Este lunes, el Presidente José Antonio Kast firmó el proyecto de reforma constitucional que es parte fundamental de su Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). Las propuestas fueron recibidas con escepticismo por la oposición, que cuestionó tanto la pertinencia de una reforma de ese tipo para enfrentar los desafíos en seguridad, como el hecho de que se reabra la discusión constitucional.
La iniciativa del Gobierno se divide en un total de cinco medidas. Además de incorporar el resguardo de la seguridad pública en la Constitución, la reforma también contempla: la creación de un nuevo estado de excepción constitucional, la elaboración de un registro nacional de organizaciones criminales y el establecimiento de regímenes penitenciarios diferenciados para líderes de esas organizaciones, así como la facilitación de la incautación y liquidación de bienes del crimen organizado.
En paralelo a la presentación del proyecto en La Moneda, los presidentes y secretarios generales de los partidos de oposición se reunieron en la sede del Partido Socialista (PS), en un encuentro donde la seguridad fue el tema central.
Junto con reiterar sus críticas al Gobierno por no incorporar en su agenda medidas como el levantamiento del secreto bancario, los líderes opositores plantearon sus dudas sobre si una reforma constitucional es realmente necesaria para responder a los desafíos en seguridad.
En esa línea, la presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, afirmó que desde el progresismo están dispuestos a discutir sobre seguridad, pero que esperan medidas “que realmente ayuden a abordar esta temática” y que se deje de lado la “política del espectáculo y la confrontación”.
“Nosotros tenemos la convicción de que hoy día para avanzar en mayor seguridad para las personas no es necesario un cambio constitucional, sino que probablemente el Gobierno pretende hacer de esto un debate que divida posiciones”, sostuvo.
“Nosotros lo que esperamos es que se entienda que la seguridad es un asunto de Estado, que requiere no solamente un voto a favor como lo hicieron en la megarreforma, sino que se necesita un acuerdo transversal”, agregó.
Por su parte, la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, cuestionó la falta de trabajo pre legislativo y que la oposición no recibiera los detalles del proyecto antes de su presentación.
Asimismo, en cuanto a la propuesta de incluir a la seguridad pública como deber del Estado en la Constitución, la parlamentaria aseguró que le resulta llamativo que sea el Gobierno el que proponga una reforma constitucional.
“Nos llama la atención de que quienes se opusieron a ambos procesos constitucionales —porque recordemos que el Partido Republicano no participó de la construcción de las 12 bases—, que decía que las cosas no se arreglaban con una nueva Constitución, hoy día su principal planteamiento en materia de seguridad y con lo que parte esta agenda, es precisamente modificando la Constitución”, indicó.
Gobierno defiende la reforma constitucional
Consultado sobre algunas de las críticas de la oposición, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, recalcó que la propuesta del Gobierno no es una megarreforma constitucional, como “en esos proceso que hubo y que tanta inestabilidad trajeron”, sino que se trata de “tres aspectos muy puntuales, pero tremendamente trascendentes en términos de seguridad”.
De acuerdo al también exconvencional constituyente, el proyecto busca “establecer la seguridad pública como un deber del Estado, crear listados de organizaciones terroristas o de crimen organizado para que no se tenga que probar en cada proceso la existencia de tal, que exista el delito de pertenencia; y en tercer término, el estado de excepción constitucional por grave alteración de la seguridad pública, con nuevas herramientas que hoy día no existen en el ordenamiento constitucional”.
“Son cosas muy importantes pero acotadas”, insistió.
En esa misma línea, el subsecretario del Interior, Máximo Pávez, respondió a quienes han planteado que se está reabriendo el debate constitucional, que el texto está “permanentemente siendo objeto de reforma y perfeccionamiento”. “Nadie está proponiendo un nuevo proceso constitucional, sino que incorporar, como lo quiere el Presidente de la República, su propia impronta constitucional”, argumentó.
“El concepto de seguridad que tiene la Constitución es un concepto de 1980. Es un concepto que no recoge, en nuestra Carta Fundamental, la sensibilidad contra el crimen organizado”, observó.
El oficialismo también defendió la propuesta del Gobierno. El diputado y jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, argumentó que la idea detrás de incorporar el concepto de seguridad pública es aunar criterios entre distintos poderes del Estado.
“El ejemplo más claro acá está en el delincuente llamado El Rana, que lo iban a trasladar por orden de Gendarmería a otra cárcel, a un módulo de máxima seguridad, pero que con recursos de protección o algunos otros instrumentos jurídicos, vulneran esa capacidad y las atribuciones de Gendarmería. Nosotros tenemos el deber de aumentar esto a un rango constitucional para que Gendarmería pueda trabajar”, sostuvo.
Desde los partidos que apoyan al Presidente Kast también hubo un emplazamiento directo a la oposición, para que ese sector respalde la reforma constitucional y la agenda de seguridad en general.
La presidenta del Senado y militante de Renovación Nacional (RN), Paulina Nuñez, señaló: “Lógicamente, cuando parte cualquier debate legislativo, más aún una reforma constitucional, todos los senadores participan diciendo qué es lo que hay que mejorar o reformar, qué es lo que hay que modificar o qué hay que agregar y eso es lo que debe partir ahora”.
“Yo hago un llamado, en el caso del Senado, para que nadie se caiga debajo de la mesa, para que todos puedan participar con mucha responsabilidad entendiendo que no puede ser una priorización del Gobierno que esté de turno, sino que debe ser un deber constitucional del Estado el poder resguardar la seguridad pública del país”, dijo.
