El diputado y presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Jaime Mulet (FRVS), expresó reparos a distintos aspectos de la reforma constitucional en materia de seguridad que presentó el Ejecutivo, con especial atención en el eventual uso de las Fuerzas Armadas en labores de orden público y en las atribuciones asociadas a nuevos estados de excepción.
A su juicio, modificar ese marco para incorporar a las FF.AA. en tareas de orden público podría generar una contradicción dentro del propio texto constitucional. “Como quieren hacer modificaciones donde, de hecho, ya hay algunas en ese sentido, donde la Fuerza Armada, además de la seguridad nacional, se hace encargo del orden público, habría una incongruencia”, explicó.
El parlamentario también tomó distancia de la idea de que la reforma constituya la primera vez que la Constitución establece un mandato para proteger a las personas frente a la delincuencia. Recordó que la preocupación por el orden público ya forma parte de las obligaciones del Estado y que las diferencias entre gobiernos han estado más bien en la forma de abordar ese problema.
“Acá había preocupación del orden público, obviamente de todos los gobiernos. Podrán ser más intensos o menos intensos, habrán fracasado o no, pero el mandato está”, sostuvo.
Frente a la discusión sobre cómo reforzar la seguridad, Mulet puso el énfasis en aumentar las capacidades policiales. Señaló que se ha propuesto la creación de una policía municipal y defendió la necesidad de contar con más funcionarios tanto de Carabineros como de la Policía de Investigaciones.
Como alternativa, abrió la opción de aprovechar la experiencia de funcionarios de las Fuerzas Armadas que se retiran a temprana edad y capacitarlos para incorporarse a labores de seguridad pública, pero fuera de la estructura militar. “Me parece que es una buena alternativa, al menos estudiar eso”, consideró.
En cuanto al eventual despliegue de las Fuerzas Armadas para tareas de orden público, Mulet marcó distancia con esa posibilidad: “Recurrir a las Fuerzas Armadas a mí en principio no me gusta. Si es que se recurre debería ser muy excepcional”.
Una preocupación similar expresó frente a la creación de un nuevo estado de excepción constitucional. El diputado argumentó que este tipo de herramientas permite restringir libertades fundamentales y defendió que cualquier ampliación de las facultades presidenciales quede acompañada de mecanismos de control democrático.
Advirtió especialmente sobre el riesgo de que estas atribuciones queden concentradas en una sola autoridad, incluso por períodos acotados. “Estos estados de excepción que puede gatillar, aunque sea por 10, 15 días, solo el Presidente de la República, son muy peligrosos, porque se pueden usar indebidamente”, alertó. Y agregó: “Puede haber un presidente no muy criterioso, no muy democrático, y usted puede, a través de esos instrumentos, pasar a regímenes autoritarios”.
En materia penitenciaria, Mulet valoró la posibilidad de segmentar a la población penal y vinculó la medida con el crecimiento de las condenas y el deterioro de las condiciones carcelarias. A su juicio, el sistema terminó reuniendo en un mismo espacio a personas condenadas por delitos de distinta gravedad junto a integrantes de organizaciones criminales. “Los delincuentes de delitos chicos, medianos y grandes, los metimos en el saco con los avezados delincuentes dueños de organizaciones criminales”, describió.
El problema, según el diputado, es que esa convivencia puede terminar facilitando la incorporación de nuevos integrantes a estructuras delictivas. Por eso, graficó el efecto de las cárceles sobre la formación de quienes ingresan por delitos de menor entidad. “Esto fue una universidad, maestría, digamos, doctorado en delito”, resumió.
Respecto del eventual listado de organizaciones criminales y terroristas que prepara el Ejecutivo, Mulet no cerró la puerta a entregar nuevas herramientas al Estado, aunque insistió en que estas deben estar acompañadas de límites y fiscalización entre los distintos poderes. “Yo no me opongo a eso a la medida que sea excepcional y que haya control democrático”, planteó.
