El Senado aprobó por 27 votos a favor y 22 en contra el informe de la comisión mixta y despachó la denominada megarreforma, cerrando su tramitación en el Congreso. La votación estuvo antecedida por negociaciones del Gobierno para asegurar los respaldos necesarios, entre ellos el del senador Matías Walker, quien había condicionado su voto a recursos para la reconstrucción de la Región de Coquimbo.
Tras reunirse con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, Walker alcanzó un acuerdo con el Gobierno y confirmó su apoyo al informe de la comisión mixta. El senador explicó los alcances del entendimiento y cómo se financiará la reconstrucción de la región del norte.
“Estamos estableciendo que va a haber un fondo de reconstrucción, compuesto por recursos frescos y extraordinarios. No por reasignaciones y no por fondos del Gobierno Regional”, planteó.
Quiroz también se refirió al acuerdo alcanzado con Walker y a la forma en que se proyecta financiar la reconstrucción. “Hemos llegado a un protocolo, un acuerdo en el que básicamente se le da garantía a la región de que ya están los recursos para la reconstrucción”, sostuvo el ministro.
El monto será definido por una comisión técnica y está contemplado que los recursos queden incorporados en la Ley de Presupuestos de 2027. “Es un acuerdo que ha sido satisfactorio y celebro la disposición al diálogo de los senadores. Esta idea surgió en el norte, viendo toda la situación, y estamos muy conformes con el resultado al que hemos llegado”, comentó el jefe de la billetera fiscal.
El debate en sala
El senador DC Iván Flores tomó la palabra y apuntó directamente al acuerdo alcanzado por Matías Walker con el Gobierno. A su juicio, los votos en el Congreso no pueden quedar sujetos a compromisos para una región. “Yo voto por convicción. Tampoco se puede convertir esto a la usanza de nosotros los jóvenes que decimos las transacas. No, no puede haber transacciones aquí”, lanzó.
Después, Flores llevó la discusión al mecanismo de compensación municipal y comparó la cantidad de beneficiarios entre comunas de mayores ingresos y otras zonas del país. En ese punto, cuestionó que los recursos para compensar a los municipios salgan del erario general: “Entonces cuando compensamos a los municipios más ricos por la disminución que van a tener de la exención tributaria, que son la gran mayoría de los beneficiarios, sale por impuestos generales, sale del IVA del pan. Y eso a mí me parece de verdad inmoral”.
La senadora PC Claudia Pascual se detuvo en el contenido del informe de la comisión mixta. Recordó que el acuerdo previo con los alcaldes contemplaba una exención focalizada según nivel socioeconómico y avalúo de la primera vivienda, junto con la compensación a los municipios. “Nos vemos con esta indicación del informe de la mixta que trae sólo la compensación y no la focalización”, advirtió.
Pascual también recogió la propuesta de alcaldes y alcaldesas para modificar el destino de los 80 mil millones de pesos y distribuirlos según los criterios del Fondo Común Municipal. “Se hace equidad con esta propuesta que han hecho los alcaldes. Es por esto que no podemos votar, al menos nosotros, por este informe de la mixta”, sostuvo.
El senador UDI Iván Moreira respondió desde la vereda oficialista y llevó la discusión hacia uno de los principales efectos de la reforma: la exención de contribuciones para los adultos mayores. “Se ha aprobado el 95% de la reforma, pero poco se ha hablado que hay millones de chilenos que están agradecidos porque no van a pagar más contribuciones a aquellos que tienen 65 años. Ese es un beneficio directo especialmente para la clase media”, destacó.
Moreira también respaldó el rumbo tomado por el Ejecutivo y asumió la responsabilidad política del oficialismo. “Así como hemos apoyado este proyecto, nosotros vamos a dar la cara y vamos a responderle al país”, aseguró.
El presidente de la Comisión de Hacienda, Javier Macaya, centró su intervención en los recursos municipales. Frente a las críticas de la oposición, recordó el compromiso asumido durante la tramitación para mantener el nivel de ingresos de las municipalidades. “Acá el compromiso que asumió el gobierno es que ningún municipio recibiría ni un peso más, ni un peso menos”, remarcó.
Macaya rechazó que la discusión sobre la compensación se transformara en un cuestionamiento al Fondo Común Municipal y defendió la fórmula aprobada. “La solidaridad no consiste en hacer pagar a una municipalidad el costo de una decisión soberana que está tomando este Congreso, que tomó también el gobierno. Consiste en fortalecer el fondo común municipal sin debilitar a ninguna comuna”, sostuvo.
El artículo aprobado
Con los respaldos asegurados, el Senado avanzó sobre el último artículo pendiente y aprobó el informe de la comisión mixta.
El artículo votado en esta jornada establece un mecanismo de compensación para los municipios por la menor recaudación que provocará la exención de contribuciones, medida que ya había sido aprobada previamente por el Senado. La Tesorería General de la República distribuirá los recursos entre las municipalidades y el Fondo Común Municipal, de acuerdo con la proporción que les habría correspondido sobre los ingresos que dejarán de percibirse.
El monto será calculado anualmente por el Servicio de Impuestos Internos y comunicado a la Dirección de Presupuestos y a la Tesorería.
Para acceder directamente a estos recursos, los municipios deberán cumplir determinadas condiciones. Entre ellas, entregar oportunamente la información exigida por ley y acreditar una reducción de al menos 30 por ciento en el plazo promedio de tramitación de permisos municipales, tomando como referencia el período entre 2023 y 2025.
Hacienda deberá establecer mediante reglamento cómo se medirá esa reducción y la Dirección de Presupuestos tendrá que verificar su cumplimiento.
La megarreforma contempla además una invariabilidad tributaria por 20 años, una rebaja al impuesto corporativo y mecanismos de compensación para empresas en el marco de resoluciones de calificación ambiental.
Las normas sobre invariabilidad tributaria y mecanismos de compensación relacionados con resoluciones de calificación ambiental fueron recurridas ante el Tribunal Constitucional por parlamentarios de oposición. El organismo todavía debe pronunciarse sobre ambos requerimientos.
Además, se espera que este miércoles el Ejecutivo ingrese los vetos correspondientes a las normas sobre anatocismo y a la que elimina el denominado olvido financiero, antes de que el proyecto de Reconstrucción Nacional sea promulgado.
