En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la investigadora senior del Centro de Estudios Públicos (CEP), Sylvia Eyzaguirre, analizó el avance en el Congreso del proyecto de ley que reforma el Sistema de Admisión Escolar (SAE).
La doctora en Filosofía cuestionó que la iniciativa -que ya fue aprobada en la Cámara y pasó al Senado- considera selección a edades muy tempranas. “¿Qué criterios consideramos razonables, justos, para poder distinguir a los 3 años?”, cuestionó.
“Esa es la pregunta de fondo y yo creo que, tal como está hoy día el proyecto, no se resuelve de forma satisfactoria”, agregó Eyzaguirre.
En ese sentido, la investigadora abordó el modelo actual y afirmó que la propuesta del Ejecutivo le restaría transparencia al proceso de selección. A su juicio, hoy existen criterios objetivos y replicables por académicos.
“Con el nuevo (sistema) se va a perder transparencia, porque van a ser los colegios los que van a hacer las listas y van a ordenar a los estudiantes en función de sus preferencias. No vamos a conocer con absoluta certeza cuáles fueron los criterios que utilizaron, cómo fueron evaluados y por qué tienen esa ordenación”, dijo.
La investigadora del CEP analizó también el concepto de justicia, que reconoció como complejo. “Para muchas personas el azar es injusto respecto del mérito y ésa es una discusión completamente legítima para los niños de enseñanza media”, indicó.
Sin embargo, planteó que: “El problema es que a los tres años o a los cuatro años existe consenso nacional e internacional, transversal, de que no se puede medir mérito. A esa edad o es talento o es capital cultural de la familia o es nivel socioeconómico, pero no es mérito”.

“Por lo tanto, persiste la pregunta, ¿qué criterios tiene que tener un niño a los tres años para que consideremos que tiene más oportunidades que otros? ¿Es justo discriminar a los 3 años? A mí me parece sumamente compleja”, insistió la experta.
En el marco de este debate, la investigadora senior del CEP realizó un análisis del rol que debería jugar la educación subvencionada. En esa línea, señaló que “si la educación subvencionada por el Estado se comporta exactamente igual que la educación privada pagada por los padres, entonces deja de cumplir un bien público y se convierte en un colegio privado con intereses privados que responde a intereses particulares”.
“A mí me parece que hay una mejor forma de avanzar hacia un mejor equilibrio entre selección e igualdad de oportunidades y eso creo que es lo que hay que cuidar. ¿Qué tiene que tener la educación financiada por el Estado para asegurar igualdad de oportunidades, un tratamiento justo para con todos y al mismo tiempo respetar la libertad de enseñanza? Esa pregunta es la que está en juego y creo que hoy día, tal como está el proyecto, no se responde de forma adecuada”, reflexionó.






