El ingreso del proyecto de reforma constitucional enmarcado en la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) ha sacudido el tablero político. La iniciativa, firmada por el presidente José Antonio Kast, busca consagrar la seguridad pública como un deber esencial del Estado (modificando el artículo 1 de la Constitución) y dotar al Ejecutivo de herramientas excepcionales.

Entre los puntos centrales de la propuesta destacan la creación de un nuevo Estado de Excepción que permite el despliegue perimetral y logístico de las Fuerzas Armadas en zonas críticas; la instauración de un registro oficial controlado por el Senado para calificar a organizaciones criminales; un mecanismo para la rápida incautación y liquidación de bienes vinculados al narcotráfico; y la fijación de normas carcelarias mucho más estrictas para los líderes de bandas delictuales.

Sin embargo, el alcance de las medidas ha abierto flancos no solo en el Congreso, sino en el propio corazón de La Moneda.

El punto que ha generado mayor fricción es una norma que establece que los condenados por terrorismo, crimen organizado o narcotráfico quedarán inhabilitados, durante su condena y por un plazo de 15 años tras cumplirla, para acceder a prestaciones financiadas con recursos estatales en materia de salud, educación, trabajo y seguridad social.

Esta disposición ha generado profundos reparos entre ministros. La titular de Salud, May Chomalí, advirtió que la medida podría colisionar con normativas vigentes, como la Ley de Urgencias y el derecho a la salud. La respuesta desde la cartera de Seguridad no se hizo esperar. El ministro Martín Arrau desestimó las críticas de su par, asegurando que Chomalí “desconoce el proyecto constitucional” por tratarse de un borrador. Arrau defendió la iniciativa argumentando una distinción conceptual, “las pensiones, la salud, la educación, esos son derechos sociales de segunda generación“, justificando así su limitación para criminales de alta peligrosidad.

Oficialismo pide cautela y el PDG advierte falta de liderazgo

Frente a la turbulencia, las fuerzas oficialistas han intentado poner paños fríos, apostando a que el debate se resuelva en el trabajo legislativo. El diputado Mauro González (RN) recalcó que las observaciones del sector se están manejando de manera interna. “Por ningún motivo abrir un flanco que dañe una agenda que es tan importante para el país. Estamos en un diálogo prelegislativo permanente que permita mejorar las iniciativas”, señaló.

En la misma línea, el senador Iván Moreira (UDI) llamó a no precipitarse ante las filtraciones. “Estamos hablando de un borrador (…) Por eso no podemos adelantar una votación a favor o en contra porque precisamente en el Senado corregiremos, mejoraremos”, indicó, enfatizando que el Estado ha sido sobrepasado y se requiere un acuerdo contundente.

Por su parte, desde el Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi cuestionó duramente la estrategia de abrir la Constitución, recordando el compromiso político transversal de no modificar la Carta Magna por ocho años. “Es un tremendo error lo que está cometiendo el presidente Kast”, afirmó. No obstante, Parisi respaldó la restricción de derechos en salud para los criminales. “Nosotros creemos que primero hay que cuidar a la gente buena, después a la gente mala (…) La gente buena es la que se está muriendo esperando por ser atendida. Los malos que se atiendan solitos”, sentenció.

Parisi también aprovechó la controversia ministerial para apuntar a la conducción de La Moneda. “Falta un liderazgo por parte del presidente Kast (…) Los ministros se están mandando solos, están peleando entre ellos en la prensa”, criticó.

“Menos parafernalia y más gestión”

Desde la vereda de la oposición, el rechazo a la reforma constitucional ha sido frontal, acusando al Gobierno de utilizar la crisis de seguridad con fines ideológicos y descuidar la gestión operativa.

El senador socialista Juan Luis Castro calificó el inicio de la agenda como un tropiezo, apuntando a las contradicciones del Ejecutivo. “Se pone a prueba la credibilidad del gobierno al tratar de atarantarse en una reforma que claramente, por ejemplo, pide que sin orden judicial haya interceptación telefónica en barrios completos y, sin embargo, del secreto bancario no se oye para nada. Abrir la Constitución solo para esto ya se ve desde el oficialismo que es una mala idea”, argumentó Castro, instando a rectificar el rumbo.

Una visión compartida por el diputado y líder del Frente Amplio, Diego Ibáñez, quien desestimó el impacto real de la medida. “Probablemente esta reforma no tiene mucho que ver con seguridad, sino que más bien es la continuación de una batalla cultural que ya ha mostrado fisuras dentro del propio oficialismo”, aseveró.

Para Ibáñez, la estrategia de La Moneda se basa en grandes titulares en lugar de políticas efectivas. “En ningún caso puedo estar de acuerdo con pensar que Chile va a ser más seguro cuando a ciertas personas le vas a quitar la posibilidad de acceder a programas de situación de calle o a la educación gratuita”, explicó el legislador. En esa línea, hizo un llamado al Ejecutivo a enfocarse en levantar el secreto bancario, combatir el lavado de activos y mejorar la gestión policial, pidiendo “menos parafernalia y más gestión policial en las calles”.