A dos meses de que se cumplan tres años desde el 7 de octubre de 2023, el conflicto entre Israel y Palestina no muestra una salida real. Hoy la situación en Gaza sigue siendo de una grave crisis humanitaria y el conflicto político desborda la Franja y llega a Cisjordania.
El ataque de Hamás abrió paso a una respuesta militar que arrasó con el enclave palestino y derivó en un verdadero genocidio contra su población. Aunque existe formalmente un alto el fuego, el conflicto no terminó. Por el contrario, se transformó, reorganizó el territorio gazatí y extendió con mayor fuerza su lógica de ocupación, desplazamiento y colonización hacia Cisjordania.
El plan de paz: un acuerdo estancado
La ofensiva israelí a gran escala se detuvo parcialmente con el “Plan de Paz” de 20 puntos elaborado por la administración estadounidense de Donald Trump. Fue anunciado en septiembre de 2025 y puesto en marcha el 10 de octubre de ese año, después de negociaciones indirectas entre Israel y Hamás en Egipto que contó con con la mediación de Egipto, Catar y Turquía.
Trump encabezó el proceso mediante sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner, ambos miembros del AIPAC (American Israel Public Affairs Committee), además de importantes inversores inmobiliarios en la región que buscan expandir sus negocios a la reconstrucción de Gaza, bajo el plan de la “Riviera de Gaza”.
La primera fase del plan incluyó un alto el fuego, intercambios de rehenes israelíes por prisioneros palestinos, un aumento limitado de la ayuda humanitaria y la creación de una Junta de Paz encargada de supervisar la transición. Sin embargo, los bombardeos y las muertes nunca cesaron por completo.
Desde enero de 2026, la segunda fase se concentró en la creación de un gobierno tecnocrático, la reconstrucción y el desarme de las facciones palestinas. El Comité Nacional para la Administración de Gaza, integrado por tecnócratas palestinos, debía restablecer el agua, la electricidad, la salud y los servicios públicos sin la participación directa de Hamás.
El grupo islámico anunció que abandonaría sus funciones civiles y aceptaría un desarme, pero para ello exigen el fin de los ataques, la apertura de las fronteras y una retirada israelí progresiva antes de completar el desarme. Israel exige exactamente lo contrario. Primero la entrega total de armas y la destrucción de túneles; después, eventualmente, la retirada.
Tampoco existe acuerdo sobre quién lo ejecutará, quién verificará el proceso o qué garantías recibirán los palestinos para evitar que la entrega de armas deje a la población completamente expuesta frente al Ejército israelí.
La matanza aún continúa: la trampa de la línea amarilla
Mientras las negociaciones se estancan, las muertes continúan. Desde la entrada en vigor de la primera fase, entre mil 100 y mil 200 palestinos murieron y más de 3 mil 400 resultaron heridos en Gaza.
Según el reporte de la Embajada de Palestina en Chile, hasta el 28 de julio de 2026 la ofensiva iniciada en octubre del 2023 había dejado 73 mil 333 palestinos muertos y 174 mil 23 heridos en la Franja.
En Cisjordania, las cifras superaban los mil 182 fallecidos y los 12 mil 919 heridos, mientras más de 9 mil 400 palestinos permanecen detenidos en cárceles israelíes. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirmó que este saldo “refleja un continuo desprecio por las vidas palestinas, facilitado por una impunidad generalizada”.
Gran parte de las muertes posteriores al alto el fuego ocurrió cerca de la denominada “Línea Amarilla”, el límite hasta donde se replegaron inicialmente las fuerzas israelíes. Türk advirtió que esa línea es “cambiante y mal señalizada”. En los hechos, Israel aplica reglas de fuego severas contra cualquier persona o vehículo que se aproxima a sus bloques de demarcación.
La línea dejó de ser una frontera militar temporal y pasó a funcionar como una zona de muerte que todos los días cambia sin previo aviso, dejando a cientos de palestinos atrapados bajo líneas de fuego. Centros de la UNRWA recibieron disparos de drones, mientras terrenos agrícolas, olivares y viviendas fueron demolidos para despejar líneas de visión y facilitar el movimiento de maquinaria militar.
Ejemplo del continuo asedio es el caso del único hospital pediátrico operativo de Gaza que advirtió esta jornada de 4 de agosto, que podía cerrar en cuestión de horas por la falta de combustible, aceite y electricidad. Uno de sus generadores quedó fuera de servicio y el personal debió cortar la energía durante unas 10 horas al día. En esos periodos dejaron de funcionar el laboratorio, radiología, admisión y urgencias. Madres y acompañantes tuvieron que utilizar las linternas de sus teléfonos para iluminar las salas.
El alto el fuego redujo la magnitud de los ataques, pero no restituyó una vida normal ni terminó con el castigo colectivo.
El elemento central es que la línea amarilla también reorganiza territorialmente Gaza. El trazado original dejó cerca del 53% del enclave bajo control militar israelí y confinó a la población palestina al 47% restante. Después, Israel desplazó los bloques entre 300 metros y un kilómetro y medio hacia el interior de zonas como Jan Yunis, Deir al-Balah y Al Mawasi.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lo dijo explícitamente el 28 de mayo: “Las FDI controlan actualmente más del 60% de la Franja de Gaza y proyectamos alcanzar el 70% de control en el corto plazo”.
Israel levantó más de 42 kilómetros de montículos defensivos y al menos 14 posiciones militares fortificadas. Una frontera interna de facto que divide Gaza entre un espacio palestino superpoblado, empobrecido y dependiente de la ayuda, y una zona israelí militarizada que concentra tierras agrícolas, acuíferos y corredores estratégicos.
La alternativa al fracaso del plan no tiene que ser necesariamente una nueva guerra total, pasa más por una partición permanente, seguida de una reconstrucción selectiva que fuerce el traslado de la población hacia áreas escogidas y prediseñadas por Israel y Estados Unidos.
La extrema derecha israelí dice abiertamente hacia dónde quiere conducir este proceso. Bezalel Smotrich, ministro de finanzas, sostuvo que “al final, Israel ocupará la Franja de Gaza, aplicará un gobierno militar y establecerá asentamientos judíos allí”. También declaró que la “victoria completa” significa “el reasentamiento de la Franja de Gaza” y que el precio de la derrota palestina debe ser “la pérdida de territorio”. Itamar Ben-Gvir, ministro de seguridad nacional, defendió “una ocupación total de Gaza”, el “control israelí y asentamientos judíos”, además de promover la llamada “emigración voluntaria” de la población palestina. El ministro Shlomo Karhi resumió la misma doctrina “Debemos poblar Gaza con fuerzas de seguridad y con colonos”.
Un plan que desborda Gaza y llega hasta Cisjordania: un consenso en la interna israelí
Esta lógica ya se replica en Cisjordania. Los ataques de colonos aumentaron cada año desde 2023 y alcanzaron mil 835 casos durante 2025. En los primeros cuatro meses de 2026 se registraron cerca de 190 ataques mensuales, una cifra que en los últimos cuatro solo ha ido en aumento.
Las operaciones israelíes en Yenín, Tulkarem y Nur Shams desplazaron a más de 30 mil personas. Al mismo tiempo, el gobierno aprobó 104 nuevos asentamientos y reactivó proyectos como el corredor E1, que dividiría Cisjordania entre norte y sur. Smotrich, principal promotor de este plan, dijo; “El Estado palestino ha sido borrado de la agenda, no con eslóganes, sino con hechos”.
Este escenario conduce directamente a las elecciones israelíes del 27 de octubre de 2026. Netanyahu llega debilitado, pero depende de Smotrich y Ben-Gvir, quienes rechazan cualquier retirada. Una derrota del primer ministro no garantiza un cambio estructural. Gadi Eisenkot, ex general del ejército y primero en las encuestas, puede reducir la influencia de la extrema derecha y mejorar la coordinación internacional, pero defiende una política de seguridad firme y no propone una soberanía palestina plena. Naftali Bennett rechaza un Estado palestino. Yair Lapid mantiene una posición más abierta, pero una alianza con la derecha probablemente evitaría discutir fronteras, Jerusalén Oriental, asentamientos o derecho al retorno.
Por eso, la elección israelí no se perfila como una competencia entre guerra y paz. Se presenta como una disputa entre distintas formas de administrar la superioridad militar israelí. Netanyahu propone control territorial y dependencia de la extrema derecha. Eisenkot ofrece mayor disciplina institucional y una separación vigilada. Bennett y Lapid podrían moderar el lenguaje, pero conservarían la libertad de acción militar. La derrota personal de Netanyahu es posible. La derrota del consenso que surgió después del 7 de octubre —seguridad absoluta para Israel, control militar permanente y rechazo a una soberanía palestina real— resulta mucho menos probable. Gaza y Cisjordania enfrentan así el riesgo de convertirse en enclaves administrados, fragmentados y sin Estado.
