Esta primera ronda de negociaciones se ha llevado a cabo a puerta cerrada y sin la participación de la líder opositora María Corina Machado, que se encuentra en el exilio en Panamá y que ha dicho que no se opondrá a la reforma.

Uno de los puntos clave de la reforma es el cambio en la designación de los jueces que componen el Tribunal Supremo de Justicia, como explica Manuel Camilo González, experto en Venezuela y profesor de la Universidad Javeriana.

“La negociación no creo que vaya a ser muy fácil”, señala González, advirtiendo que la discusión afecta directamente a quién tendrá la facultad de juzgar y sancionar eventuales responsabilidades por violaciones de derechos humanos en un futuro proceso de democratización.

El académico sostiene que el Gobierno busca “blindarse ante el futuro”, mientras que la oposición intenta construir un actor democrático capaz de sanear tanto el sistema político venezolano como el sistema judicial, considerado clave para sostener a Nicolás Maduro.

Las conversaciones han sido auspiciadas por Estados Unidos, que actuaría como mediador cuando surjan temas especialmente sensibles.

Según González, “Estados Unidos actúa como una especie de árbitro o de tercero moderador”, presionando para destrabar las negociaciones cuando estas se bloquean y buscando una transición política ordenada que incluya tanto a la oposición como a sectores del chavismo.

La oposición pretende además derogar leyes contra el odio o el terrorismo que, según denuncia, permitieron encarcelar a numerosos opositores y consolidaron un sistema judicial utilizado con fines políticos.

El experto explica que la idea es “quitar los obstáculos” para facilitar la democratización y, al mismo tiempo, evitar que esa transición represente un riesgo absoluto para quienes abandonen el poder, ya que las reformas judiciales suelen derivar en purgas políticas.

También advierte que podrían utilizarse acusaciones de corrupción o delitos financieros contra algunos exfuncionarios del régimen como una forma de mostrar que un eventual gobierno interino está cumpliendo con tareas de depuración institucional.

Las negociaciones se producen siete meses después del derrocamiento de Nicolás Maduro, ocurrido en enero, y hasta ahora las partes no han fijado una fecha para la segunda ronda de conversaciones.