La mitad de los 50 estados de Estados Unidos demandó al presidente Donald Trump y a su Administración por los nuevos aranceles globales del 10% al 12,5% sobre las importaciones procedentes de la mayoría de sus socios comerciales, argumentando que eran “igual de ilegales” que los previamente declarados inconstitucionales por el Tribunal Supremo.
“Los aranceles impuestos por el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) son tan amplios que contradicen sus propios objetivos declarados y ridiculizan la ley utilizada para justificarlos”, señaló la demanda, impulsada por Oregón, Arizona y California y suscrita por otros 22 estados, todos gobernados por demócratas.
La nueva ronda de gravámenes —decretada a finales de julio, horas antes de la expiración de otro arancel global temporal del 10%— se apoyó en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que autoriza este tipo de medidas frente a prácticas comerciales desleales consideradas restrictivas del comercio nacional. La Administración justificó la decisión en una investigación propia sobre presuntas prácticas de trabajo forzoso en el extranjero.
“Los estados demandantes se oponen al trabajo forzoso en todas sus formas y apoyan la protección de los trabajadores en todo el mundo. Pero la Administración no puede usar el trabajo forzoso como pretexto para continuar con su plan arancelario ilegal”, indicó el recurso presentado ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos en Manhattan.
En la demanda, los estados sostuvieron que el representante comercial Jamieson Greer no siguió los procedimientos y requisitos establecidos por la ley, por lo que solicitaron la anulación de los aranceles y el reembolso de los depósitos ya pagados por los estados afectados.
El caso abrió un nuevo capítulo en el enfrentamiento judicial entre coaliciones de estados, pequeñas empresas y la Administración Trump por la tercera ronda de aranceles impulsada por el presidente.
Trump intentaba reconstruir un muro arancelario que quedó debilitado en febrero, cuando el Tribunal Supremo determinó que los aranceles globales impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) eran ilegales.
Desde ese fallo, las autoridades aduaneras recibieron miles de solicitudes de devolución por parte de empresas que habían pagado aproximadamente 166.000 millones de dólares en gravámenes.
Posteriormente, Trump impuso nuevos aranceles globales del 10% al amparo del artículo 122 de la Ley de Comercio. Aunque un tribunal comercial los declaró ilegales, permitió que permanecieran vigentes mientras se resolvía el proceso de apelación, hasta su expiración el mes pasado.
