Este 11 y 12 de agosto Panamá se convirtió en el centro de una nueva arquitectura de seguridad regional impulsada por Estados Unidos. La Cumbre del Foro de la Coalición Americana contra los Cárteles (A3C, por sus siglas en inglés) reúne a cerca de una veintena de países, incluido Chile, en la capital panameña con el objetivo declarado de transformar una alianza hasta ahora principalmente política en un mecanismo operativo contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.
Chile participa representado por el ministro de Defensa, Fernando Barros. Pero detrás de la lucha contra los cárteles se está abriendo una discusión bastante más amplia. El tipo de orden y cómo, quiere reconstruir Washington en América Latina, cuánto espacio conservarán los países para definir autónomamente sus políticas de seguridad y hasta dónde esta cooperación puede terminar convirtiéndose en alineamiento o subordinación.
Escudo de las Américas: de lo político a lo operativo
La coalición, conocida también como Escudo de las Américas, creada por Donald Trump, busca en esta cumbre pasar de lo declarativo a darle dirección política, coordinar capacidades y transformar declaraciones generales en acciones concretas. En esa línea, el comando sur del ejército norteamericano (SOUTHCOM) activó la semana pasada el “Grupo de Trabajo Conjunto del Hemisferio Occidental”, integrado por 19 países y concebido como el componente militar operacional de esta estructura.
Participan de la instancia Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y otros gobiernos cercanos a Washington, mientras México y Brasil, las dos mayores economías latinoamericanas y dos países indispensables para enfrentar redes criminales transnacionales, no integran la red regional que Estados Unidos está construyendo. Evidenciando el fuerte peso que tiene la dimensión política-ideológica en el grupo.
La presencia en Panamá del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, refuerza esa lectura. No viajó solamente para participar de un foro. Su agenda contempla reuniones con el presidente panameño José Raúl Mulino, contactos con representantes colombianos, una visita a militares estadounidenses y la observación de PANAMAX 2026, ejercicios militares donde unos 1.700 efectivos de las 19 naciones practican coordinación multinacional en torno al Canal de Panamá. No significa que PANAMAX forme parte directamente de Escudo de las Américas, pero funciona casi como un laboratorio de interoperabilidad militar mientras, paralelamente, los responsables políticos discuten cómo operacionalizar la coalición.
El proyecto central es esa fuerza de tarea conjunta hemisférica que el comando sur activó el 4 de agosto. La presenta como una estructura destinada a entregar mando y control unificado en los niveles táctico y operacional, integrando capacidades militares estadounidenses con las de los países participantes. El general Francis Donovan, jefe del Southcom, la describió como el “brazo ejecutor” frente a las amenazas hemisféricas.
En términos prácticos, podría coordinar inteligencia, vigilancia, reconocimiento, seguimiento marítimo y aéreo, intercambio de información, planificación multinacional, interdicciones y operaciones contra las redes logísticas de las organizaciones criminales.
En cierta medida, esto supone institucionalizar y multinacionalizar una estrategia que Estados Unidos ya venía aplicando directamente. La propuesta aparece como una transición respecto de la “Operación Lanza del Sur”, desplegada durante el último año y que, según los registros oficiales realizó al menos 60 ataques contra embarcaciones calificadas como narcolanchas, dejando 221 personas muertas. Operaciones que provocaron cuestionamientos respecto de su compatibilidad con el derecho internacional y de su propia legalidad dentro de Estados Unidos.
La nueva fuerza pretende pasar de esa acción eminentemente estadounidense a una arquitectura donde Washington pueda sincronizar operaciones con aliados regionales.
¿Cooperación o sesión de soberanía?
Aquí aparece el primer gran problema. Crear un centro de coordinación es relativamente sencillo. Crear una fuerza multinacional capaz de realizar operaciones dentro de diferentes países es muchísimo más difícil. Supongamos que inteligencia estadounidense identifica una instalación de una organización criminal dentro del territorio de otro estado miembro. Quién interviene y autoriza la operación, si pueden entrar militares estadounidenses o exclusivamente el país afectado. Qué estándares permite definir que una persona pertenece a un cartel o qué ocurre si Estados Unidos designa como terrorista a una organización que otro país considera solamente criminal, son preguntas que la cumbre busca resolver.
Sin embargo, hasta ahora no hay evidencia de que esta cumbre esté negociando un nuevo tratado multilateral o un paquete de modificaciones legales capaz de responder esas preguntas.
Por eso, la soberanía probablemente sea el principal interrogante que Panamá deja abierto. No porque toda cooperación internacional suponga automáticamente una pérdida de soberanía. Los Estados asumen compromisos constantemente. El problema es quién conserva la última palabra cuando hablamos de mando y control multinacional, operaciones militares conjuntas, intercambio sistemático de inteligencia o presencia de fuerzas extranjeras dentro del territorio nacional. Quién define al enemigo, quién decide cuándo utilizar la fuerza, quién puede actuar y bajo qué legislación.
El problema adquiere mayor relevancia porque la administración Trump ha reivindicado públicamente un margen muy amplio para actuar contra organizaciones que considera narcoterroristas.
¿Es realmente una estrategia eficaz contra el crimen organizado? O ¿solo es una excusa?
Expertos y la amplia literatura especializada señalan que una estrategia regional integral tendría que observar toda la cadena del negocio; producción, tránsito, consumo, armas, lavado de dinero, sistema financiero, corrupción, reclutamiento y capacidades institucionales. La estrategia estadounidense parece privilegiar, la dimensión territorial, militar y externa.
Reuters documentó durante 2025 que las causas federales por drogas dentro de Estados Unidos habían caído a su menor nivel en décadas, entre otras razones porque agentes especializados fueron redirigidos hacia operaciones migratorias. Tras la muerte del capo narco mexicano “El Mencho”, el reporte mostro cómo el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) terminó dependiendo de infraestructura situada dentro de Estados Unidos para adquirir armas, lavar cientos de millones de dólares y sostener redes comerciales y financieras.
Golpear dirigentes o infraestructura criminal puede debilitar determinadas capacidades, pero no necesariamente elimina las condiciones que permiten que esas organizaciones vuelvan a reproducirse.
La ausencia de México y Brasil hace todavía más difícil presentar esta estructura como una respuesta diseñada exclusivamente desde la eficacia contra el narcotráfico. México es central en las rutas del fentanilo hacia Estados Unidos y alberga varias de las organizaciones criminales que Washington coloca en el centro de su estrategia. Brasil es la mayor potencia latinoamericana, comparte frontera con diez países y enfrenta estructuras como el Primeiro Comando da Capital o el Comando Vermelho, con importantes ramificaciones transnacionales. Si la prioridad absoluta fuera derrotar el narcotráfico continental, sin ambos países, resulta difícil pensar en algo eficaz.
Pero la estrategia estadounidense va más allá de los cárteles. La “Estrategia de Seguridad Nacional” publicada el 2025 dedica al hemisferio occidental una sección titulada explícitamente “El corolario Trump a la Doctrina Monroe”. En el mismo apartado aparecen narcotráfico, migración, cadenas de suministro, minerales críticos, infraestructura, inversión y competencia con actores externos. Es la propia estrategia estadounidense la que reúne todos estos elementos dentro de un mismo problema.
Hegseth ya había conectado abiertamente en marzo la lucha contra los cárteles con la Doctrina Monroe, la exclusión de China de la región, el control de infraestructura estratégica y el aumento de la presencia militar estadounidense. Incluso el Departamento de Estado publicó un video que reivindica la doctrina.
China aparece inevitablemente en el centro de esa ecuación. En la presentación del Escudo de las Américas, el propio Trump dijo que un objetivo era contener la influencia del gigante asiático en la región. Meses antes presionó fuertemente al gobierno panameño para cancelar contratos chinos sobre la concesión de puertos en el Canal de Panamá.
Cooperar contra el crimen organizado no tendría por qué significar revisar las relaciones diplomáticas, comerciales o políticas que cada estado mantiene con otros.
El combate contra los cárteles funciona también como vehículo y justificación de una estrategia bastante más amplia para reconstruir una arquitectura hemisférica bajo liderazgo estadounidense. Una amenaza compartida permite justificar mayor interoperabilidad militar, inteligencia compartida, presencia estadounidense y eventualmente mayor alineamiento estratégico. Marco Rubio ha sido particularmente explícito al afirmar que Washington vuelve a priorizar el hemisferio después de décadas de supuesto abandono y llegó a sintetizar esta mirada con una frase simple “este es nuestro hemisferio”.
