La abogada Paulina Zamorano, exjefa del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia e integrante de la Red de Observadoras en Justicia y Memoria, respondió a las declaraciones del ministro de Justicia, Fernando Rabat, luego de que se confirmara mediante exámenes de ADN la identidad de Bernarda Rosalba Vera Contardo, quien durante más de 50 años figuró como detenida desaparecida.
En conversación con Radio Infinita, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, se refirió al caso de Bernarda Vera y la remoción de las jefaturas del Plan Nacional de Búsqueda. “Nosotros removimos a las jefaturas del Plan Nacional de Búsqueda cuando llegamos en marzo del año 2026, fundado en la causal de falta de confianza. La nueva jefa, entre el primero de abril del año 2026 y fines de julio del año 2026, logra que, precisamente, se materialicen estos exámenes de ADN y puedan llegar a esta realidad. Es decir, en tres meses se hizo lo que no se obtuvo en casi dos años”, puntualizó el ministro.
En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile Paulina Zamorano respondió al secretario de Estado: “Es incomprensible que el ministro de Justicia, siendo abogado, pretenda atribuirse el resultado de los exámenes de ADN en el caso de Bernarda Vera. Este logro pertenece estrictamente a una investigación judicial a cargo del ministro en visita Álvaro Mesa. Sus declaraciones reflejan un profundo desconocimiento de cómo funcionan estos procesos judiciales y de las competencias reales del Programa que depende de su cartera”.
La integrante de la Red de Observadoras en Justicia y Memoria rebatió la lectura del titular de Justicia y apuntó a la labor desarrollada durante años en la búsqueda de personas detenidas desaparecidas. “El ministro presenta como una falla lo que en realidad es un resultado de la investigación estatal. Si existen hoy nuevos antecedentes sobre Bernarda Vera, es porque hubo profesionales investigando, cruzando información y promoviendo diligencias. Desacreditar ese trabajo es difícil de comprender”, sostuvo.
Este lunes, el ministro en visita para causas de derechos humanos, Álvaro Mesa Latorre, confirmó a los familiares de Vera que los exámenes realizados por el Servicio Médico Legal (SML) verificaron su identidad. El análisis genético comparó su perfil con muestras de sus familiares almacenadas en el Banco Genético de Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos y arrojó una probabilidad de identificación superior al 99,9999%.
Vera era profesora de educación básica en Neltume y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y del Movimiento Campesino Revolucionario. Tenía 27 años cuando fue vista por última vez en octubre de 1973 y durante décadas permaneció en el registro oficial de detenidos desaparecidos.
El caso tomó un nuevo rumbo a partir de recientes antecedentes sobre una mujer localizada en Argentina que utilizaba la identidad de Vera. Con esa información, el ministro Mesa abrió una investigación reservada y ordenó las pruebas genéticas que finalmente confirmaron su identidad.
“Estas investigaciones se han desarrollado con enormes dificultades porque los responsables de los crímenes y quienes conocen su destino no han colaborado con la justicia. El Estado ha debido reconstruir los hechos décadas después, con información fragmentada y archivos incompletos. Ignorar ese contexto es profundamente irresponsable”, señaló Zamorano.
Asimismo, la abogada también abordó la relevancia del Informe Rettig a propósito del caso de Vera: “Un caso excepcional, identificado décadas después gracias a nuevas diligencias, no convierte al Informe Rettig en poco confiable. Los procesos de verdad se construyen con la información disponible y se profundizan cuando aparecen nuevos antecedentes. Esa posibilidad de revisión fortalece la búsqueda de la verdad, no la invalida”.
