Megarreforma en el TC: oposición celebra admisibilidad de los requerimientos y organizaciones civiles toman parte en la discusión

La ONG FIMA impulsó la participación de agrupaciones en la audiencia pública convocada por el Tribunal Constitucional. En tanto, desde oficialismo esperan una resolución rápida para despejar la incertidumbre en torno al proyecto.

La ONG FIMA impulsó la participación de agrupaciones en la audiencia pública convocada por el Tribunal Constitucional. En tanto, desde oficialismo esperan una resolución rápida para despejar la incertidumbre en torno al proyecto.

La decisión del Tribunal Constitucional (TC), de declarar admisibles los tres requerimientos de inconstitucionalidad presentados por parlamentarios de oposición contra diversas disposiciones de la denominada “megarreforma“, abrió una nueva etapa en la discusión del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social.

Los requerimientos cuestionan normas relativas a la invariabilidad tributaria, las compensaciones derivadas de resoluciones de calificación ambiental, las limitaciones para presentar recursos dentro del Sistema de Evaluación Ambiental y la regulación de las medidas cautelares en esos procedimientos.

Tras declarar admisibles las acciones, el TC otorgó un plazo de cinco días al Presidente de la República, al Senado y a la Cámara de Diputadas y Diputados para presentar sus observaciones, antes de resolver el fondo del asunto.

Desde la oposición, el jefe del comité de senadores del PS, PPD y Liberales, Juan Luis Castro, valoró que el Tribunal acogiera a trámite los requerimientos y afirmó que existen disposiciones del proyecto que merecen un examen constitucional.

Recibimos con satisfacción la acogida a trámite de los requerimientos en el Tribunal Constitucional sobre la megarreforma. ¿Por qué? Porque la invariabilidad tributaria y la resolución de calificación ambiental, efectivamente, tal como vienen en el proyecto de ley despachado, tienen vicios de la Carta Fundamental. Por lo tanto, esperaremos el fondo de la causa en los días que vienen para tener el resultado definitivo”, manifestó.

El senador PS Juan Luis Castro.
El senador PS Juan Luis Castro. Foto: ATON.

Una mirada similar expresó el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, uno de los parlamentarios que impulsó los requerimientos, quien sostuvo que las normas impugnadas vulneran principios constitucionales y confió en que el órgano autónomo resolverá conforme a derecho.

“Celebramos que el Tribunal Constitucional haya declarado admisibles los requerimientos por inconstitucionalidad que realizamos contra la megarreforma tributaria del ministro Quiroz, toda vez que la invariabilidad tributaria o la restitución de gastos a una resolución de calificación ambiental anulada constituyen abiertamente una vulneración de los principios de igualdad, una inequidad en el acceso a los beneficios tributarios y que, por lo demás, también atenta directamente contra la soberanía de los gobiernos para definir normas de aquí a 20 años más”, aseguró.

Asimismo, declaró que espera un pronunciamiento estrictamente jurídico: “No esperamos ningún fallo político ni de ningún matiz. Solamente esperamos que se respeten la normativa y los principios de igualdad establecidos en nuestra Constitución. Es una mala reforma para Chile y esperamos que así también lo sostenga el Tribunal Constitucional”.

Desde el oficialismo, en cambio, el diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Hacienda, Diego Schalper, llamó a no interpretar la admisibilidad como un juicio sobre el fondo del caso y recalcó que corresponde respetar la autonomía del Tribunal Constitucional.

“Que el Tribunal Constitucional haya declarado admisible los requerimientos simplemente significa que los va a tramitar, y nos parece bien. El TC es una entidad autónoma, tendrá que tomar sus decisiones con total autonomía”, dijo Schalper.

El diputado de Renovación Nacional Diego Schalper.
El diputado de Renovación Nacional Diego Schalper. Foto: ATON.

El parlamentario agregó que esperan una resolución rápida para despejar la incertidumbre en torno al proyecto. “Lo que nosotros pedimos es que falle lo más pronto posible, que falle en derecho y que la ciudadanía pueda conocer el resultado lo antes posible para que la ley entre en vigencia. Ese es nuestro planteamiento: que el TC actúe autónomamente, actúe en derecho y actúe con la mayor prontitud posible”, expresó el militante de RN.

En la misma línea, el senador de la UDI, Iván Moreira, sostuvo que la admisibilidad forma parte del funcionamiento habitual de las instituciones y manifestó su confianza en que el Tribunal confirmará la constitucionalidad de la iniciativa. “Que el Tribunal Constitucional haya declarado admisibles estos requerimientos forma parte del normal funcionamiento de nuestras instituciones”, indicó.

A juicio del parlamentario, la megarreforma permitirá impulsar el crecimiento económico y la reconstrucción del país, por lo que llamó a la oposición a no obstaculizar su implementación: “Ahora corresponde que el Tribunal Constitucional resuelva el fondo del asunto con independencia y apego a la Constitución. Como oficialismo estamos tranquilos, porque creemos que esta reforma se ajusta plenamente al orden constitucional y permitirá avanzar en más crecimiento, inversión, empleo y reconstrucción para Chile”.

Llamamos a la oposición a colaborar con Chile, no a ponerle zancadillas, porque no se puede predicar crecimiento y, al mismo tiempo, intentar frenar cada una de las herramientas que lo hacen posible”, deslizó el senador.

El ministro de Hacienda Jorge Quiroz.
El ministro de Hacienda Jorge Quiroz. Foto: ATON.

Apertura a la sociedad civil

La audiencia pública convocada por el Tribunal Constitucional para el próximo 12 de agosto surgió a partir de una solicitud presentada por ONG FIMA, con el propósito de que distintas organizaciones puedan exponer sus observaciones sobre las normas impugnadas.

El director ejecutivo de la organización, Ezio Costa, sostuvo que el debate excede el plano jurídico y podría tener consecuencias concretas para las personas y las comunidades. “La megarreforma cubre una serie de elementos que afectarían la vida de las personas de manera directa y respecto de los cuales las organizaciones de la sociedad civil estamos preocupadas. Por lo mismo, hicimos esta solicitud de audiencia para que las organizaciones podamos representar ante el Tribunal Constitucional cómo las inconstitucionalidades de algunas de las normas van a redundar en afectaciones directas a los derechos de las personas y las comunidades”, afirmó.

“Esperamos que distintas organizaciones, tanto del mundo ambiental, que es el ámbito que nosotros hemos representado, como de otros sectores, se hagan parte de esta audiencia y podamos, por lo mismo, mostrar tanto las inconstitucionalidades como las afectaciones directas“, cerró Costa.

Así, y tras la audiencia pública del 12 de agosto, el Tribunal Constitucional escuchará los alegatos de las partes al día siguiente y, posteriormente, iniciará la deliberación que definirá si las normas impugnadas de la megarreforma se ajustan o no a la Constitución.





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