En conversación con Radioanálisis, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, advirtió que la región atraviesa un deterioro acelerado en materia de derechos humanos, impulsado por gobiernos de distintos signos políticos que, bajo el discurso de la seguridad, han “cerrado espacios cívicos” y eliminado contrapesos institucionales.
A partir del informe anual de la organización, Piquer advirtió retrocesos generalizados en la materia. “Nuestra Secretaria General habló de Estados que están teniendo una actitud depredadora de, en general, todos los sistemas de protección de los derechos humanos, del multilateralismo. Que es un esquema que tal vez no era perfecto, nunca lo fue, pero que sí daba algún grado de protección y que ahora parece estarse desmantelando”, dijo.
Lo anterior, aseguró, se acrecentó con la llegada del presidente actual de Estados Unidos a la Casa Blanca. “En la región, no solo desde, pero muy desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, ha habido un deterioro progresivo en materia de derechos humanos o un aceleramiento de un deterioro que ya venía de antes”.
Por ejemplo, en lo que se llama “el cierre del espacio cívico”. explicó. “En cómo diferentes gobiernos de distintos colores políticos, por diferentes vías, han ido encontrando formas para acallar las voces que les critican y para cerrar los espacios en que las personas puedan participar en la vida política y en la opinión acerca de lo que está ocurriendo en el país”, señaló.
Según Piquer, este cierre de espacios democráticos ya no se expresa con golpes de Estado como ocurrió en años anteriores. “Todos estos líderes han sido electos en elecciones libres, muchos de ellos en elecciones no cuestionadas y lo que van haciendo es ese deterioro progresivo”, aseveró. Un deterioro que se sustenta “en el nombre de valores reales, como la seguridad”, sobre la cual se crean restricciones, agregó.
En Chile hay sectores que buscan el cierre del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), mientras que en Venezuela se concretó el retiro del Estatuto de Roma. Con esos ejemplos sobre la mesa, la también abogada indicó: “Hay patrones que tienen que ver con el buscar eliminar contrapesos, el reducir la posibilidad de fiscalización independiente, de tener voces autónomas dentro del país o fuera del país que sean capaces de decir: esto es violatorio de los derechos humanos”.
Mencionó el informe Rompiendo el Tejido Social, de Amnistía Internacional y puntualizó que en ese documento se pueden observar a países bajo administraciones de distintos colores políticos con las mismas prácticas. “Estaba Venezuela y Nicaragua, pero también estaba Ecuador, Paraguay y El Salvador”, precisó.
Respecto a la importancia de las instituciones que velan por el respecto a los derechos humanos, enfatizó que “es necesario que esas voces existan, porque si algo nos ha enseñado la historia es que es inevitable que en ocasiones el poder abuse“.
“Por eso es tan importante tener contrapesos a ese poder que permitan decir, ‘no, esto es un abuso, esto es una violación a los derechos humanos’, y que habrá posibilidades de detenerlo y de corregirlo. Si esas voces no existen, el abuso solo se puede extender”, subrayó.
Venezuela
En cuanto a la situación específica de Venezuela, Ana Piquer señaló que “desde Amnistía Internacional en ningún caso cantamos victoria todavía”. Cuestionó que quienes están en el poder “son los mismos y no son los mismos”.
“Todos los elementos estructurales del aparato represivo que tantas personas torturó, desapareció y encarceló en Venezuela está intacto. En definitiva, las estructuras son las mismas, las personas son casi las mismas, la legislación que permitió perseguir ONGs, que permitió perseguir personas sigue intacta y vigente”, criticó.
En esa misma línea, afirmó que no hay señales de que los crímenes cometidos “no vayan a quedar impunes”. Por lo tanto, agregó que el llamado de Amnistía Internacional sigue siendo el mismo: avanzar en cambios estructurales.
“Hay una investigación abierta en la Corte Penal Internacional que puede seguir aún después de que Venezuela se salió del Estatuto de Roma. Hay un debate ahora en septiembre para la renovación del mandato del Consejo de la Misión de Determinación de los Hechos que estableció el Consejo de Derechos Humanos y que llamamos a que esa renovación se haga, porque ahora más que nunca es que se necesita tener esa vigilancia”, mencionó Piquer y explicó que en esto último Chile tiene un rol relevante.
El Salvador
Sobre el contexto de El Salvador, la directora para las Américas de Amnistía Internacional reconoció, en primer lugar, que Nayib Bukele “efectivamente ganó con una amplia mayoría” y que “sigue teniendo un gran apoyo popular”, dada la situación de inseguridad y violencia que vivían los salvadoreños.
Sin embargo, advirtió que la fórmula que ha utlizado Bukele consiste en “sustituir la violencia de las pandillas por violencia estatal”.
Señaló que “hace muy poquito también sacamos un informe sobre El Salvador en el que concluimos que aquí también se pueden estar cometiendo crímenes de lesa humanidad, porque se están evidenciando todos los elementos, incluyendo la existencia de una política de Estado que está dirigida a cometer detenciones arbitrarias, mantener personas presas en condiciones inhumanas, violar flagrantemente los estándares del debido proceso”.
Cuestionó que en ese país se apresan personas sin debido proceso y que El Salvador tiene “la tasa de encarcelamiento más alta del mundo”. En base a esta reflexión, aseguró que “efectivamente, no es una solución, porque tampoco está dándole seguridad a esas personas que antes habían sido víctimas de la violencia de pandillas”. “Ahora la inseguridad proviene del Estado”, cerró.
