Tras escuchar los argumentos a favor y en contra de la llamada megarreforma, el Tribunal Constitucional cerró este jueves la etapa de alegatos y ahora deberá analizar los tres requerimientos de inconstitucionalidad presentados por parlamentarios de oposición. La decisión de los ministros será clave para determinar el futuro de las disposiciones cuestionadas del proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social.
La jornada comenzó durante la mañana con la relación del funcionario José Francisco Leyton y continuó con las exposiciones de los abogados que representan a las distintas partes. Los tres requerimientos fueron acumulados y apuntan contra una serie de normas del proyecto, entre ellas aquellas que establecen la invariabilidad de determinadas disposiciones tributarias por períodos de 10, 15 y 20 años, además de un régimen especial de indemnización con cargo al Fisco en caso de anulación judicial de una Resolución de Calificación Ambiental.
En representación del Presidente de la República, el abogado Arturo Fermandois defendió la constitucionalidad de la iniciativa y puso el acento en la tramitación que tuvo el proyecto en el Congreso. Según sostuvo, se trató de una iniciativa sometida a deliberación parlamentaria, negociaciones, acuerdos y votaciones, por lo que llamó al TC a considerar la presunción de constitucionalidad de la ley y el principio de deferencia razonada hacia el legislador.
“Hoy es el día del legislador democrático. Un legislador democrático que viene revestido hoy con tres características. La primera: deliberación parlamentaria”, sostuvo Fermandois.
El abogado también cuestionó el argumento de que las disposiciones impugnadas constituirían una forma de alterar las competencias constitucionales mediante el denominado “atrincheramiento por vía de costos”. A su juicio, las diferencias respecto de la conveniencia o los objetivos de la iniciativa corresponden al debate propio del Congreso y no constituyen, por sí mismas, razones para declarar su inconstitucionalidad.
Desde la otra vereda, el abogado constitucionalista Jorge Correa Sutil, representante de los senadores requirentes, centró parte de sus argumentos en las normas que establecen la invariabilidad de determinadas disposiciones. Sostuvo que una ley que impida a una nueva legislatura modificarla sería incompatible con los principios de la democracia y la República.
“Una ley que impida a una nueva legislatura modificarla es contraria a la república democrática, es contraria a la democracia en sus dos principios más básicos”, afirmó Correa Sutil. El abogado agregó que, si se considera que la norma establece una invariabilidad de estas características, no existiría una interpretación que permita salvar su constitucionalidad.
En tanto, la abogada Melissa Mallega Acevedo, también representante de los senadores, concentró sus cuestionamientos en los artículos 12 y 13 del proyecto. Según planteó, estas disposiciones incurrirían en distintos vicios de constitucionalidad, entre ellos una vulneración a la igualdad ante la ley, al deber estatal de tutela ambiental y al derecho a un procedimiento racional y justo.
Uno de sus principales argumentos estuvo dirigido al artículo 12, que establece un mecanismo de indemnización por parte del Estado ante la anulación de una Resolución de Calificación Ambiental. Para Mallega, la norma terminaría trasladando al Fisco el riesgo económico asociado a una inversión.
“El costo recae sobre el Fisco, sobre todos los contribuyentes. Señoría, sobre todos nosotros. Por tanto, el beneficio se está concentrando únicamente en una sola clase de administrados: los titulares de las RCA”, sostuvo.
A ello, se sumaron las intervenciones del abogado Diego Pardo Álvarez en representación de la Cámara de Diputadas y Diputados y de la abogada Catalina Salem por el Senado. Posteriormente, las y los ministros del tribunal realizaron sus respectivas consultas a los expositores.
Con el término de los alegatos, se cierra así la etapa de exposiciones ante el Tribunal Constitucional. Ahora, los ministros deberán analizar los argumentos presentados durante la audiencia y resolver los requerimientos acumulados, determinando si las disposiciones cuestionadas se ajustan o no a la Constitución.
La fecha en que se conocerá la resolución dependerá de la deliberación del Pleno del organismo. Hasta entonces, el futuro de las normas impugnadas de la megarreforma permanecerá en manos del Tribunal Constitucional.
