El Gobierno enfrenta un nuevo cuestionamiento político luego de que el ministro del Interior y vocero subrogante, Claudio Alvarado, reconociera públicamente que desconocía que el Ejecutivo había presentado un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar el artículo de la megarreforma que establece la reconexión gratuita de servicios básicos en zonas declaradas en estado de catástrofe.
La situación se produjo tras una sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados convocada para revisar las ayudas desplegadas por el Ejecutivo frente a los sistemas frontales que afectaron al norte, centro y sur del país durante julio.
Consultado por la prensa al término de la sesión, Alvarado señaló inicialmente que el Gobierno había comunicado permanentemente sus decisiones respecto de las emergencias. Sin embargo, al ser interrogado específicamente por el requerimiento ante el TC, terminó admitiendo que no contaba con esa información.
“Es una información con la cual yo no contaba en ese momento. Esa es una información que yo no la tenía, por lo tanto, no me voy a referir a las cosas que no dispongo la información”, afirmó.
La declaración provocó sorpresa, ya que Alvarado no solo encabeza el Ministerio del Interior, sino que además ejerce como vocero subrogante del Gobierno, rol desde el cual habitualmente comunica las principales decisiones políticas del Ejecutivo.
El contraste quedó en evidencia porque el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sí explicó públicamente la decisión de recurrir al Tribunal Constitucional.
Quiroz sostuvo que el artículo sobre servicios básicos “está fuera de la idea matriz” de la megarreforma y recordó que el Ejecutivo había presentado una reserva de constitucionalidad durante la tramitación legislativa.
Según Hacienda, la iniciativa original estaba orientada a la reconstrucción y reactivación económica tras los incendios de enero de 2026, y la norma sobre reconexión de electricidad, agua, alcantarillado y gas fue incorporada posteriormente mediante una indicación parlamentaria.
La diferencia entre ambas vocerías alimentó las críticas sobre una eventual falta de coordinación entre ministerios, ya que mientras Hacienda impulsaba y justificaba la acción constitucional, Interior reconocía no estar al tanto de ella.
La oposición reaccionó con dureza. El diputado socialista Daniel Manouchehri calificó el episodio como una muestra de desorden gubernamental y sostuvo que las palabras de Alvarado eran incompatibles con la responsabilidad de conducir el Ministerio del Interior.
“La verdad es que lo que dijo el ministro del Interior, si tuviese un mínimo de dignidad, debería renunciar”, afirmó el parlamentario.
Las críticas se sumaron a los cuestionamientos que ya habían surgido durante la sesión especial, donde diputados del Frente Amplio acusaron a los ministros presentes de no responder las consultas formuladas por los parlamentarios y de mantener una actitud distante frente a la discusión sobre reconstrucción y ayudas por los temporales.
Frente a las preguntas sobre una posible descoordinación interna, Alvarado aseguró que la megarreforma ha estado bajo la conducción técnica y política del Ministerio de Hacienda y sostuvo que las decisiones adoptadas por otros ministros “se acatan y se respaldan”.
Pese a ello, la controversia dejó instalado un problema político mayor: cómo una decisión ya adoptada por el Gobierno y presentada formalmente ante el Tribunal Constitucional pudo ser desconocida por el propio ministro del Interior y vocero subrogante.
Mientras el TC deberá resolver si la norma sobre reconexión gratuita de servicios básicos puede formar parte de la megarreforma, el episodio abrió un nuevo flanco para La Moneda, esta vez centrado no en el fondo del proyecto, sino en la coordinación y comunicación interna del Ejecutivo.
