El Presidente José Antonio Kast firmó este lunes el proyecto de reforma constitucional enmarcado en la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), en una ceremonia realizada en el Patio de Las Camelias del Palacio de La Moneda.
La iniciativa reúne más de 30 proyectos, entre mociones parlamentarias, propuestas que ingresará el Ejecutivo y normas que ya se tramitan en el Congreso. El Gobierno adelantó que se les cambiará la urgencia a estas últimas para que la agenda pueda avanzar durante el segundo semestre del año.
Entre los ejes de la ACOT se contempla consagrar en la Constitución que la seguridad de las personas es un deber del Estado. La reforma también busca la creación de un registro de organizaciones criminales y terroristas en Chile, junto con sanciones para quienes pertenezcan a este tipo de agrupaciones, modificaciones a los regímenes carcelarios y mayores facilidades para incautar bienes de estas organizaciones.
Además, el proyecto considera el despliegue policial permanente en los 50 barrios con mayor índice delictivo del país, la extensión del plazo de flagrancia de 12 a 24 horas y el reforzamiento de los mecanismos de búsqueda de prófugos y control fronterizo.
En su alocución, el Mandatario abordó la dimensión del problema y afirmó que la crisis de seguridad “excede por largo un solo gobierno. Uno podría atribuirle a un gobierno toda la responsabilidad, pero no es así. Este fenómeno del crimen organizado transnacional, el tema del terrorismo, viene de larga data”. En ese sentido, encomendó que el trámite de la reforma “sea rápido, porque tenemos que avanzar en esta agenda”.
El Jefe de Estado también destacó los avances en la materia: “Nosotros decimos, ‘cambió la mano’, y eso se ve reflejado en baja en temas de homicidio, en baja en temas de secuestro, en aumento del decomiso de drogas, en el control fronterizo (…) pero nosotros tenemos que seguir avanzando, siempre en un mismo norte, recuperar la seguridad para nuestros compatriotas”.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, explicó los alcances de la reforma y señaló que “la reforma hace tres cosas. Lo primero, reconocer en el artículo primero de la Constitución, en las bases de la institucionalidad, que la seguridad pública es un deber del Estado”.
En cuanto a la creación de un nuevo estado de excepción, desde el Ejecutivo precisaron que su objetivo es “enfrentar graves alteraciones de seguridad pública causadas por organizaciones criminales o terroristas. Esta reforma permite que el Presidente decrete este estado de excepción para actuar en barrios, polígonos o territorios capturados por organizaciones criminales“.
