El Tribunal Constitucional (TC) declaró admisibles los tres requerimientos de inconstitucionalidad presentados por parlamentarios de oposición en contra de diversas disposiciones del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social —conocido como la “megarreforma“—, iniciando así la revisión de fondo de una controversia que diversos especialistas han calificado como inédita por su alcance institucional.

La decisión fue adoptada por unanimidad por el Pleno del organismo, integrado por su presidenta, María Pía Silva, junto a las ministras y ministros Daniela Marzi, Nancy Yáñez, Miguel Ángel Fernández, Raúl Mera, Catalina Lagos, Héctor Mery, Marcela Peredo, Alejandra Precht y Mario Gómez.

Según informó el TC, los tres requerimientos presentados por grupos de senadores y diputados fueron acumulados en una sola causa, bajo el Rol N.° 17.828-26-CPT, al referirse todos a distintas normas contenidas en el proyecto de ley, identificado con el Boletín N.° 18.216-05.

Las impugnaciones de la oposición apuntan al artículo que establece la invariabilidad tributaria, a las normas sobre compensaciones derivadas de resoluciones de calificación ambiental, a las limitaciones para presentar recursos dentro del Sistema de Evaluación Ambiental y a la regulación de las medidas cautelares en esos procedimientos.

Como parte del procedimiento, el Tribunal confirió traslado por cinco días corridos al Presidente de la República, al Senado y a la Cámara de Diputadas y Diputados para que, si lo estiman pertinente, presenten sus observaciones respecto de las impugnaciones formuladas. Concluida esa etapa, el Pleno resolverá el fondo de los requerimientos, para lo cual fijó una audiencia de alegatos para el próximo jueves 13 de agosto.

Previamente, el miércoles 12 de agosto a las 09:00 horas, el Tribunal realizará una audiencia pública destinada a escuchar a quienes soliciten intervenir en calidad de terceros interesados. Las personas o instituciones que busquen ser oídas deberán presentar su solicitud por escrito hasta las 12:00 horas del lunes 10 de agosto, acreditando su interés en las cuestiones de constitucionalidad sometidas al conocimiento del TC.

La resolución se conoce luego de que la Comisión de Hacienda del Senado aprobara los vetos presidenciales incorporados al proyecto, mientras la oposición optó por recurrir al Tribunal Constitucional cuestionando distintos aspectos de la iniciativa. En ese contexto, el abogado constitucionalista Domingo Lovera había advertido que el organismo enfrentaría una discusión “inédita”, considerando la amplitud de las materias impugnadas y el alcance que podría tener un eventual pronunciamiento sobre el proyecto.