El Presidente José Antonio Kast firmó este lunes el proyecto de ley de Reforma Constitucional Pro Seguridad, iniciativa que busca incorporar en la Constitución el deber del Estado de garantizar la seguridad pública. La propuesta también considera un nuevo estado de excepción, un registro de organizaciones criminales y terroristas, un régimen penitenciario especial y nuevas facultades para incautar bienes vinculados a estas organizaciones.

Durante la presentación de la legislación, el Mandatario pidió al Parlamento a debatir la iniciativa como una política que trasciende su administración. “Esta reforma no le pertenece a un gobierno. Nos pertenece a todos”, planteó Kast, quien llamó a discutirla “con altura de miras” y a “poner la seguridad por delante, porque es una urgencia total de nuestra nación”.

En paralelo, la Segpres informó que 19 proyectos de la ACOT cuentan con urgencia legislativa. Entre ellos está la iniciativa sobre legítima defensa privilegiada para funcionarios de las Fuerzas Armadas y las policías, que fue aprobada este martes por la Cámara de Diputadas y Diputados y quedó despachada al Senado.

También tienen prioridad las Reglas de Uso de la Fuerza, el aumento de las sanciones por atentados contra la autoridad, la ley corta de seguridad municipal, además de proyectos sobre responsabilidad penal adolescente, infraestructura crítica y control de identidad de las Fuerzas Armadas durante estados de excepción.

Las diferencias de RN sobre la reforma constitucional 

La reforma constitucional generó diferencias dentro del oficialismo. El senador de Renovación Nacional Andrés Longton, integrante de la Comisión de Seguridad, cuestionó la necesidad de modificar la Carta Magna y calificó la iniciativa como “algo más simbólico”. Además, manifestó dudas frente al nuevo estado de excepción.

Desde la bancada de RN en la Cámara de Diputados, el subjefe Eduardo Durán respaldó la prioridad que el Gobierno le está dando a la seguridad, aunque marcó condiciones para apoyar la reforma: “Respecto de la reforma constitucional, entendemos las aprensiones que puedan existir. No basta con elevar principios a la Constitución, la discusión tiene que traducirse en facultades concretas, eficaces y plenamente compatibles con el Estado de Derecho”.

Durán también enumeró las materias que, a su juicio, deberían concentrar el trabajo del Congreso. “La prioridad en el Congreso debiera estar en sacar adelante las normas que permitan perseguir mejor a las bandas, fortalecer el régimen penitenciario para cabecillas criminales, modernizar a la PDI y Gendarmería, mejorar las reglas de uso de la fuerza, reforzar el control fronterizo y avanzar con decisión en la incautación y destrucción de los bienes del crimen organizado”, subrayó.

“Las materias que requieren una discusión más profunda son el nuevo estado de excepción, el registro de organizaciones criminales y cualquier ampliación de atribuciones que pueda afectar garantías constitucionales”, puntualizó Durán.

El jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, puso el foco en Gendarmería. “Esto no es una actitud performática. Acá tenemos fallos que justifican que hoy día tengamos que elevar esto a rango constitucional”, enfatizó.

Para explicar su posición, Moreno recurrió al caso de Carlos Cancino Tapia, alias “El Rana”, detenido el 15 de julio en Valdivia y acusado de dar muerte a dos carabineros en servicio: el suboficial mayor Eugenio Naín, en octubre de 2020, y el cabo primero Marcos Cosme, quien fue baleado durante el operativo de su captura y falleció días después.

Sobre el traslado de Cancino Tapia, el diputado relató: “El famoso Rana, que asesinó a un carabinero, no pudo ser trasladado desde una cárcel de otra región aun cuando Gendarmería ordenó su traspaso, porque pusieron un recurso y porque un tribunal anuló ese traspaso”.

Moreno vinculó ese episodio con las facultades que busca entregar la reforma a Gendarmería. “Esta es una de las principales medidas que va a permitir que Gendarmería tenga más atribuciones y pueda hacer uso de esas atribuciones sin que un tribunal le diga a dónde tiene que tener a sus internos o cómo tiene que separarlos”.

La jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, se refirió a la reforma constitucional y planteó que, aunque no suele respaldar este tipo de cambios, el escenario actual del país justificaría avanzar con urgencia en una discusión orientada a enfrentar el crimen organizado, la delincuencia, la violencia y el terrorismo.

Weisse apuntó a dos de las materias que considera centrales en la propuesta: “Se requiere habilitar constitucionalmente para poder avanzar de manera más rápida, por ejemplo, en la modificación de los sistemas carcelarios, también la aplicación de estados de excepción en los cuales las Fuerzas Armadas puedan también colaborar con el orden público”.

Ley Naín-Retamal 2.0 avanza al Senado

En paralelo al debate constitucional, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la denominada Ley Naín-Retamal 2.0, que extiende la legítima defensa privilegiada a militares y policías que se encuentren de franco. La iniciativa, que forma parte de la ACOT y tenía discusión inmediata, obtuvo 114 votos a favor, 26 en contra y dos abstenciones, y quedó despachada al Senado.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, destacó la aprobación y la vinculó con el avance de otras iniciativas de la agenda: “Esto va sumando buenas noticias, avances de esta ley, iniciamos la discusión en el Senado también de la Ley de Mejora Carabineros, estamos avanzando con la Regla de Uso de la Fuerza, que más rato vamos a estar en esa comisión mixta, el subsidiario está avanzando en la comisión con estas mejoras a la Ley de Seguridad Municipal, la agenda de seguridad es amplia, profunda y avanza sin pausa”.

Arrau también adelantó que el Ejecutivo prepara cambios a la reforma constitucional y nuevos proyectos. “Ingresaremos prontamente algunas indicaciones o mejoras de la reforma constitucional, y también hay cerca de 12 proyectos que estamos hoy día trabajando con parlamentarios de manera prelegislativa para ingresar en las próximas semanas”.

Sobre la Ley Naín-Retamal 2.0, el ministro explicó: “Estos proyectos lo que buscan es dar un respaldo jurídico a nuestros policías que tanto les exigimos, y ellos actúan 24-7, de uniforme o de franco, igual actúan, lo vemos día a día asistiendo en encerronas, a la salida de banco la semana antepasada, día y noche nos protegen, y por tanto no solamente tenemos que exigirle a las policías, sino que darle la protección jurídica, y eso es lo que busca este proyecto de ley”.

En cuanto a la reforma constitucional, Arrau se refirió a la incorporación de la seguridad pública entre los deberes del Estado. “Establecer el artículo 1 en la base de la institucionalidad que es deber del Estado hacerse cargo, garantizar la seguridad pública, no creemos que sea redundante, el que esté en el artículo único ordena toda la discusión, no es algo baladí, poner junto a precisamente cuando hablamos del bien común, de la familia, de cosas tan importantes como esa, el rol del Estado en seguridad pública”.

“Cuando vamos a presentar una serie de cambios constitucionales que nos van a permitir tener listados de organizaciones criminales y terroristas con aplicaciones prácticas sobre las personas que estén en esas organizaciones o un nuevo estado de excepción constitucional, más todo este gran paquete legislativo, es necesario tener un ordenamiento constitucional que nos permita en ciertas hipótesis tener esos cambios normativos”, agregó.

En tanto, el ministro detalló los tres puntos principales de la propuesta: Uno, (…) artículo primero, el deber del Estado de la seguridad pública; segundo, poder contar con listados de organizaciones criminales y terroristas (…); y el tercer punto es precisamente el estado de Excepción por grave alteración a la seguridad pública”.