Alcaldes, parlamentarios y organizaciones sociales llegaron hasta La Moneda para entregar una carta dirigida al Presidente José Antonio Kast, en la que solicitan dejar sin efecto la modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), conocida por sus detractores como la “norma de guetos verticales”.
La acción se da en medio de las críticas que ha generado la propuesta del Ejecutivo para flexibilizar condiciones de densidad, altura y estacionamientos para nuevos proyectos inmobiliarios. Entre los principales cuestionamientos está el eventual incentivo a levantar edificios de gran altura en sectores que ya presentan problemas de saturación urbana.
El alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, explicó que junto con la carta entregaron antecedentes sobre una acción presentada ante la Contraloría para solicitar que se detenga el proceso de modificación de la OGUC.
Olmos afirmó que el objetivo es evitar que otras comunas enfrenten una situación similar a la de Estación Central. “Nosotros queremos evitar la destrucción de los barrios frente a la obesidad inmobiliaria, queremos evitar que más comunas sigan sufriendo los efectos que hoy día vive Estación Central donde tenemos entre 10 mil y 20 mil personas viviendo en una manzana”, señaló.
“Estamos conscientes del déficit de vivienda, nosotros no estamos en contra de la construcción de edificios, sino todo lo contrario, queremos construcción de edificios que sean a escala humana”, afirmó.
En esa línea, el jefe comunal apuntó a que una densificación sin planificación sobre la infraestructura urbana puede provocar colapsos por demanda energética, inundaciones por la saturación de alcantarillados de aguas servidas y congestión tanto en las calles de los barrios como en pequeños estacionamientos.
Desde las organizaciones de vivienda, Natalia Garrido, dirigente del Movimiento de Pobladores Lucha (MPL), afirmó que la carta busca que el Ejecutivo revise las modificaciones a la OGUC.
“Venimos a entregar precisamente una carta manifestando que se pueda revisar la reconsideración de una serie de modificaciones normativas a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que permitiría nuevamente que la inmobiliaria especule directamente con los terrenos que van quedando para cientos y miles de pobladores y pobladoras, vecinos y vecinos del país que están esperando una vivienda digna”, sostuvo.
Garrido recalcó que las organizaciones no cuestionan la necesidad de construir viviendas, sino las condiciones en que estas se desarrollan. “Como dirigentes del Movimiento de Pobladores que luchamos por el derecho a la vivienda y la ciudad queremos viviendas, sí, pero viviendas dignas y bien planificadas con nuestros barrios”, manifestó.
La dirigente cuestionó además que los cambios normativos puedan imponerse por sobre las decisiones de planificación territorial. “No puede ser que una serie de cambios normativos a esta ordenanza permita que se pase por encima de la planificación territorial de alcaldes, de pobladores y pobladoras que pensamos nuestra ciudad, que pensamos nuestras comunas”, señaló.
En tanto, José Hidalgo, del Movimiento Nacional de Pobladores, recordó las movilizaciones que las organizaciones han realizado durante las últimas semanas para exigir diálogo al Ejecutivo.
Hidalgo sostuvo que las organizaciones mantendrán la presión para conseguir una respuesta del Gobierno. “Estas medidas que se están tomando en realidad es una más de las que han hecho en contra del mundo de los pobladores y no lo vamos a tolerar. Será la calle el medio por el cual tenemos que convencer a estas personas que no tienen oídos para escuchar”, dijo.
El dirigente aseguró que el conflicto también ha estado marcado por la relación entre las organizaciones y el ministro de Vivienda, Iván Poduje. “El ministro había injuriado a los dirigentes, había hecho lo que quería, pero ahí se dio la obligación de bajar”, sostuvo.
Según Hidalgo, tras las movilizaciones se fijó una instancia de diálogo. “No quería aceptar diálogo con el Movimiento Nacional de Pobladores y tuvo la obligación de fijar para el día 26 de este mes una reunión ampliada con dirigentes de todas las comunas de la Región Metropolitana y representantes también del país”, expresó el dirigente.
En tanto, Álvaro Ramírez, del Centro de Estudios Territorio y Comunidad, planteó las preocupaciones desde el mundo académico y técnico respecto de los efectos que podrían tener los cambios a la OGUC.
Ramírez advirtió que las modificaciones urbanísticas pueden producir consecuencias de largo plazo. “Sus efectos perduran no sólo por décadas sino que muchas veces son irreversibles, porque modifican el paisaje, la geografía, la forma de vida de las comunidades”, sostuvo.
A ello sumó impactos sobre distintos componentes de las ciudades. “Tienen efectos también que se multiplican en otras dimensiones como el comercio, como las formas como se distribuye el tránsito, cómo se genera la capacidad de carga de los distintos espacios en los cuales se produce la construcción”, señaló.
El académico calificó este fenómeno como “monocultivo inmobiliario”, concepto que, según explicó, “expresa esa propulsión de en poco territorio generar una alta densificación desregulada”.
