La migración en Chile dejó de estar marcada por el crecimiento acelerado de los últimos años y entró en una nueva etapa, donde el principal desafío será fortalecer la inclusión, la cohesión social y el acceso efectivo a derechos. Esa es una de las principales conclusiones de la séptima edición del Anuario Estadístico de Movilidad Humana, elaborado por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), que sistematiza información de organismos públicos para aportar evidencia al debate sobre políticas migratorias.
Durante la presentación del informe, la directora nacional del SJM, Waleska Ureta, sostuvo que el propósito del documento es contribuir a que las decisiones públicas se sustenten en información objetiva y no en percepciones.
“Necesitamos evidencia, necesitamos datos, porque cuando las decisiones públicas se construyen sobre percepciones, prejuicios o temores, el riesgo es enorme. En cambio, cuando se construyen sobre información rigurosa, es posible diseñar políticas más eficaces, más justas y más humanas”, defendió.
La representante del SJM añadió que “ese es el sentido del Anuario Estadístico de Movilidad Humana”, ya que reúne antecedentes provenientes de distintas instituciones del Estado para ofrecer una visión amplia sobre los cambios que ha experimentado el país. En ese contexto, enfatizó que “la migración ya no es un fenómeno excepcional ni transitorio, es una realidad estructural de Chile”.
El informe muestra que la población extranjera residente pasó de 746 mil 465 personas en 2017 a 1 millón 608 mil 650 en 2024, más del doble en siete años, impulsada principalmente por la migración venezolana. No obstante, también evidencia una desaceleración sostenida de los flujos, proyectando que el saldo migratorio disminuirá desde 114 mil 671 personas en 2024 a 75 mil 663 en 2030.
El anuario también identifica un cambio en la distribución territorial de la población migrante. Si bien cerca del 60% continúa concentrándose en la Región Metropolitana, el mayor crecimiento porcentual se registra en regiones del centro-sur, como Maule, Biobío y O’Higgins, donde la población migrante aumentó más de un 240% entre 2017 y 2024, generando nuevos desafíos para los gobiernos regionales y locales en materia de integración y acceso a servicios.
Respecto de los avances observados, Ureta destacó que “más personas migrantes acceden al sistema de salud, aumenta la matrícula de niños, niñas y adolescentes en las escuelas y crece la participación en distintos ámbitos de la vida social“. Sin embargo, advirtió que “también evidencia brechas que no podemos normalizar”, en referencia a la precariedad habitacional, las dificultades para la regularización migratoria, las desigualdades laborales y las limitaciones para acceder plenamente a derechos.
Precisamente, el estudio identifica importantes desafíos en materia de inclusión. Entre ellos, las desigualdades que enfrentan las mujeres migrantes en el mercado laboral, la creciente irregularidad documental, la persistencia de la informalidad laboral y la elevada presencia de familias migrantes en campamentos. Según el informe, 47 mil 391 hogares migrantes viven en estos asentamientos, mientras que las personas en situación migratoria irregular aumentaron de 10 mil 375 en 2018 a 336 mil 984 en 2023.
Para la directora del SJM, estas brechas no solo afectan a la población migrante, sino también a la convivencia social. “Cuando miles de personas viven durante años en la informalidad, cuando familias enteras se enfrentan a condiciones habitacionales precarias o cuando el acceso a derechos depende de la situación administrativa, se tensiona la convivencia y se debilita la confianza entre quienes compartimos un mismo territorio“, señaló.
