El diputado y jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, defendió este miércoles la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) impulsada por el Gobierno y respaldó la propuesta de crear un nuevo estado de excepción constitucional por grave alteración de la seguridad pública. Así, destacó que las herramientas actuales resultan insuficientes para enfrentar la realidad del crimen organizado en Chile.
En entrevista con la primera edición de Radioanálisis, Moreno abordó las dudas expresadas por algunos parlamentarios oficialistas, entre ellos el senador Andrés Longton (RN), quien cuestionó que el nuevo estado de excepción debe quedar bajo la conducción de las policías y no de las Fuerzas Armadas.
El diputado republicano relativizó esas diferencias y sostuvo que se trata de “aprensiones naturales” frente a una reforma de gran alcance. “De ahí a magnificar esto como diferencias al interior del oficialismo, yo no lo veo de esa manera”, afirmó, e indicó que el debate en las comisiones permitirá aclarar los alcances de la propuesta y justificar por qué las policías tendrían un rol central en este nuevo mecanismo constitucional.
Moreno rechazó que la reforma constitucional tenga un carácter meramente simbólico y la vinculó directamente con las dificultades que enfrenta Gendarmería para controlar internos de alta peligrosidad.
A juicio del parlamentario, la modificación constitucional es necesaria para otorgar respaldo jurídico sólido a atribuciones como la segmentación de la población penal, los traslados de internos peligrosos y la implementación de regímenes penitenciarios especiales para miembros de organizaciones criminales o terroristas. “No es simbólico esto”, sostuvo Moreno, argumentando que el objetivo es habilitar buena parte de la agenda de seguridad que el Ejecutivo pretende impulsar y evitar que decisiones operativas de Gendarmería sean revertidas posteriormente por los tribunales.
Consultado sobre el riesgo de que estas nuevas herramientas afecten derechos fundamentales, el diputado respondió que el principal problema actual es que la falta de control sobre el crimen organizado termina restringiendo en la práctica libertades básicas de la ciudadanía.
“Si tú no logras controlar el crimen organizado y mantener en un buen nivel la seguridad pública, todos los derechos fundamentales que puedas tener en distintos papeles no te van a servir de nada”, afirmó.
Moreno sostuvo que muchas personas han debido limitar sus desplazamientos o modificar su comportamiento cotidiano por temor a la delincuencia, lo que, a su juicio, constituye una afectación real de sus derechos. En esa línea, insistió en que la reforma busca fortalecer la capacidad del Estado para garantizar efectivamente esos derechos, más que restringirlos.
Otro de los puntos abordados fue la posibilidad de que el nuevo estado de excepción contemple interceptación de comunicaciones. Moreno señaló que prefiere esperar el texto definitivo antes de emitir un juicio categórico, aunque abrió la puerta a discutir esa herramienta en contextos muy acotados y vinculados a organizaciones criminales específicas.
El parlamentario sostuvo que cualquier medida de ese tipo debe estar “súper justificada” y negó que se trate de otorgar facultades indiscriminadas para escuchar comunicaciones privadas. Sin embargo, añadió que la profesión o condición de una persona no debería impedir una investigación si existen antecedentes de colaboración con bandas criminales.
Respecto de las declaraciones de Evelyn Matthei, quien planteó que los militares no fueron formados para tareas de seguridad pública, Moreno reconoció que la preparación de Carabineros y las Fuerzas Armadas es distinta, pero defendió la colaboración militar en determinados contextos, como ya ocurre en el norte del país y en la Macrozona Sur.
“Tenemos que tratar de usar las herramientas que tenemos para situaciones de seguridad que han ido cambiando”, señaló, y agregó que el apoyo militar debe realizarse con resguardos adecuados y evitando exponer innecesariamente a las Fuerzas Armadas.
En tanto, Moreno insistió en que el país enfrenta un escenario distinto al de años anteriores y que la respuesta estatal debe adaptarse a esa nueva realidad. “El crimen organizado cambió, el terrorismo cambió, y lo que se estaba haciendo antes creo que ya no sirve. Ya tienes que hacer una cosa distinta, no lo mismo de mejor manera”, afirmó.
El jefe de bancada republicano sostuvo que no existen “recetas mágicas” para resolver la crisis de seguridad, pero defendió una estrategia que combine reformas constitucionales, fortalecimiento de Gendarmería, apoyo de las Fuerzas Armadas y nuevas herramientas de persecución penal para enfrentar de manera más eficaz al crimen organizado y al terrorismo.
