Este viernes el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, presentó una denuncia ante la Contraloría en contra del decreto del Gobierno que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC).

El cambio en el instrumento preocupa a los alcaldes de distintas comunas, debido a que, entre otras medidas, incluye disminuir el coeficiente de habitantes por vivienda, flexibilizar requisitos de estacionamientos y extender la duración de permisos de construcción. Además, los ediles acusan que la modificación le quita poder a los planes reguladores elaborados por los municipios.

El alcalde Felipe Muñoz, señaló que la modificación a la Ordenanza, al aumentar la densidad, podría abrir la puerta a que se construyan más “guetos verticales”, tanto en Estación Central como en otras comunas. “Tenemos mucho temor. Nuestra comuna avanzó durante mucho tiempo para poder contar con un instrumento regulador”, expresó.

Asimismo, lamentó que sea el ministro de Vivienda, Iván Poduje, —al que describió como “un urbanista que ha denunciado este hecho en alguna oportunidad”— quien impulse la modificación, “considerando el tremendo daño que esto genera tanto para el equipamiento y para la infraestructura sanitaria de las comunas, como también para el tema de los estacionamientos”.

El jefe comunal añadió que el ministro Poduje no cumplió con su compromiso de escuchar las inquietudes de los alcaldes: “Él públicamente señaló durante su presentación en el congreso de alcaldes en La Serena, que nos iba a escuchar y que situaciones como las de Estación Central no se iban a volver a repetir. Lamentablemente esta reunión no se llevó a cabo”.

Por su parte, el diputado del Distrito 8 y militante del Partido Comunista (PC), Marcos Barraza, quien acompañó al alcalde Muñoz en la presentación de la denuncia en Contraloría, explicó los argumentos jurídicos detrás de la acción.

El parlamentario apuntó a que la modificación al OGUC “lo que viene a hacer es darle prevalencia o superioridad a un reglamento por sobre la ley de la República” y vulnera las matrices del plano regulador comunal.

“Eso en sí mismo es muy dañino, porque los municipios tienen autonomía para la planificación urbana. Y, en particular, se está vulnerando el artículo 118 de la Constitución respecto de las atribuciones municipales para asegurar calidad de vida de los vecinos y de los vecinos”, remarcó.

Barraza agregó que también se vulneraron las normas de participación para modificar un reglamento, porque no se tuvieron en cuenta las observaciones de los municipios y la sociedad civil.

“Tenemos convencimiento de que la Contraloría va a acoger este requerimiento de ilegalidad. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo está operando con una política pública contraria al interés de las vecinas y los vecinos, pero también contraria a la evidencia de la academia. No hay dos opiniones, esta norma es inadecuada, improcedente y dañina”, recalcó.