Las recientes decisiones administrativas adoptadas por el gobierno de José Antonio Kast en materia de investigación científica y fomento de medios de comunicación han generado un profundo malestar en la comunidad académica. A la polémica exclusión de las ciencias sociales, artes y humanidades de las líneas prioritarias del programa Fondecyt Postdoctorado 2027, se sumó la suspensión del convenio entre la Secretaría General de Gobierno (Segegob) y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), el cual sostenía el Fondo de Estudios sobre el Pluralismo en el Sistema Informativo Nacional.

El Ejecutivo justificó ambas medidas bajo la premisa del ajuste fiscal, a través de la Circular N.° 12 del Ministerio de Hacienda,  y la optimización del gasto público. Sin embargo, para los investigadores, estas acciones no solo evidencian un sesgo ideológico sobre qué tipo de conocimiento debe promover el Estado, sino que también constituyen una flagrante vulneración a las leyes vigentes.

El término del convenio que financia los estudios sobre pluralismo ha abierto un intenso debate jurídico. El artículo 4 de la Ley de Prensa (N.° 19.733) establece explícitamente que la Ley de Presupuestos debe contemplar anualmente recursos para estos estudios, los cuales deben ser administrados mediante concurso público por la ANID (ex Conicyt).

Laureano Checa, presidente de la Asociación Chilena de Investigadoras e Investigadores en Comunicación (INCOM Chile) y académico de la Facultad de Comunicaciones e Imagen de la Universidad de Chile, fue categórico al analizar la situación: “La ley de prensa establece una obligación. Se está vulnerando esa ley porque no se están destinando esos recursos para su propósito”.

Checa advirtió que el oficio de la Segegob se limita a terminar el convenio sin ofrecer ninguna alternativa de reemplazo. “Lo que procedería acá y lo que esperamos es que en algún momento la Contraloría se pronuncie respecto a qué es lo que pasa con el incumplimiento de una ley por parte del Ejecutivo”, señaló el académico, cuestionando además que a partir de un simple oficio administrativo se deje sin efecto la ejecución de una ley de la República.

Expertos como María José Labrador, Directora del Centro de Estudios de Comunicación Aplicada (CECA), Universidad del Desarrollo; Sebastián Zárate, Profesor Investigador, Facultad de Derecho, Universidad Autónoma de Chile; Pedro Anguita, Profesor Investigador, Facultad de Comunicaciones, Universidad de los Andes; y Claudia Mellado, Profesora Titular, Escuela de Periodismo, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, respaldaron esta visión en una reciente publicación, argumentando que una instrucción administrativa de ajuste fiscal no puede dejar sin aplicación una obligación legal permanente. “Si el Ejecutivo estima que este gasto público ya no se justifica, el camino institucional no es su término por vía administrativa, sino la modificación o derogación del artículo 4° de la Ley”, sostienen los juristas.

Desinformación, concentración mediática y sesgo estatal

Desde su creación, el Fondo de Pluralismo ha sido vital para financiar investigaciones independientes sobre propiedad de medios, consumo informativo, ecosistemas locales, cobertura electoral y, más recientemente, la desinformación en el ecosistema digital. Para Laureano Checa, la suspensión de estos fondos dejará al país “ciego” frente a la concentración mediática. “Si nosotros no estamos invirtiendo en investigar qué es lo que está sucediendo en estas materias (…) es muy difícil pensar que vaya a surgir esto desde otros lados en esos volúmenes”, advirtió.

Este recorte se entrelaza con la controvertida decisión de la ANID de excluir a las ciencias sociales, las humanidades y las artes de sus 10 áreas prioritarias para los fondos de postdoctorado. Según Checa, esto revela un sesgo por parte de La Moneda respecto de “qué áreas son las que entregarían un mejor y mayor desarrollo al país”.

“No se están incorporando estas otras áreas que son además las que generan una visión crítica sobre lo que está sucediendo, las que te permiten entender los problemas sociales en su mayor dimensión y las que, en definitiva, nos iluminan como seres humanos”, reflexionó el presidente de INCOM Chile.

La preocupación escaló luego de que autoridades del Ministerio de Ciencia cuestionaran públicamente los títulos de algunos estudios humanistas, lo que derivó en hostigamiento digital contra los investigadores. “Un ministerio cuya misión es el desarrollar el conocimiento (…) al cuestionar una serie de investigaciones y exponer a los autores, está incumpliendo en su deber de resguardar la integridad de su capital humano”, denunció Checa.

Finalmente, el académico subrayó que los oficios del Gobierno también suponen un duro golpe a la descentralización. Checa lamentó la “pasividad por parte de los consejos regionales respecto de los recortes” a los fondos de medios y a las organizaciones de la sociedad civil.

Asimismo, recordó que el diseño del fondo sobre pluralismo priorizaba explícitamente las investigaciones realizadas por universidades fuera de la capital. “El nivel ejecutivo central le está restando poder a los espacios regionales de toma de decisiones y no se ha visto una reacción al respecto. Acá habría que tener una mirada respecto al retroceso que también se está teniendo en materia de descentralización”, concluyó el investigador.

Frente a este escenario, un centenar de académicos y ciudadanos ha convocado a la entrega de una carta de protesta formal en el Ministerio de Ciencia, programada para el próximo miércoles 19 de agosto a las 11:00 horas, exigiendo que las ciencias sociales, las artes y las humanidades sean incorporadas “en pie de igualdad” y mediante un proceso transparente y participativo.