El senador Iván Flores (DC) presentó un proyecto de ley que sanciona como delito el matrimonio y el Acuerdo de Unión Civil celebrados con el fin de burlar las leyes migratorias, considerando la existencia de numerosos casos detectados al respecto.

La iniciativa crea un nuevo párrafo sobre delitos migratorios e incorpora el artículo 119 bis, que sanciona a quien “celebrare un matrimonio o acuerdo de unión civil con una persona extranjera en situación migratoria irregular, con el propósito de eludir la presente ley y obtener para esta o para un tercero un permiso de residencia, la nacionalidad chilena o cualquier otro beneficio migratorio”, con la pena de presidio menor en su grado medio y multa de 10 a 20 UTM. La sanción se agrava si la persona ha celebrado anteriormente uno o más matrimonios o acuerdos de unión civil similares con distintas personas extranjeras, en cuyo caso la pena sube a presidio menor en su grado medio a máximo y multa de 21 a 50 UTM.

Al respecto, el senador Flores señaló que “el creciente número de personas, un extranjero o extranjera con chilena o chileno, que deciden vulnerar la ley de migraciones a través de falsear un acuerdo de unión civil o un matrimonio, no puede quedar en la impunidad. Son muchos casos. Se están duplicando las cifras de personas que concurren a un acto de esta naturaleza solamente con el fin de defraudar. Hoy día hay un vacío legal y que estamos corrigiendo mediante un proyecto de ley que presentamos para poder sancionar como delito este comportamiento fraudulento, el que vulnera la ley de migraciones y además también vulnera la administración pública de nuestro país”.

La moción ingresada agrega, que “el que organice, promueva, facilite o intermedie en la celebración de matrimonios o acuerdos de unión civil en las condiciones señaladas en el inciso primero, con ánimo de lucro, será sancionado con presidio mayor en su grado mínimo y multa de 51 a 100 unidades tributarias mensuales“. La misma sanción se aplicará a la persona extranjera que, encontrándose en situación migratoria regular, organice, promueva, facilite o intermedie en la celebración de estos vínculos con ánimo de lucro.

El proyecto establece, asimismo, que “la residencia, nacionalidad, o cualquier otro beneficio migratorio obtenido por este medio será revocado y la persona quedará impedida de obtenerlo nuevamente, aun cuando lo solicite invocando una causal distinta”.

La iniciativa crea un nuevo delito migratorio, sanciona a los contrayentes y a los intermediarios que lucran con estos vínculos, agrava la reiteración y establece la pérdida de los beneficios migratorios obtenidos fraudulentamente.