El giro del Gobierno desde el plano económico al de la seguridad se consolidó este jueves con la presentación detallada de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). En el oficialismo, el paquete de medidas fue recibido con entusiasmo y propusieron un “fast track legislativo”. En cambio, la oposición, cuestionó que no se incluyeran medidas como el levantamiento del secreto bancario.
La ACOT contempla más de 30 proyectos de ley que se presentarán durante los próximos meses, entre ellos, una reforma constitucional para incluir como deber del Estado el resguardo de la seguridad pública.
A iniciativas que ya se encuentran en tramitación —como las mejoras salariales a Carabineros y el fortalecimiento de la Ley Naín Retamal— se sumarán otras: la modificación de la Ley Antibarricadas, leyes de reforma a Gendarmería y a la Policía de Investigaciones, la creación de una nómina nacional de organizaciones criminales y un proyecto para establecer un nuevo estado de excepción constitucional.
El detalle de la agenda fue entregado este jueves en una actividad realizada en la Escuela de Carabineros. En dicha instancia, el Presidente José Antonio Kast se mostró confiado en que las iniciativas generarán consenso.
“Estos proyectos de ley que enviaremos al Congreso, la reforma constitucional que enviaremos al Congreso, será para que ustedes las debatan. Nadie es dueño de la verdad, pero todos sabemos el sufrimiento que hoy día existe en Chile. Todos sabemos que tenemos que comprometernos para recuperar la paz y la seguridad. Los invito a discutir esto con altura de miras y las diferencias se zanjarán como siempre, votando. Estoy seguro de que en esto vamos a tener más coincidencias que diferencias”, sostuvo.
Parlamentarios oficialistas valoraron la presentación de la ACOT. La bancada de Renovación Nacional (RN), liderada por el diputado Diego Schalper, propuso un “fast track legislativo”, idea que rápidamente fue acogida por la presidenta del Senado, también militante de RN, Paulina Núñez.
“Si tenemos que citar a sesiones especiales para avanzar en esta agenda lo vamos a hacer”, dijo la senadora en conversación con La Tercera.
“Hace dos meses atrás habíamos planteado, un grupo transversal de senadores, un fast track legislativo en materia de seguridad”, complementó.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados y militante de la UDI, Jorge Alessandri, también se comprometió a dar celeridad a la tramitación de la ACOT y a realizar los mayores esfuerzos para que se cumpla la pretensión del Gobierno de aprobar los proyectos antes de navidad.
“Nos hemos reunido o conversado con los presidentes de las comisiones que van a ver esto y por supuesto que la meta de antes de navidad es para que sea ley. Para que eso ocurra tiene que pasar en estos dos meses por la Cámara, dos meses por el Senado, luego tercer trámite y promulgación. Así que nos pone una meta difícil el Presidente de la República, pero es la prioridad nacional, por lo tanto, le vamos a poner todo el empeño y la fuerza”, indicó.
Las críticas de la oposición
Desde la oposición, el principal cuestionamiento a la agenda de seguridad del Gobierno fue que no se contemplaron medidas como el levantamiento del secreto bancario.
El diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, señaló que dicha medida fue el “gran ausente de esta megarreforma de seguridad”. Recalcó que “no se puede perseguir la ruta del dinero y no se puede atacar el corazón del crimen organizado, si no debilitamos su poder económico”.
“Desconozco las razones políticas por las cuales el Gobierno ha decidido abiertamente dejar fuera esta medida tan solicitada desde la oposición. Espero que la logren incorporar”, instó.
Además, Soto expresó que no le parece del todo adecuado combinar propuestas que buscan combatir el crimen organizado con otras relacionadas a actos vandálicos.
“Desde esa perspectiva esperamos que el Gobierno no intente pasarse de listo, al igual que en otros proyectos como Escuelas Protegidas, o el Registro de Vándalos, que son hacer un rayón de pintura a los derechos sociales”, acusó.
En una línea similar, el jefe de bancada del Partido Socialista (PS) e integrante de la Comisión de Seguridad, Raúl Leiva, remarcó que “nada que ver la Ley Antibarricadas con la persecución del crimen organizado”. Para diputado, el Ejecutivo “sigue confundiendo la clara distinción que debe existir entre control de orden público y seguridad pública”.
A su juicio, no se hace la diferencia “porque quieren mantener un clima polarizado y volver al estallido social”, cuando “la gran mayoría del Congreso Nacional quiere avanzar en perseguir el crimen organizado”. “Mientras yo estoy regulando la Ley Antibarricadas, hoy día se están lavando activos por cientos de millones de dólares. Es ahí donde hay que colocar la prioridad”, reflexionó.
Leiva también puso en duda la reforma constitucional del Gobierno y argumentó que el “resguardo a la seguridad nacional y la protección de las familias”, ya son parte de la Constitución. “Es un término omnicomprensivo donde cabe todo. No perdamos tiempo en dar señales”, emplazó.
