“Es una información que yo no la tenía. Por lo tanto, no me voy a referir a las cosas de las que no dispongo de información”. Esas fueron las palabras del ministro del Interior y Seguridad Pública, Claudio Alvarado, quien reconoció que desconocía el requerimiento presentado por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional para impugnar una norma que establecía la reconexión gratuita de servicios básicos en zonas afectadas por catástrofes. Lo anterior, en una situación que abrió un nuevo flanco de cuestionamientos por la coordinación al interior del Ejecutivo.

La controversia se originó luego de que el Ejecutivo recurriera al Tribunal Constitucional para impugnar una disposición del proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional que establecía la reconexión de servicios básicos en zonas afectadas por emergencias, con plazos de 48 horas para determinados servicios y de 24 horas para el caso del agua potable y alcantarillado. Esto, pese a que la norma que ya había sido discutida y aprobada en el Congreso.

El ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, defendió la presentación ante el TC y descartó que el Gobierno estuviera en contra de la reposición de los servicios básicos. “Nosotros, como Ejecutivo, no es que estemos en contra de la reposición de los servicios básicos en casos de emergencia. Nadie podría estar en desacuerdo con ello”, afirmó.

En esa línea, el secretario de Estado explicó que el principal argumento jurídico para recurrir a esta instancia era que la norma no guardaba relación con las ideas matrices del proyecto de Reconstrucción. Además, expuso reparos respecto de los plazos establecidos: “Se plantea que la reposición de los servicios básicos, dependiendo de cuál sea, tiene que cumplirse dentro de 48 horas o dentro de 24 horas. Esos son plazos que, bajo situaciones de emergencia, de intensa lluvia, de nevazones, de vientos muy fuertes, como hemos tenido durante esta semana, son imposibles de cumplir”.

Además, aseguró que el Ejecutivo estaba disponible para conversar sobre la norma y defendió la necesidad de que las empresas realizaran las inversiones correspondientes para garantizar una rápida reposición de los servicios.

“Nosotros queremos que las empresas prestadoras de servicios hagan las inversiones correspondientes. Queremos que los servicios sean repuestos cuanto antes, porque está de por medio servicios que son vitales para la ciudadanía, más aún en situaciones de emergencia, pero tenemos que hacerlo bien”, afirmó, junto con advertir sobre los riesgos que podían enfrentar los trabajadores encargados de reponer los servicios durante una emergencia.

Posteriormente, el mismo Alvarado se cuadró con la decisión tomada por el Ejecutivo. Señaló que se trata de gestiones administradas por los ministerios respectivos, pese a que sentenció que “los olvidos son propios de la naturaleza humana”.

“Mi opinión la dejo en el ámbito de las discusiones internas de la toma de decisiones“, expresó cuando se le consultó sobre su parecer personal sobre la norma.

Previamente, el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, respondió a los cuestionamientos: “No es mi responsabilidad de estar haciéndome cargo de informarle a cada una de las personas“. Y calificó lo sucedido como un tema “más bien incidental”.

Coordinación de La Moneda bajo la lupa de la oposición

Las declaraciones del Ejecutivo no evitaron los cuestionamientos de la oposición. Uno de ellos fue el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, que calificó como un “bochorno total” que el jefe de gabinete desconociera la presentación realizada ante el Tribunal Constitucional.

“Además de esta condición absurda de que el jefe de gabinete, el coordinador por ley de todos los ministros, no sepa lo que el Presidente de la República afirmó y que presentó el Ministerio de Hacienda ante el Tribunal Constitucional, me parece un bochorno total”, cuestionó Flores.

El parlamentario también puso en tela de duda que una norma aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados fuera impugnada ante el TC y advirtió sobre sus efectos para las comunidades afectadas por incendios: “No logro entender por qué una norma que fue aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados fue impugnada por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional, impidiendo que la gente pueda tener reconexión de los servicios básicos en 48 horas y en 24 horas en el caso del agua potable y alcantarillado”.

Para el senador, la decisión evidencia una desconexión entre el Ejecutivo y las personas afectadas por las emergencias. “Creo que es no entender lo que le está pasando a la gente que ha sufrido daño por los incendios, ni entender tampoco lo que estaba pasando en regiones. Mala cosa, desconexión total”, afirmó.

En tanto, el senador comunista Daniel Núñez apuntó a la falta de coordinación dentro del Gobierno: “Surge esta curiosa situación en la cual el ministro del Interior dice que no sabía de este requerimiento que va a hacer el ministro Quiroz. Entonces, uno se pregunta: ¿quién manda en el Gobierno? Parece que el Gobierno tiene un patrón de fondo que es el ministro Quiroz, que hace y deshace y ni siquiera le cuenta al ministro del Interior lo que resuelve”.

El parlamentario de la Región de Coquimbo calificó la decisión como una afectación para las personas que habían sufrido distintas catástrofes naturales. “Quiero decirle que esto es una bofetada. Lo que hace el ministro Quiroz es una bofetada a todos los afectados por catástrofes naturales, ya sea terremotos, incendios, aluviones o lluvias torrenciales”, sostuvo.

Núñez también cuestionó que los costos derivados de la reposición de infraestructura pudieran terminar afectando económicamente a quienes habían sufrido una catástrofe. “Sabemos que muchas veces ocurre que algo tan sencillo como un poste de luz se cae y resulta que es la empresa la que tiene que reponer el poste de luz y, por supuesto, también el tendido que va a las casas. Y pretender que eso se pague de parte del afectado por la catástrofe es un golpe más al bolsillo de esas personas. Nos parece que esto es muy injusto, muy arbitrario”, afirmó.

El senador también cuestionó el argumento del Ejecutivo respecto de las ideas matrices del proyecto de ley. “Más aún cuando el ministro Quiroz está diciendo que esto se hace porque está fuera de las ideas matrices del proyecto de ley, y el proyecto de ley que ellos presentaron se llama de reconstrucción”, señaló.

Por su lado, la senadora Alejandra Sepúlveda (IND) quien puso en duda el nivel de coordinación dentro del Ejecutivo. “Uno se pregunta: ¿quién manda en este país? Si manda efectivamente el Presidente de la República, quien ganó la elección, o manda el ministro Quiroz, que parece Presidente de la República”, cuestionó.

Sepúlveda tildó de “impresentable” que el ministro del Interior no conociera la presentación ante el TC de una norma que ya había sido aprobada por el Congreso. En ese sentido, acusó al Ejecutivo de actuar de manera improvisada y de privilegiar, a su juicio, los intereses de las empresas por sobre las personas afectadas por las catástrofes.

“Es impresentable nuevamente que este ministro Quiroz, absolutamente indolente, que parece presidente de la República, hoy esté enviando al Tribunal Constitucional sin la venia, sin la revisión además del ministro del Interior”, cuestionó.