El proyecto de Sala Cuna Universal dio un nuevo paso en el Congreso luego de que la Comisión de Hacienda del Senado aprobara la iniciativa y la dejara en condiciones de ser discutida por la Sala de la Cámara Alta. La votación se produjo durante la tarde del martes, después de que una primera sesión debiera suspenderse por falta de quórum.

Tras la aprobación, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, valoró el avance y sostuvo que el proyecto es “una iniciativa muy sentida por miles de familias chilenas que llevan años esperando. Como Gobierno seguiremos empujando para que sea ley lo antes posible”.

La discusión, sin embargo, está lejos de terminar. Uno de los principales puntos de controversia está precisamente en el mecanismo de financiamiento propuesto por el Gobierno.

La senadora Yasna Provoste (DC) cuestionó que se utilicen recursos vinculados al Seguro de Cesantía para financiar el beneficio. “Lo que se hace es que se desnaturaliza el fondo del Seguro de Cesantía. Ese fondo tiene un propósito: apoyar a los y las trabajadoras en momentos de dificultades, en momentos en que se pierde el empleo”, sostuvo.

La parlamentaria puso el debate en el contexto del actual escenario laboral: “La discusión de este proyecto de ley, además, se encuentra en que el Gobierno ha tenido que anunciar los niveles más altos de desempleo en los últimos 5 años. Es decir, son en estos momentos en donde más se requieren los recursos del fondo de cesantía”.

En el panel de conversación de Radioanálisis, la abogada, exministra y académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Laura Albornoz, planteó que el problema del financiamiento ha acompañado históricamente la discusión sobre la extensión del derecho a sala cuna.

Sobre la propuesta de recurrir al Seguro de Cesantía, Albornoz señaló que el punto central es que el beneficio termine consolidándose efectivamente como un derecho.

“Ahora salió la propuesta del seguro de cesantía, pero claro, en la medida que esto se constituye en un derecho y no sea, entre comillas, un camino corto para que sea el propio trabajador el que de nuevo se rasque por sus uñas”, sostuvo.

La valoración de las expertas

El proyecto de Sala Cuna Universal es valorado por expertas como un avance para terminar con una discriminación histórica hacia las mujeres y favorecer su participación laboral, pero también abre interrogantes sobre su financiamiento, la calidad de la educación inicial y la capacidad del Estado para garantizar que el acceso sea realmente universal.

Cynthia Adlerstein, académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, destacó la importancia de recuperar la sala cuna como educación pública y acceso a experiencias pedagógicas.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, la académica sostuvo que la sala cuna no puede ser entendida únicamente como un mecanismo de cuidado mientras los adultos trabajan. “Toda la investigación en el mundo muestra esta evidencia: mientras más centrada y de mejor calidad es la educación que le ofrecemos a las personas, mayor rentabilidad social tenemos”, afirmó.

En ese sentido, la académica considera que el proyecto se ha ido alejando de esa perspectiva: “Este proyecto se ha desperfilado en ese sentido, de este foco, y ha puesto en el centro del debate la necesidad de cuidar para madres y padres trabajadores, también para apoyar todo lo que es la corresponsabilidad en la crianza en el hogar. Pero, finalmente, la educación de los bebés desapareció”.

En esa línea, Adlerstein valoró que el proyecto elimine el artículo 203 del Código del Trabajo y desvincule el derecho a sala cuna del número de mujeres contratadas.

Paula Salvo, directora de Corporación Humanas, coincidió en que la regulación vigente genera una discriminación estructural. “Al establecer la obligación de proveer sala cuna en función del número de mujeres contratadas, termina transformando la maternidad y el cuidado en un costo asociado a la contratación femenina”, afirmó consultada por nuestro medio.

A su juicio, desvincular el beneficio de la contratación de mujeres cambia la señal que recibe el mercado laboral e incorpora a los hombres como titulares de responsabilidades de cuidado. Sin embargo, Salvo enfatizó que la universalidad no debe reducirse a ampliar formalmente el número de personas que pueden acceder al beneficio.

“La sala cuna no es un beneficio para que las mujeres puedan trabajar, sino infraestructura social para sostener la vida”, recalcó. Desde su perspectiva, la política debe reconocer simultáneamente el derecho de las mujeres a participar en igualdad de condiciones en el empleo, los derechos de niños y niñas y la necesidad de distribuir socialmente las responsabilidades de cuidado.

Uno de los principales reparos de las expertas apunta al financiamiento. Adlerstein cuestionó que la propuesta contemple utilizar recursos vinculados al Seguro de Cesantía. “Metemos la mano en los bolsillos de los trabajadores para poder financiar este bien público, dejan de hacerlo los empresarios”, afirmó. A ello sumó su preocupación por que los recursos puedan terminar financiando establecimientos privados, mientras la educación pública quede relegada.

Para la académica, esta decisión puede generar un problema adicional: ampliar el acceso sin garantizar las mismas condiciones de calidad. “El problema es que este proyecto deriva a estos bebés a salas cunas que no tienen la regulación que tienen las salas cunas públicas”, sostuvo. A su juicio, “cuando los bebés no acceden a las mejores oportunidades, a la mejor calidad educativa, lo que sucede es que se reproducen las brechas y las desigualdades”.

Salvo también cuestionó la posibilidad de que el beneficio contemple copagos. “Lo primero es que la universalidad sea real y no solamente nominal”, planteó. Advirtió que si una familia puede pagar una diferencia y otra no, “tendremos un derecho universal en el papel, pero desigual en la práctica”. Para la directora de Corporación Humanas, un derecho social no debería depender de la capacidad económica de la familia que necesita ejercerlo.

“La segunda condición es avanzar efectivamente en corresponsabilidad. Incorporar a los hombres como titulares del derecho es fundamental porque permite desmontar la idea de que cuidar es una responsabilidad natural de las mujeres”, expresó Salvo.

Ambas expertas coinciden en que la ampliación de cobertura debe ir acompañada de estándares de calidad, seguridad, fiscalización y orientación pedagógica.

En esa línea, Adlerstein destacó la calidad de la red pública. “Creo que es muy importante decir que la calidad de las salas cunas públicas en Chile es muy buena. Tienen acompañamiento, tienen aseguramiento de la calidad”, afirmó.

Según la académica, las familias que recurren a estos establecimientos cuentan además con mecanismos para exigir el cumplimiento del derecho a una educación de calidad. “Yo creo que esto es súper importante porque finalmente este proyecto no solamente deja de pensar en las pedagogías, sino que deja de pensar en la calidad de esas oportunidades de aprendizaje”, agregó.

Salvo planteó que el debate de fondo no debería limitarse a determinar quién paga la sala cuna. “Una buena política de Sala Cuna Universal tiene que ser capaz de garantizar simultáneamente tres cosas: la autonomía económica de las mujeres, la corresponsabilidad social de los cuidados y los derechos de niños y niñas”, afirmó.

Adlerstein, en tanto, recalcó que la incorporación femenina al mercado laboral es un efecto positivo de la iniciativa, pero advierte que si no se asegura una educación inicial de calidad, una reforma destinada a reducir desigualdades podría terminar reproduciéndolas.