El Gobierno solicitó la renuncia del delegado presidencial provincial de Chañaral, Sebastián Urrejola Aranda, tras confirmarse una vulneración al principio de probidad administrativa. La decisión fue adoptada luego de un pronunciamiento de la Contraloría Regional de Atacama que acreditó la ocupación ilegal de un inmueble fiscal en el sector costero de Portofino.

Tras concretarse su remoción, el Ministerio del Interior designó en calidad de subrogante al seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Atacama, Fernando Flores Fredes, mientras el Ejecutivo define al titular definitivo del cargo.

“El Gobierno reitera que la probidad, el irrestricto respeto a la legalidad y la ética pública constituyen valores intransigibles y por ende, el actuar de todos los funcionarios y representantes gubernamentales debe ajustarse siempre a los más altos estándares de transparencia que la ciudadanía exige y merece”, señaló el Ejecutivo mediante un comunicado.

El origen de la indagatoria se remonta a una denuncia con reserva de identidad que activó las alarmas administrativas e impulsó una fiscalización directa sobre el terreno por parte de la Seremi de Bienes Nacionales. Sin embargo, la irregularidad no era un episodio reciente: los registros de un catastro oficial realizado en 2019 ya habían advertido sobre la ocupación informal vinculada a Urrejola, situación que fue ratificada de forma presencial durante una inspección de rutina llevada a cabo el 2 de junio de este año. Según las proyecciones de la propia seremía, el paño fiscal acumulaba cerca de 16 años bajo un uso al margen de la norma.

El espacio en cuestión abarca una superficie estimada de 1.000 metros cuadrados, completamente cercada y provista de una vivienda de material ligero que la exautoridad destinaba principalmente como residencia de descanso durante los fines de semana.

Más allá del uso no autorizado del bien público, la Contraloría hizo un hincapié ético en el severo conflicto de atribuciones que rodeaba el caso. En su calidad de delegado provincial, Urrejola contaba legalmente con las facultades para fiscalizar la propiedad estatal e instruir restitución de terrenos fiscales, lo que agravó la falta de probidad al tratarse de la misma autoridad llamada a resguardar el patrimonio del Estado.

A partir del dictamen emitido el pasado 7 de agosto, el ente contralor ordenó a la Subsecretaría del Interior la apertura de un procedimiento disciplinario para determinar las responsabilidades administrativas correspondientes, fijando un plazo de 10 días hábiles para informar sus avances.

Por su parte, la Seremi de Bienes Nacionales deberá coordinar el desalojo del terreno fiscal, finalizar la ocupación irregular y tramitar el cobro retroactivo por el período en que la propiedad pública fue utilizada sin autorización.