La promulgación de la Ley Escuelas Protegidas marca un nuevo paso del Gobierno en materia de convivencia y seguridad al interior de los establecimientos educacionales. La normativa entrega nuevas herramientas a las comunidades escolares para enfrentar conflictos de convivencia, prevenir hechos de violencia y actuar ante situaciones que puedan exceder las capacidades habituales de los equipos educativos.
Durante la promulgación, el Presidente José Antonio Kast relevó la necesidad de que las nuevas disposiciones se traduzcan en acciones concretas dentro de los establecimientos. Para el Mandatario, la normativa debe ser entendida como una herramienta y no únicamente como un conjunto de disposiciones legales.
“Más que una ley es una herramienta. Porque uno la ley puede decir lo que uno quiere. Pero eso lo tiene que llevar a la práctica”, sostuvo Kast.
El Presidente planteó que el objetivo central debe ser recuperar la escuela como un espacio seguro para estudiantes y comunidades educativas. “La ley tiene que ser algo que nos ayude a mejorar. Y esta ley nos ayuda a mejorar. A mejorar en lo que dice ahí, que es la convivencia”, afirmó.
En esa línea, Kast sostuvo que la seguridad dentro de los establecimientos debe permitir que los estudiantes desarrollen sus actividades sin temor. “¿Quién viene a la escuela a pasarlo mal? Nadie. Todos queremos llegar a la escuela alegres, contentos, a pasarlo bien. No a tener temor de que me digan algo, de que se fijen en alguna característica, que si soy alto, soy bajo, queremos pasarlo bien. Nos ayuda a llegar a un lugar seguro”, señaló.
“Yo cuando entro a la escuela, digo: ‘Este es el lugar seguro, igual que mi casa’. No tengo por qué tener temor cuando entro a la escuela”, agregó.
La ministra de Educación, María Paz Arzola, sostuvo que la nueva legislación busca responder precisamente a esa brecha, fortaleciendo las atribuciones de los establecimientos frente a situaciones que pueden escalar desde problemas de convivencia hasta hechos de carácter delictual.
“Entrega nuevas herramientas para que los colegios puedan atender conflictos propios de la convivencia escolar, pero también que puedan impedir hechos de violencia e incluso delictuales, que la verdad es que exceden las capacidades de lo que los equipos escolares pueden tener para enfrentarlos”, señaló.
La secretaria de Estado vinculó la promulgación de la normativa con el ataque ocurrido en un establecimiento educacional de Calama y con las demandas planteadas posteriormente por las organizaciones de padres y apoderados.
“Tras el terrible ataque sufrido en un colegio de Calama, las dirigentas de padres y apoderados fueron muy claras cuando nos pidieron medidas concretas y decididas que les pudieran dar mayor tranquilidad, como decía el alcalde, a la hora de dejar a sus hijos en el colegio”, afirmó.
“Porque el espacio escolar debiera ser sagrado y todos debiéramos alinearnos en el objetivo de que hechos tan lamentables no traspasen sus fronteras”, agregó.
Entre las nuevas facultades, la ministra destacó aquellas relacionadas con el manejo de situaciones dentro de la sala de clases. “Esta ley faculta a los docentes a tomar medidas correctivas con efecto inmediato para poder mantener el orden en la sala de clases y así evitar que situaciones normales de la convivencia no se agraven”, explicó.
Otro de los ejes de la normativa apunta a modificar la forma en que se abordan las denuncias por problemas de convivencia ante la Superintendencia de Educación. Según Arzola, la legislación busca entregar mayor respaldo a los equipos escolares y evitar que problemas que pueden ser resueltos dentro de los propios establecimientos terminen transformándose en extensos procesos administrativos.
