El proceso de paz para la Franja de Gaza entró nuevamente en una zona gris luego de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazará el recién pasado domingo la hoja de ruta de 15 puntos impulsada por la Junta de Paz del presidente estadounidense, Donald Trump.
Según dijo el mandatario, Israel no retirará sus fuerzas de los territorios que controla mientras Hamás no entregue completamente sus armas. “Israel rechaza el documento de 15 puntos”, afirmó durante una reunión de gabinete.
La decisión golpeó directamente una negociación que Washington había presentado apenas días antes como un avance histórico y volvió a poner en duda una tregua que, pese a estar formalmente vigente, no terminó con los ataques, la crisis humanitaria ni el sufrimiento y genocidio de más de 2 millones de palestinos en la Franja de Gaza.
Un problema de orden y una tregua incumplida
La controversia no gira realmente alrededor de si Hamás debe o no desarmarse, sino de cuándo debe hacerlo y qué recibirá a cambio. El grupo palestino aseguró mantener un “firme compromiso” con la hoja de ruta presentada por la Junta de Paz. Un funcionario de la agrupación paramilitar señaló que el acuerdo debía incluir “el completo retiro de Israel, la reapertura de los cruces, permitir la entrada de asistencia humanitaria e iniciar la reconstrucción”.
Hamás plantea un proceso paralelo, desarme, retirada israelí y transferencia del control de Gaza hacia una administración civil. Desde Israel, el consenso político en el país exige una secuencia completamente distinta. Primero la eliminación de toda la capacidad militar del movimiento islamista, incluida la destrucción de armas y túneles, y solo después discutir la retirada israelí. En otras palabras, ambas partes temen exactamente lo mismo: entregar primero su principal herramienta de presión y descubrir después que la contraparte no está dispuesta a cumplir.
El propio Netanyahu reconoció que todavía negocia con Washington. “Ahora estamos discutiendo esto con los estadounidenses”, explicó, aunque añadió que “tienen ideas, algunas de las cuales son aceptables para nosotros y otras no”. Pero dejó en claro que la cuestión sobre la solución de los 2 estados ya no es parte de la discusión. “Mientras yo sea primer ministro, no se establecerá un Estado palestino, ni en Gaza ni en Ribera Occidental”, aseguró.
Pero algunos sectores de la ultraderecha del gobierno fueron más allá. El ministro de seguridad nacional, Itamar Ben-Gvir, calificó el acuerdo impulsado por Washington como “inaceptable” y sostuvo directamente que “los asesinatos selectivos en Gaza deben continuar”. Bezalel Smotrich y otros dirigentes de la coalición mantienen posiciones igualmente duras y han defendido una presencia israelí mucho más extensa en el enclave.
Por eso, cualquier retirada negociada por Netanyahu no amenaza solamente su política hacia Hamás, amenaza también la supervivencia del gobierno. Actualmente, el líder del partido Likud se mantiene en el cargo gracias a la coalición encarnada por ambos ministros de ultraderecha.
Un plan para destrabar otro plan
Este conflicto tampoco comenzó con el documento presentado ahora. La actual negociación nació del alto al fuego y el intercambio de rehenes y prisioneros iniciado durante 2025. La primera fase contemplaba detener los combates, permitir un repliegue israelí de las principales zonas urbanas, aumentar considerablemente el ingreso de ayuda humanitaria y facilitar el retorno de los civiles desplazados. Pero esa fase nunca terminó de cumplirse.
Desde la entrada en vigor del cese al fuego hasta agosto de este año, los datos oficiales documentados por el Ministerio de Salud en Gaza, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y diversas agencias de las Naciones Unidas reportan entre mil 200 y mil 254 palestinos muertos desde el inicio de la tregua nominal, además de más de 4 mil 100 heridos.
Del total de fallecidos, al menos 300 corresponden a niños y niñas, según un informe publicado el 6 de agosto por UNICEF. Esto equivale a un promedio de 1 niño muerto cada día en el enclave palestino producto de ataques israelíes desde que se firmó el acuerdo.
Paralelamente, observadores y autoridades locales han denunciado más de 4 mil violaciones de la tregua, entre bombardeos focalizados, ataques de artillería, fuego naval y disparos en las zonas de contención.
A eso se agregan las denominadas “líneas amarillas”, fronteras militares instaladas dentro de la propia Franja que mantienen buena parte del territorio bajo control israelí. Estas áreas ya abarcan más del 60% de Gaza y las posiciones más duras dentro del gobierno quieren ampliarlas todavía más.
La hoja de ruta de 15 puntos anunciada el 31 de julio buscaba precisamente romper este bloqueo. La Junta de Paz propone un desarme escalonado de Hamás bajo supervisión internacional, un retiro progresivo de las fuerzas israelíes condicionado al cumplimiento de ese proceso, el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización y la transferencia de la administración cotidiana de Gaza hacia un comité técnico palestino.
Las armas entregadas quedarían almacenadas bajo supervisión de esa nueva estructura y no pasarían directamente a manos israelíes. Para Netanyahu, aquello es insuficiente. Israel quiere la destrucción completa del arsenal y de los túneles, rechaza que las armas permanezcan bajo custodia palestina y tampoco ha aprobado todavía el diseño definitivo de la fuerza internacional.
Desde Hamás, el dirigente Basem Naim trasladó la responsabilidad hacia Washington. “Esperamos que los mediadores y el garante estadounidense presionen a Netanyahu y su gobierno para que se ciñan a la hoja de ruta y no obstruyan el proceso por razones políticas internas y electorales”, señaló. Y es que “Bibi” está negociando con su propio electorado y con los partidos que necesita para continuar como primer ministro, más que con Estados Unidos o Hamás.
Elecciones a la vuelta de la equina: se reconfigura el orden Israel… o no
Las elecciones parlamentarias israelíes están previstas para el 27 de octubre y el escenario aparece extremadamente fragmentado. El Likud, el partido de Netanyahu, llega debilitado por las divisiones dentro de su coalición, las disputas relacionadas con el servicio militar de los ultraortodoxos, las críticas por las fallas de seguridad asociadas a los ataques del 7 de octubre de 2023 y una larga investigación por corrupción. Su gobierno, además, se ha mantenido gracias al peso creciente de la ultraderecha.
Puede mostrar cierta flexibilidad en otros escenarios regionales, pero hacerlo frente a Hamás sería políticamente mucho más costoso. Una concesión podría provocar la ruptura con Ben-Gvir, Smotrich u otros sectores que Netanyahu necesitará nuevamente para formar gobierno.
Washington parece entender esa dinámica. Desde el entorno de la administración Trump se ha transmitido que Estados Unidos “no está preocupado” por la negativa pública de Netanyahu y que interpreta parte de su discurso como una necesidad política interna. Incluso, mientras rechazaba públicamente el plan, el primer ministro habría aceptado mantener compromisos tácticos importantes, como evitar por ahora una nueva ofensiva masiva y conservar a las fuerzas israelíes detrás de determinadas posiciones de la línea amarilla.
Las encuestas ayudan a explicar por qué. El Likud aparece con alrededor de 24 escaños, prácticamente empatado con Yashar, la formación de centroderecha encabezada por el exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot. El bloque natural de Netanyahu —derecha nacionalista, extrema derecha y partidos ultraortodoxos— rondaría los 53 diputados, todavía lejos de los 61 necesarios para gobernar.
La oposición, encabezada por figuras como Eisenkot, Naftali Bennett y Yair Lapid, tendría matemáticamente mayores posibilidades, aunque tampoco alcanza por sí sola una mayoría. El partido árabe-israelí Ra’am podría convertirse nuevamente en una pieza decisiva para definir quién gobierna Israel después de octubre.
Sin embargo, una derrota electoral de Netanyahu no significaría un giro de la política israelí hacia los palestinos. Bennett proviene de la derecha nacionalista. Eisenkot plantea una desescalada regional y una separación estratégica respecto de los palestinos, pero no la creación inmediata de un Estado. Solo los Demócratas de Yair Golan, con una proyección electoral bastante menor, defienden explícitamente una solución de dos Estados y el fin de la ocupación en Cisjordania.
Buena parte del sistema político israelí mantiene posiciones muy duras respecto a la situación Palestina y las condiciones bajo las cuales podría existir una futura entidad palestina.
Mientras esto se define, la población palestina continúa viviendo un martirio. La tregua sigue siendo incompleta, la ayuda humanitaria permanece limitada, los ataques no terminaron, las zonas bajo control militar israelí continúan condicionando la vida dentro de la Franja.
