El Gobierno prepara un proyecto para modificar el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con cambios en su composición y en las atribuciones que le permiten intervenir judicialmente en casos de vulneraciones de derechos.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, explicó que el anteproyecto surgió a partir de indicaciones incorporadas en la Ley de Presupuestos de 2025. En ese marco, el Ejecutivo propone revisar la composición del organismo y la forma en que se representa a la sociedad civil.
Rabat cuestionó el actual equilibrio dentro del instituto y planteó la necesidad de introducir cambios en esta materia. “Hoy la sociedad civil está mal representada en el INDH. Tiene absolutamente un tinte de izquierda (…) eso hay que corregirlo”, afirmó el ministro.
El Ejecutivo también busca modificar las atribuciones del organismo. En particular, el titular de Justicia apuntó a la facultad para presentar querellas. “Nosotros queremos eliminar ciertas facultades que nos parece que no tienen sentido”, expuso.
Este lunes el ministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, entró en la discusión sobre el carácter que debe tener el organismo y señaló que “se requieren algunas modificaciones de carácter legal para fortalecer su rol de carácter consultivo”. En esa línea, sostuvo que las facultades para querellarse corresponden a “órganos independientes, como es el Ministerio Público” y señaló que el debate deberá resolverse en el Congreso. A su juicio, el INDH debe ser “una institución que dé garantías a todos los sectores políticos”.
En tanto, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, cuestionó el funcionamiento actual de la institución. Aseguró que “el INDH no está cumpliendo con su objetivo” y que está “preocupado de defender posiciones políticas”. Ramírez planteó que prefiere “un INDH que haga la pega”, pero sostuvo que para eso “tiene que cambiar el comportamiento de las personas que lo integran”.
La vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ximena Ossandón, vinculó la propuesta del Gobierno con una iniciativa de Renovación Nacional que ya está en trámite. Según explicó, el proyecto de su bancada busca que las querellas sean aprobadas con 2/3 del consejo y que los consejeros que concurran a esa decisión asuman responsabilidad civil. Con ello, dijo, “se va a racionalizar el ejercicio de querellas” y se utilizarán “cuando una mayoría pluralista al consejo realmente lo estime”.
La defensa al Instituto Nacional de Derechos Humanos
La exdirectora del INDH y diputada Lorena Fries (FA) cuestionó los cambios planteados por el Ejecutivo. Destacó que el instituto tiene como misión “representar a víctimas de abusos de poder del Estado” y que los derechos humanos tienen relación con “el límite al abuso del poder del Estado”.
En ese contexto, Fries explicó que el INDH presenta querellas en determinadas materias y recordó que el organismo fue el primero que presentó una acción judicial por trata de personas. La parlamentaria remarcó que esa labor “no obsta al trabajo de persecución penal que tiene que hacer el Ministerio Público”.
Asimismo, cuestionó el planteamiento sobre la composición política del instituto. A partir de los Principios de París, sostuvo que debe existir “una fuerte representación de la sociedad civil organizada, dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos”. Frente a la acusación de una orientación política de izquierda, respondió que “los derechos humanos son universales y no son ni de izquierda ni de derecha”.
A su vez, el director ejecutivo de Amnistía Internacional en Chile, Rodrigo Bustos, cuestionó la iniciativa del Gobierno y sostuvo que el proyecto “cercenaría gran parte de las atribuciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos”. En esa línea, defendió la facultad para presentar querellas, la que calificó como “fundamental en la labor del INDH”.
Bustos rechazó que las organizaciones de derechos humanos sean asociadas a una determinada tendencia política. En ese contexto, mencionó el trabajo que realizan en “memoria histórica, en derechos de las mujeres, en medio ambiente, en derechos de las personas con discapacidad, en las disidencias sexuales, en derechos de los pueblos indígenas, entre otros”.
A partir de esas materias, Bustos sostuvo que esos derechos “no son de un sector político determinado o no debieran serlo”, sino que “debieran ser derechos transversales para toda la sociedad y para toda la clase política”.
