de ese periodo. Este valor cae a $170 mil si se restan los subsidios que aporta el Estado a través de la PGU y el Aporte Previsional Solidario. Incluso entre quienes cotizaron casi toda una vida laboral (entre 30 y 35 años), la mitad recibió una pensión autofinanciada menor a $490 mil, cifra inferior al ingreso mínimo.

La crisis es de tal magnitud -en particular para las mujeres- que, al cierre de 2025, la mitad de las 686.644 mujeres pensionadas por vejez recibe una jubilación total menor a $257 mil. Si se quitan los subsidios estatales, la pensión autofinanciada mediana de las mujeres se desploma a solo $119 mil.

Del “respirador artificial” a las promesas rotas

Esta última década estuvo llena de promesas para intentar resolver una crisis de carácter estructural. Se prometieron reformas que apuntaban a incorporar un pilar robusto de solidaridad inter e intrageneracional. Ello no era un capricho: mirando las complejidades que enfrentan los sistemas de previsión producto del cambio demográfico, se hacía indispensable reivindicar el principio más relevante de la Seguridad Social: la Solidaridad.

En su momento, Sebastián Piñera amplió la cobertura de asistencia estatal a través de la creación de la PGU, aumentando el monto de los beneficios. Con ello, la derecha buscaba descomprimir el conflicto, de forma que la presión social no terminara por derribar el entramado de las AFP. De esta manera, la PGU se convirtió en el respirador artificial que le dio un segundo aire al sistema por un tiempo más.

Por su parte, Gabriel Boric, quien había llegado al gobierno prometiendo acabar con el modelo, terminó sepultando las ilusiones de millones en 2025. Al ceder ante la presión de los grupos de interés y los poderes fácticos, su administración terminó por promulgar una reforma que validó y consolidó el sistema de cuentas individuales. A un año de la tan bullada ley, los resultados muestran cifras lapidarias que continúan condenando a las mayorías a una vejez completamente indigna.

Una tarea ética hacia el futuro

La batalla que hace diez años comenzaron millones de personas en las calles, exigiendo pacíficamente la restitución de un derecho fundamental reconocido por la propia OIT como un derecho humano, cobra hoy más vigencia que nunca al constatar la miseria de los montos que se pagan en Chile.

Solo la organización decidida logrará desplazar los intereses privados y hacer que la Seguridad Social se concrete, definitivamente, como un derecho universal para todos los seres humanos que habitan este territorio.

La lucha continuará; es un imperativo ético.