La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó por unanimidad la absolución del excarabinero Claudio Crespo por el caso de Gustavo Gatica, luego de rechazar el recurso de nulidad presentado por la Fiscalía. De esta manera, quedó firme la sentencia del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.
El tribunal estableció que Crespo fue el autor de los disparos que lesionaron a Gatica durante una manifestación en noviembre de 2019, pero consideró que su actuar estuvo justificado por las circunstancias del contexto que enfrentaba y aplicó la legítima defensa como eximente de responsabilidad.
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado independiente de la bancada del Frente Amplio y abogado de derechos humanos, Roberto Celedón, cuestionó la decisión y planteó que no existió proporcionalidad entre la acción del funcionario policial y el daño provocado.
“Yo creo que es extremadamente grave porque no hay proporcionalidad entre un hombre que, en el peor de los casos, tiene una piedra, frente a un uniformado que está completamente cubierto, protegido por las vestimentas que usan en este tipo de actividades”, señaló.
Celedón cuestionó que el uso de proyectiles pudiera justificarse frente a una eventual agresión y recalcó las consecuencias que tuvo el disparo. “No hay ninguna proporcionalidad entre la acción eventual de eludir un objeto que podría haber tirado, en este caso el señor Gatica, con el uso de balines, de balas que causan un daño para toda la vida”, sostuvo.
El parlamentario puso el foco en las consecuencias de lo ocurrido y calificó como “incomprensible” que una persona haya quedado ciega producto del actuar policial. “Dejar ciego a una persona, y yo creo que esto es lo que más me preocupa, y eso creo que constituye un acto incomprensible del Estado”, afirmó, aseguró que lo ocurrido “es una violación brutal a los derechos humanos, a la integridad física y psíquica de las personas”.
El abogado también abordó la aplicación de la Ley Naín-Retamal y el respaldo que tuvo durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric. Respecto de los parlamentarios del entonces oficialismo que respaldaron la norma, señaló que “en un contexto en que el tema de la seguridad pública se había puesto en el centro del debate nacional” existía una discusión sobre la persecución de funcionarios policiales.
“Había una corriente de opinión de actores políticos de derecha, básicamente, de tratar de evitar la persecución de los funcionarios policiales cuando hay situaciones que eventualmente se pueden aproximar a la legítima defensa”, planteó.
Además, el diputado sostuvo que el debate sobre seguridad llevó a los sectores progresistas a buscar acuerdos en esta materia. “Quizás se buscaba saldar un déficit que la ciudadanía percibía en relación a los partidos de izquierda y progresistas y democráticos, en cuanto que no pusieron en el centro una materia que efectivamente comprometía el interés mayoritario de la población”, indicó.
La Ley Naín-Retamal refuerza y protege la función de Carabineros, la PDI, Gendarmería y otras fuerzas de seguridad. Endurece las sanciones penales para quienes agredan o maten a funcionarios policiales, restringe beneficios carcelarios y establece la presunción de legítima defensa cuando estos repelen agresiones que pongan en riesgo su vida, su integridad o la de terceros, manteniendo esta regulación en el Código Penal.
Sobre el futuro del caso Gatica, y ante la posibilidad de que sus abogados recurran a organismos internacionales, Celedón planteó que si la Corte Suprema ratifica el criterio de las sentencias conocidas hasta ahora, “seguramente va a llegar esta causa hasta el sistema interamericano de protección a los derechos humanos y, en definitiva, a la Corte Interamericana”.
