La Comisión de Hacienda del Senado continuó este miércoles con la discusión del proyecto de ley de Sala Cuna Universal. El financiamiento fue el tema principal del debate. En esta jornada expusieron la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) y la Superintendencia de Pensiones.
En el ámbito político, el financiamiento de la red pública se tomó el protagonismo del debate. La senadora Daniella Cicardini (PS) le preguntó al ministro del Trabajo, Tomás Rau, por las indicaciones que presentarán como Ejecutivo de aquí al viernes.
El secretario de Estado confirmó que las enmiendas responderán a los artículos que ya fueron rechazados en la tramitación y profundizó en otros. La senadora socialista le consultó directamente al ministro Rau si considerarían evaluar la inyección de recursos a la red pública. “Nosotros estamos abiertos a reconsiderar eso. Nos queda harto trámite, nos queda Hacienda, nos queda la sala, nos queda la Cámara”, respondió el secretario de Estado.
Agregó que la red pública es relevante y recordó que se trata de un 85% de las vacantes actualmente. “No sé si alcancemos con Dibres a llegar con esa indicación al viernes, para serle le franco, pero si estamos dispuestos (…) a llegar a un acuerdo, ojalá, lo más transversal posible”, señaló.
“Si podemos llegar a un acuerdo más transversal, a mi juicio sería un mejor resultado, sería una política que pública más sólida”, sumó la autoridad.
Este punto generó bastantes diferencias en la comisión, el senador Rodolfo Carter (PRep), por ejemplo, advirtió: “No me gustaría que cayéramos cautivos nuevamente en los sindicatos del Estado. Mientras el Estado no ponga orden en su casa y entienda que sus servicios no pueden hacer huelga, no hay ningún futuro”.
“Le seguimos inyectando recursos al sistema público e imagínese un paro en la educación preescolar, colapsa todo el sistema del trabajo en Chile porque las mamás no tendrían dónde dejar a sus niños”, dijo.
En tanto, Cicardini relevó la importancia de fortalecer la red pública y ejemplificó que en Alto del Carmen solo hay dos establecimientos certificados, que son Integra y Junji: “¿Qué pasa en ese caso? Cuando nosotros hemos planteado las particularidades de los territorios donde la red pública llega a distintos rincones y recovecos y no está presente lo privado, tenemos un problema”.
“Lo planteo con datos objetivos de cómo esto se lleva a la práctica (…), no es una cosa antojadiza, lo planteo con harto fundamento, con datos de la causa para que se pueda evaluar seriamente”, señaló la parlamentaria.
El Seguro de Cesantía
Otra materia que fue protagonista en la Comisión de Hacienda fue el Seguro de Cesantía. Recordemos que el Gobierno resolvió que el proyecto cree un fondo mediante una cotización de 0,35% a cargo del empleador, la cual se compensará disminuyendo en idéntico porcentaje sus aportes al Seguro de Cesantía.
Este punto ha generado preocupación por el impacto que tendría en dicho seguro. Por su parte, la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) fue cauta en su exposición y se remitió a hacer un llamado a “cuidar” el modelo actual.
“Nuestra opinión es que cuidemos el modelo de colaboración entre privados y públicos, y ese cuidar el modelo, que se ha ido haciendo en las otras leyes, en otros cambios legales que ha habido, queremos que en esta ley también se mantenga”, dijo la presidenta de la AFC, María Paz Hidalgo Brito.
La Superintendencia de Pensiones sí hizo una proyección de los efectos que tendría este proyecto de ley en los Fondos de Cesantía y concluyó que no se pone en riesgo la sustentabilidad de los mismos.
“Sostenibilidad es que el fondo pueda seguir haciendo las prestaciones a las cuales está destinado sin que se le acabe el dinero y eso, como dijo el ministro, no solo sucede, sino que el tamaño del fondo en el horizonte, en la ventana evaluada, incluso los beneficios aumentan”, expuso el superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez.
