Tras escuchar las denuncias de organizaciones de derechos humanos, la respuesta de la administración de José Antonio Kast y los planteamientos de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Ejecutivo antecedentes sobre el Plan Nacional de Búsqueda, las evaluaciones previas a cambios institucionales y los reajustes presupuestarios.
La CIDH trató este jueves, en audiencia pública, las denuncias de organizaciones de derechos humanos y trabajadores públicos sobre presuntos retrocesos en Chile en materia de derechos humanos, verdad, justicia y memoria. Ante el organismo, expusieron cuestionamientos a recortes presupuestarios, eliminación de programas y unidades especializadas y cambios en las políticas de memoria.
La directora nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Nuvia Guajardo, advirtió que las medidas adoptadas por el Gobierno no corresponden solo a ajustes presupuestarios. “Como representante de las servidoras y los servidores públicos chilenos, ANEF comparece ante esta Comisión no para relatar una lista de recortes, sino para advertir un proceso de mayor profundidad: la reducción sistemática de las capacidades del Estado chileno para garantizar derechos humanos”, planteó la dirigenta, quien también cuestionó la modificación del presupuesto mediante decreto: “Gobernar por decreto es, en sí mismo, violatorio de la propia carta fundamental”.
Tamara Lagos, de la Red de Observadoras en Justicia y Memoria, puso el foco en la eliminación y reducción de unidades vinculadas con víctimas de violaciones a los derechos humanos. Mencionó, entre otras, la Unidad de Identificación y Registro de Víctimas de Violencia Institucional y la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares.
“No estamos ante decisiones administrativas aisladas. Estamos ante un patrón de desmantelamiento institucional que afecta la capacidad efectiva del Estado para garantizar verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición”, sostuvo.
La presidenta de la corporación Londres 38, Espacio de Memorias, Erika Hennings, alertó por la situación de los sitios de memoria y su financiamiento. Expuso que en Chile existen mil 132 lugares identificados como centros de detención, tortura y exterminio, aunque solo 72 cuentan con reconocimiento oficial como sitios de memoria.
“Cuando un sitio de memoria cierra sus puertas, no sólo se pierde un edificio. Pierde la sociedad un espacio donde las nuevas generaciones puedan comprender lo que ocurrió”, afirmó.
La situación de la ex Colonia Dignidad también formó parte de la presentación. Paola Peebles, de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, relató la experiencia de su familia y cuestionó la decisión del Gobierno de no perseverar en la expropiación del lugar.
“A mi padre lo torturaron agentes del Estado de Chile y Alemanes en Colonia Dignidad, centro de secuestro, exterminio y desaparición forzada durante la dictadura civil-militar”, expuso. A su juicio, renunciar a la expropiación constituye “un grave retroceso”.
La abogada Magdalena Garcés abordó la actuación del Programa de Derechos Humanos en causas vinculadas a condenados por crímenes de lesa humanidad. Según los antecedentes expuestos, de 23 audiencias ante Cortes de Apelaciones, el programa no alegó o se desistió de recursos en 20 ocasiones por instrucciones del Ministerio de Justicia. “Esto ha sido denunciado como ‘indultos pasivos’”, planteó.
Gobierno de Kast rechaza acusaciones y defiende continuidad institucional
El representante permanente de Chile ante la OEA, José Miguel Castro, rechazó las denuncias formuladas durante la audiencia y defendió las medidas adoptadas por el Gobierno.
Las acusaciones sobre un “supuesto proceso de desmantelamiento, vaciamiento y debilitamiento de la institucionalidad de derechos humanos son absolutamente incompatibles con la realidad fáctica y el compromiso de este Gobierno”. Según planteó, las obligaciones en verdad, justicia, memoria, reparación y no repetición “se encuentran plenamente garantizadas y en ejecución continua”.
Desde la Cancillería, Felipe Kipreos atribuyó los cambios en distintos organismos a un “reordenamiento organizacional del Estado” y descartó que exista una eliminación de competencias. Sobre la Unidad de Pueblos Indígenas del Ministerio de Bienes Nacionales, explicó que sus funciones fueron redistribuidas y que se designaron dos encargados especiales. “Se mantiene en plena aplicación el convenio número 169 de la OIT”, aseguró.
Kipreos también defendió la situación del Programa de Derechos Humanos. “Lejos de ser debilitado, este programa clave mantiene plenamente vigente su estructura, su dotación profesional, sus facultades y su operatividad”, aseguró. Detalló que cuenta con 54 profesionales y mantiene áreas de especialización jurídica, social, archivos e investigación documental, memoria, búsqueda y trayectorias.
Además, el representante de la Cancillería rechazó las denuncias sobre la eliminación de programas sociales. Explicó que la revisión presupuestaria corresponde a un proceso “ordinario, permanente y obligatorio” que no implica por sí misma la supresión de programas. En el caso de los programas de alimentación escolar y de párvulos, aseguró que funcionan “con absoluta normalidad y cobertura nacional”, con más de 1,6 millones de estudiantes y más de 150 mil niños beneficiados.
La acusación sobre los llamados “indultos pasivos” fue descartada por Jorge Hagedorn, representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Calificó como “rotundamente falsa” la existencia de instrucciones del Gobierno para que el Programa de Derechos Humanos deje de intervenir en causas de condenados por crímenes de lesa humanidad.
“No existe ninguna instrucción de carácter general ordenando no comparecer a esta instancia”, sostuvo. Según explicó, la participación del programa se determina “caso a caso, de carácter técnico y de conformidad a nuestras leyes y protocolos”.
Hagedorn indicó que desde el inicio del actual Gobierno se registran dos casos de condenados por crímenes de lesa humanidad en los que se interrumpió el cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad. Aseguró que ambas decisiones fueron adoptadas por tribunales y que existieron evaluaciones médicas para acreditar los requisitos legales. “El marco legal chileno se ha vuelto más estricto”, afirmó.
Sobre los sitios de memoria, el representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos defendió los recursos destinados a estas políticas. Mencionó un Fondo Concursable para Proyectos de Cultura y Sitios de Memoria de $168 millones y un programa del Ministerio de las Culturas con $443 millones. Aseguró que el ajuste aplicado al programa de sitios de memoria responde a una medida fiscal transversal y no a una decisión dirigida contra estas políticas.
En el caso de la ex Colonia Dignidad, Hagedorn explicó que la decisión de no perseverar en la expropiación de 117 hectáreas respondió a “insalvables representaciones de ilegalidad” emitidas por el Serviu del Maule. No obstante, afirmó que el Estado mantiene el objetivo de avanzar en esta materia.
ONU pide preservar capacidades y CIDH expresa preocupación
La representante de la Oficina Regional para las Américas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Montserrat Solano, recordó que Chile construyó desde el retorno a la democracia una “arquitectura institucional relevante y robusta” en materia de derechos humanos. En ese contexto, planteó que la protección efectiva requiere “instituciones capaces de prevenir violaciones, proteger a las víctimas y asegurar la implementación sostenida de las obligaciones internacionales”.
Solano puso especial atención en el Programa de Derechos Humanos y el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. “Cualquier modificación institucional o presupuestaria que afecte programas de esta naturaleza debería ser evaluada cuidadosamente a la luz de las obligaciones internacionales del Estado y de la necesidad de evitar retrocesos en la capacidad efectiva para garantizar los derechos de las víctimas”, planteó.
La representante de Naciones Unidas también abordó los sitios de memoria y sus mecanismos de financiamiento. Afirmó que la preservación de estos espacios, junto con archivos y documentación, forma parte de las garantías de no repetición y del derecho de las víctimas a la reparación. Por ello, sostuvo que requieren “estabilidad institucional, financiamiento suficiente y mecanismos que aseguren su sostenibilidad en el tiempo”.
Tras escuchar a las organizaciones, a los representantes del gobierno de José Antonio Kast y a la Oficina Regional para las Américas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la CIDH solicitó al Ejecutivo información sobre el Plan Nacional de Búsqueda, las evaluaciones ex ante utilizadas para adoptar decisiones de desmantelamiento y reorganización institucional y los reajustes presupuestarios, entre otros antecedentes.
