La publicación de la Ley Integral de las personas es una muestra más de los desafíos que tenemos como país. El futuro no es joven, es longevo. Chile es un país envejecido y no ha tomado conciencia de ello. En este sentido, el nuevo orden jurídico, que garantiza derechos y busca por lo tanto una vida plena, busca asegurar el bienestar en el amplio sentido de la palabra, es decir, busca permitir el desarrollo de las personas que estamos envejeciendo y de aquellas que ya están en la vejez, considerando la heterogeneidad de sus trayectorias.

No obstante, y ya lo hemos visto en otros contextos, una ley requiere de actos concretos que le den vida, vigencia y agencia. Consagrar derechos constituye un avance indispensable; hacerlos efectivos es un desafío distinto. Surge entonces la pregunta sobre cómo se implementará este conjunto de derechos. La respuesta no es simple, pero ya hay luces de que debe haber responsabilidades compartidas, donde el estado, las empresas, las comunidades, la sociedad civil y por supuesto cada uno de nosotros como personas, tenga una participación activa. En este escenario, la economía plateada emerge como un nuevo paradigma de desarrollo: una población que vive, trabaja y consume durante más años deja de representar únicamente un desafío social para convertirse también en una fuente de innovación, productividad y creación de valor.

Durante gran parte del siglo XX, las instituciones laborales, educativas y de protección social se diseñaron sobre la base de un supuesto compartido: que las personas seguirían trayectorias de vida relativamente lineales y previsibles. La secuencia era conocida: estudiar, incorporarse al mercado laboral, desarrollar una carrera relativamente estable hasta la jubilación y, posteriormente, depender de los sistemas de protección social. Hoy esa lógica ha dejado de corresponder a la realidad. El aumento sostenido de la esperanza de vida ha extendido la duración de las trayectorias laborales y ha diversificado los recorridos ocupacionales. Paralelamente, la inteligencia artificial, la automatización y la digitalización están redefiniendo las competencias, las formas de organización del trabajo y los mecanismos mediante los cuales se crea valor económico y social.

No se trata de dos fenómenos independientes. Ambos están modificando simultáneamente la composición de la fuerza laboral y las capacidades que las organizaciones necesitarán para seguir siendo competitivas.

La evidencia que recientemente reunimos en un estudio nacional sobre mercado laboral, automatización y personas mayores, desarrollado en conjunto con el OTIC del Comercio, Servicios y Turismo y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), confirma precisamente este cambio. Los resultados muestran que la fuerza laboral está envejeciendo más rápido que la capacidad de adaptación de las organizaciones; que la transformación tecnológica ya está modificando las condiciones de empleabilidad, especialmente de los trabajadores senior; y que las principales barreras ya no son únicamente tecnológicas, sino también organizacionales, particularmente en materia de formación, gestión del conocimiento y edadismo.

En este contexto, el principal desafío ya no consiste únicamente en preparar a las personas para convivir con nuevas tecnologías, consiste en construir organizaciones, mercados laborales e instituciones capaces de adaptarse a una fuerza laboral que envejece, integrando la experiencia acumulada como un activo estratégico para la productividad, la innovación y la adaptación organizacional.

Es precisamente ahí donde la Ley Integral adquiere su mayor relevancia. Su aporte no radica únicamente en ampliar el catálogo de derechos de las personas mayores, sino en reconocer que el envejecimiento ya no puede abordarse exclusivamente desde una lógica de vulnerabilidad y protección. La longevidad exige incorporar también la autonomía, la participación, el aprendizaje permanente y la continuidad laboral como dimensiones esenciales de una vida digna.

Sin embargo, ese cambio normativo solo tendrá efectos reales si logra traducirse en transformaciones institucionales capaces de responder a una sociedad que vive más años y cuya estructura demográfica está cambiando aceleradamente. La evidencia internacional muestra que ningún país ha enfrentado con éxito este desafío únicamente expandiendo el gasto social. Las experiencias más consistentes han combinado la garantía de derechos con reformas al mercado laboral, políticas de aprendizaje permanente, incentivos para prolongar voluntariamente la vida laboral y una participación activa de las organizaciones en la formación, la adaptación del trabajo y el desarrollo de capacidades.

La discusión, por tanto, no consiste en elegir entre más Estado o más mercado. Consiste en construir un nuevo contrato social para la longevidad, donde el Estado continúe garantizando derechos y protección, pero donde las empresas, las comunidades, la sociedad civil y las propias personas asuman también un papel activo en la creación de oportunidades para una vida más larga, productiva y autónoma.

El verdadero desafío del envejecimiento no es únicamente financiar más años de vida. Es construir las condiciones para que esos años sean también años de participación, aprendizaje, trabajo, vínculos y bienestar. En una sociedad donde vivir y trabajar durante más tiempo dejará de ser la excepción para convertirse en la norma, quienes comprendan antes esta transición no solo estarán mejor preparados para enfrentar el cambio demográfico, sino también para aprovechar las oportunidades que la economía plateada abre para las personas, las organizaciones y el desarrollo del país.

Por María Teresa Abusleme, socióloga, doctora en ciencias sociales y especialista en gerontología y Cristian Hernández, economista especialista en empleabilidad.