El 12 de marzo, hace casi cinco meses, una de las primeras decisiones del Gobierno de José Antonio Kast fue retirar un total de 43 decretos del Ministerio del Medio Ambiente, que permanecían en Contraloría para su revisión y posterior publicación en el Diario Oficial.

El hecho llamó la atención tanto por el importante volumen de decretos retirados, como por las normas en sí. Entre las 43, se encontraba el plan de recuperación, conservación y gestión de las ranitas de Darwin -que ahora se encuentra tramitado y publicado- y también, el decreto que convierte en monumento nacional al pingüino de Humboldt.

A través de información disponible en la página web de Contraloría, entregada por el Gobierno y también por organizaciones medioambientales, Radio y Diario Universidad de Chile constató que a la fecha, sólo ocho decretos han sido reingresados y 35 continúan en un limbo.

El hecho ha alertado a los ambientalistas y también al Colegio Médico (Colmed), que ha expresado su preocupación por dos decretos directamente relacionados con la salud de las personas.

Desde el Ministerio de Medio Ambiente, la titular de la cartera, Francisca Toledo, insistió en que se encuentran realizando una revisión “seria y responsable”.

Dos decretos sobre la calidad del aire

Los decretos retirados por el Gobierno incluyen reglamentos asociados a la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP); decretos que crean nuevas áreas de conservación como parques marinos o salares; normas relacionadas a la adaptación al cambio climático; y otras que buscan mejorar las condiciones de salud de la población.

Lo que más preocupa a las organizaciones consultadas por nuestro medio es el retraso en el reingreso de dos decretos que van en esa dirección: la norma primaria de calidad del aire para material particulado fino MP 2,5, y la norma de emisión para centrales termoeléctricas.

La directora de la Fundación Chile Sustentable, Sara Larraín, explicó respecto a esa última norma, que en ella se obliga a las termoeléctricas a reducir sus emisiones de dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, material particulado fino y grueso y también, metales pesados.

Larrarín recalcó que en las ciudades donde están las carboneras -como Coronel en la Región del Bío Bío o Puchuncaví en Valparaíso- “los índices de hospitalizaciones y de muerte son muy superiores a la media nacional”.

A su juicio, se trata de “verdaderas zonas de sacrificio, porque esa gente está enfermando y muriendo más que el chileno medio, justamente a causa de la mala calidad del aire”. “Los decretos de salud deberían ser los prioritarios para el Ministerio”, estimó.

El presidente del Departamento de Medioambiente del Colmed, Yuri Carvajal, compartió la preocupación por las ciudades donde se encuentran las carboneras, especialmente por Coronel, donde asegura, la mortalidad infantil es el doble que en el resto de Chile.

Por otra parte, profundizó en los efectos que sustancias como el material particulado tienen en la salud. El doctor detalló que la exposición al material particulado puede generar enfermedades respiratorias y cardiovasculares, enfermedades metabólicas como la diabetes, inflamación crónica, deterioro cognitivo o incluso, trastornos del sueño.

Carvajal fue particularmente enfático con la relación entre el cáncer y el material particulado. Para él, es paradójico que el Gobierno quiera incluir a todos los tipos de cáncer en el GES, y que en paralelo, no se tenga “una política de prevención, de evitar que esos cánceres lleguen a producirse, reduciendo el nivel de exposición”.

Otro punto en el que coinciden las organizaciones es que las normas, de por sí, ya estaban llegando tarde. En el caso del decreto sobre material particulado, se trata de la actualización de una norma del 2011, que el Ministerio del Medio Ambiente trabajó entre 2021 y 2025, con aportes de la ciudadanía.

Incluso si se volviera a ingresar a Contraloría y se publicará en el Diario Oficial, la norma estaría desactualizada, fuera de los estándares que maneja, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La coordinadora de incidencia de la ONG FIMA, Carolina Palma, afirmó que “no es normal que hayan pasado tantos meses y que todavía no sepamos qué va a pasar con estos decretos, si los van a modificar, y si eso significa otro nuevo proceso entero de participación ciudadana y consultas”.

“Más tiempo se traduce también en más plata. ¿Por qué estamos perdiendo tiempo y plata en poder implementar estos decretos que son tan importantes, sobre todo para la salud de la población?, cuestionó.

La respuesta del Ministerio

Radio y Diario Universidad de Chile consultó a la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, por el largo período que su cartera ha tardado en revisar los decretos, y por los motivos que han impedido su reingreso a Contraloría.

La secretaria de Estado indicó que el retiro de los decretos en marzo pasado respondió “a la decisión de hacer una revisión seria y responsable de cada uno de ellos”, y justificó el retraso en que se trata de “materias complejas que requieren un análisis técnico riguroso, dónde es absolutamente relevante hacer bien las cosas”.

“Por eso nos hemos tomado el tiempo necesario para revisar cada decreto y los hemos ido reingresando a medida que ese trabajo ha ido concluyendo. Esto no tiene que ver, jamás, con una falta de interés. Al contrario, tiene que ver con las responsabilidad que tenemos como Ministerio, de que cada decisión esté debidamente respaldada”, recalcó.

Toledo además fue requerida sobre los criterios de priorización del Ministerio, y a si existe una preocupación especial por las normas de material particulado y emisiones de centrales termoeléctricas.

De acuerdo a la ministra, la protección de la salud de las personas “es una preocupación central para el Ministerio del Medio Ambiente” y en ese contexto, las dos normas son consideradas como “muy relevantes y están siendo revisadas con la rigurosidad que requieren”.

“Cada decreto tiene sus propias características y antecedentes técnicos, por lo que los tiempos de revisión no necesariamente son los mismos. Nuestro compromiso es avanzar con responsabilidad y reingresarlos una vez que dicha revisión esté concluida”, sostuvo.

El cuestionamiento de las organizaciones

Las explicaciones entregadas por el Ministerio de Medio Ambiente durante estos meses no han convencido a las organizaciones de la sociedad civil. Para Sara Larraín, de Chile Sustentable, el hecho mismo de que se retiraran los 43 decretos medioambientales evidencia una falta de valoración del Gobierno de Kast por lo que hicieron administraciones anteriores. Larraín incluso habló de un intento por “parar los progresos” y la agenda que ha tenido el país durante décadas.

“Eso es lo inaceptable. Cómo, desde una mirada tan estrecha, tan de corto plazo, tan revanchista, tan excluyente, se está echando atrás y se está congelando lo que otros gobiernos han hecho, incluso gobiernos de su mismo signo, como el de Sebastián Piñera, que fue un gobierno de derecha, pero que en términos ambientales, en términos de salud, en términos de energía, tuvo avances importantes en beneficio del país. Pero eso no se ve. Yo diría que hay una mentalidad antidemocrática, antiprogreso de la sociedad, que es muy preocupante”, opinó.

Desde las organizaciones, insisten en que normas como la relacionada con las centrales termoeléctricas, las que crean parques nacionales o las que protegen a ciertas especies; fueron elaboradas a través de largos procesos, en que se consultó a la ciudadanía, y también a distintos órganos del Estado, como el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

Por ello, sería complejo que el actual Ejecutivo modifique el contenido de los decretos, ya que implicaría que pase aún más tiempo para que entren en vigencia.

Carolina Palma, de ONG FIMA, aseguró que el Gobierno está en su derecho de revisar los decretos, pero que aún así, no queda claro por qué fueron más de 40: “¿Por qué revisar 43? ¿Por qué revisar 30? ¿Por qué detener un proceso de institucionalidad de Estado que ya se hizo, no solo en el gobierno anterior, sino que en los gobiernos anteriores a este?”, preguntó.

“No existe una explicación y eso implica que uno pueda pensar cosas, que están habiendo presiones políticas, presiones empresariales, cosas que todavía no sabemos”, afirmó.

En esa misma línea, Palma señaló que no parece haber un interés del Gobierno por los asuntos medioambientales: “A mí me gustaría pensar que hay una preocupación por estos temas, pero, en realidad, no hay nada que indique eso”, dijo.

Por su parte, Yuri Carvajal, del Departamento de Medioambiente del Colmed, adelantó que durante los próximos meses, continuarán sus esfuerzos por hacerle ver al Gobierno que “va por el mal camino”.

“Nos gastamos años en generar la norma de material particulado, que es una norma a la que uno le podría pedir más, pero no la podemos tirar por la ventana. Estas son cuestiones de país, no pueden ser cuestiones de los vientos que soplan en el mundo político. No hay ninguna razón analítica para haber retirado esos decretos”.