La controversia por la megarreforma impulsada por el gobierno de José Antonio Kast no solo ha tensionado el debate en el Congreso, sino que ha provocado una fractura inédita en el municipalismo chileno. La propuesta del Ejecutivo de compensar directamente a las comunas que dejarán de percibir ingresos por la exención de contribuciones a mayores de 65 años, descartando el uso del Fondo Común Municipal (FCM), ha levantado críticas que hoy suman el análisis de expertos en descentralización y la ofensiva de parlamentarios regionalistas.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el director del Centro de Análisis de Políticas Públicas (CAPP) de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile,  Sergio Galilea, propone una salida política y económica para el próximo ciclo. El especialista advierte que los municipios más pobres ven gravemente afectada su autonomía efectiva al depender casi exclusivamente de la redistribución estatal.

Para destrabar el conflicto, Galilea plantea que la nueva Ley de Presupuesto 2027 debe incorporar un aporte fiscal significativamente superior al FCM. “Si en la Ley de Presupuesto unos 200 millones de dólares son incorporados al Fondo Común Municipal, eso implicaría un alivio significativo sobre los municipios más modestos”, explica el académico. Según su análisis, utilizar esta vía favorece directamente a las comunas más rurales y alejadas, respondiendo a la demanda original de los alcaldes de oposición.

El experto subraya la necesidad de sanar las heridas políticas que dejó esta tramitación. “Esta discusión dividió muy poco afortunadamente a los municipios. Políticamente es muy importante que, más allá de oposiciones o gobiernos, los alcaldes han sabido actuar de acuerdo, derecha, izquierda, centro, independientes, y hay que preservar la unidad del movimiento municipalista”, concluye Galilea, apostando a que una fórmula de este tipo generaría un mecanismo redistributivo que dejaría conformes a todos los sectores.

“Una locura sin fin”

Quien endureció aún más el tono contra la administración oficialista fue el exministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. Para la exautoridad, la política de eximir de contribuciones a todos los adultos mayores, sin focalización, es una irresponsabilidad que desfinancia a las administraciones locales.

“¿Cómo se le ocurre congelar el Fondo Común Municipal y ajustarlo solo por IPC, cuando los municipios van teniendo nuevas competencias, crecen las ciudades, crecen los condominios y crecen las demandas por recolección de la basura o iluminación?”, cuestionó Valenzuela. A su juicio, entregar este beneficio fiscal “a todos los adultos mayores, aunque sean millonarios, como el caso de los que habitan en Vitacura, Las Condes o Lo Barnechea, es una locura sin fin”.

Valenzuela argumentó que compensar con recursos del Estado a las comunas de mayores ingresos es una “imbecilidad“, recordando que estas zonas ostentan estándares de áreas verdes cercanos a los 20 metros cuadrados por habitante y concentran la recaudación de patentes comerciales, frente a comunas populares que apenas alcanzan los 2 metros cuadrados. En esa línea, el exministro contrastó la situación actual con los avances logrados durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, destacando la aprobación del royalty minero que inyectó recursos frescos tanto a zonas afectadas por la minería como a comunas rurales.

Para el exsecretario de Estado, el actual Gobierno de extrema derecha está provocando un “retroceso brutal” que atenta contra la histórica Ley de Comunas Autónomas de 1891. Por ello, instó a defender el Fondo Común Municipal y depositó sus esperanzas en que el Tribunal Constitucional logre revertir la normativa. No obstante, también hizo un llamado de atención a las propias alcaldías, exigiéndoles mayor rigurosidad en el cobro de derechos municipales y patentes por publicidad, para evitar la dependencia absoluta del nivel central.

La mirada regionalista: “Terminar con el chantaje político”

Desde el mundo legislativo, la crisis de financiamiento municipal es vista como un síntoma de un problema estructural mucho más profundo. El senador por Antofagasta, Esteban Velásquez, es categórico al señalar que las fallas del Fondo Común Municipal y la lentitud en la entrega de recursos representan una amenaza permanente para el correcto funcionamiento de las comunas, transformándolas en meras administradoras en lugar de verdaderos gobiernos locales.

El parlamentario critica duramente la burocracia que obliga a que los financiamientos dependan de múltiples visaciones ministeriales. “Desde un escritorio de Santiago se hacen efectivos en cualquier comuna del país, y respecto a la necesidad de resolver urgencias locales, todo se hace mucho más lento y la comunidad siente una desazón”, argumenta Velázquez, acusando una mirada perpetuamente centralista.

Para el senador, la discusión actual debe aprovecharse para reformar la distribución de los recursos y erradicar el amiguismo. “Es necesario revisar la forma de distribución y también para terminar con mucha discrecionalidad de los distintos gobiernos, porque en la medida que los gobiernos centrales tienen en su poder entregar más o menos recursos, es una forma también de someter a los gobiernos locales. Lo que sí tiene que buscarse es terminar con ese chantaje político que tienen los gobiernos centralistas respecto a las comunas”, sentencia, exigiendo a los partidos políticos dejar de ser serviles al poder central.

Articulación progresista frente a la agenda de La Moneda

El flanco municipal se ha convertido en un nuevo insumo para la articulación de la oposición. Tras una cumbre de las directivas regionales metropolitanas del PPD, PS, FA, PC, DC y PL, los dirigentes anunciaron una hoja de ruta conjunta para enfrentar lo que consideran una arremetida regresiva por parte de la administración Kast.

El presidente del PPD, diputado Raúl Soto, enmarcó la crisis de los alcaldes dentro de las consecuencias directas del proyecto económico del Ejecutivo. “La megarreforma, al ir al bolsillo de los grandes empresarios y de las grandes riquezas de este país y no a la comunidad, hace que el municipalismo esté viéndose afectado permanentemente”, sostiene el timonel. Soto advierte que las fuerzas progresistas están delineando una hoja de ruta unitaria para defender a la ciudadanía, acusando que “es muy difícil como sector dialogar con un gobierno que no quiere dialogar y que busca aplastar a los partidos políticos”.