“Es un día histórico, porque a partir de hoy comienza un cambio de mano”. Así presentó el Presidente José Antonio Kast la Operación Cancerbero, en la que, con una transmisión completamente en vivo desde el Gobierno, Gendarmería —con apoyo de la PDI— lideró un traslado masivo de reos desde Santiago a la cárcel La Laguna en Talca.
En total, este jueves se trasladaron 687 personas: integrantes de organizaciones de crimen organizado —incluyendo nueve líderes— e internos de alto compromiso delictual y especial peligrosidad. Los reos provenían de Arica, Tarapacá (Alto Hospicio), Metropolitana (Puente Alto, Colina 1 y Colina 2), Los Lagos (Puerto Montt) y el complejo penitenciario REPAS, entre otros recintos.
Desde el oficialismo celebraron la operación por importar el “estilo Bukele”, mientras que la oposición cuestionó el operativo por lo mismo.
“Creemos que toda seguridad penitenciaria debe ser una política pública, no un espectáculo ni un show mediático. Un Estado democrático no demuestra su fortaleza exhibiendo a personas privadas de libertad como parte de su política de seguridad”, dijo Mauricio Flores, coordinador de la ONG Leasur, organización que trabaja por el respeto, promoción y defensa de los derechos y dignidad de las personas privadas de libertad.
Diego Martin /Aton Chile.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Flores aseguró que es legítimo informar sobre traslados penitenciarios, que de hecho es parte de lo que exigen las organizaciones. “Lo que es cuestionable es que esto se transforme en una operación de seguridad puesta en escena, que hayan cámaras, imágenes de cientos de internos y una narrativa centrada en la peligrosidad. Acá la seguridad penitenciaria exige un control, un rigor, una autoridad y también exige límites”, señaló.
El coordinador de Leasur puso en cuestión si es que se evaluó la capacidad del recinto donde se están trasladando a las personas, por ejemplo, las condiciones en materia de “salud, alimentación, cómo están los módulos, protocolos de emergencia, condiciones de riesgo”, además de la posibilidad de situaciones de violencia en las instalaciones considerando el tipo de internos. “¿Irán a llegar bandas rivales?”, se preguntó.
Agregó que el traslado de los internos amerita transparencia al venir de diferentes regiones y recintos penitenciarios. “En pro también de las familias, acá no hay que olvidar que las personas privadas de libertad de por sí son personas más vulnerables y la familia también sufre la condena de estas personas. Gente que tenía su familia en Santiago ahora va a tener que empezar a desenvolver dinero para poder viajar constantemente a Talca”, indicó.
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