El Gobierno presentó un proyecto de ley que, entre otras medidas, busca frenar el traspaso de escuelas y liceos desde los municipios a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). En concreto, ajusta hasta 2040 el cronograma de los SLEP pendientes y flexibiliza las exigencias para que los municipios sigan a cargo de los establecimientos educacionales públicos.
La propuesta busca dosificar el impacto fiscal del traspaso, en un contexto de ajuste, mientras se implementan las mejoras recientemente aprobadas por el Congreso. Actualmente, 169 municipios han traspasado su servicio educativo a 36 SLEP que ya están en funcionamiento. Originalmente, la ley contemplaba que los 70 SLEP ya deberían estar operativos, pero ya se han registrado recalendarizaciones previas. Uno de los cambios, por ejemplo, aplazó la implementación completa de la ley hasta 2029.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile, Xavier Vanni, analizó la propuesta del Gobierno y la calificó como “completamente excesiva”.
“Puede hacerse una recalendarización y eso es razonable, pero extender la implementación hasta el 2040 es completamente excesivo, genera una enorme incertidumbre y afecta a la reforma de manera muy significativa. Es bien incomprensible una extensión de esa magnitud”, dijo.
Además, recordó que ya han existido recalendarizaciones de la puesta en marcha de los SLEP. “De hecho, la legislación actual permite postergar el ingreso de los Servicios Locales cuando, en el tiempo de transición, no han logrado efectivamente generar las condiciones para poder comenzar a administrar las escuelas”, subrayó.
Sin embargo, aseguró que la propuesta del Gobierno “más que una recalendarización, es derechamente una postergación de la implementación de la nueva educación pública y, en ese sentido, me parece que es un error”.
Respecto a la dosificación del impacto fiscal —una de las justificaciones del Gobierno—, Vanni cuestionó que con el traspaso se heredan las deudas previsionales de los municipios hacia los SLEP, lo que no es compatible con la estrechez fiscal.
“Claramente la lectura que uno puede hacer desde afuera es que tiene que ver con un tema del ajuste fiscal, que es muy radical, que está realizando el Gobierno o el Ministerio de Hacienda. Esa pareciera ser la idea central de por qué se está haciendo esta postergación”, cuestionó el especialista.
Sobre las deudas heredadas, el académico indicó que la postergación es un contrasentido. “Eso solo se va a incrementar, si uno posterga la implementación de los Servicios Locales, no es algo que solo se va a mantener, sino que va a seguir aumentando”, indicó.
El investigador explicó que los municipios, “al saber que no van a seguir administrando la educación pública (…) dejan de invertir, dejan de preocuparse de la educación, deja de ser una prioridad”.
De hecho, aseguró que se han adelantado algunos traspasos porque algunos municipios no podían seguir pagando los sueldos. “Como fue el caso de Chiloé, como es el caso de Elqui, etcétera. Entonces, de verdad, la deuda solo va a seguir subiendo”, expuso.
Más allá del debate fiscal, Vanni indicó que esta postergación “va a afectar la experiencia educativa, los logros de aprendizaje de los estudiantes, en la gran mayoría de los municipios”.
Cuestionó que “la idea de que hay municipios que lo hacen muy bien solo corresponde a un puñado, un grupo muy pequeño que tiene muchos recursos y que, efectivamente, en sus escuelas tienen un buen funcionamiento y tienen buenos resultados”.
“No es razonable ni comprensible hacer una postergación general de la implementación de la educación pública por un puñado de municipios que podrían seguir haciéndolo bien”, afirmó.
Así, enfatizó que “la mayor parte de los municipios lo que quiere es avanzar en el traspaso”, misma razón por la cual se aprobó este proyecto de ley, “porque ha sido muy difícil mantener la educación para los municipios y eso no va a cambiar en los próximos años tampoco”.
