La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) ingresó un proyecto de ley que busca establecer un nuevo estándar de probidad pública, prohibiendo que abogados que hayan ejercido libremente la defensa de imputados por narcotráfico, asociación criminal o terrorismo puedan incorporarse posteriormente a organismos del Estado.

La iniciativa abarca contrataciones en la Administración del Estado, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional. En el ámbito parlamentario, la traba también regirá para asesorías jurídicas o profesionales a honorarios.

Asimismo, la propuesta señala que los profesionales que actualmente se desempeñen en la función pública no podrán asumir el patrocinio de este tipo de causas. El incumplimiento de esta norma acarreará la destitución, remoción o término anticipado de contrato.

El diseño operativo del proyecto contempla una estricta red de control a cargo del órgano fiscalizador. Para asegurar el cumplimiento de estas incompatibilidades, tanto los tribunales competentes como el Ministerio Público tendrán la obligación de reportar la identidad de los abogados litigantes a la Contraloría General de la República. Con esta información, el ente contralor confeccionará y administrará un registro especializado de consulta exclusiva, permitiendo a las distintas ramas del Estado verificar de forma previa el historial profesional de los postulantes a cargos públicos.

En paralelo, y con el fin de no resentir la garantía constitucional del derecho a la defensa, la iniciativa contempla exenciones específicas para el ecosistema público de justicia. Las restricciones no se aplicarán a los funcionarios de la Defensoría Penal Pública, a los prestadores de defensas penitenciarias o licitadas, ni tampoco a los profesionales de las Corporaciones de Asistencia Judicial o del nuevo Servicio de Acceso a la Justicia. Asimismo, la normativa libera explícitamente de estas trabas a los egresados de Derecho que intervengan en este tipo de causas en el marco de su práctica profesional gratuita.

Argumentos de la bancada parlamentaria

Los impulsores de la iniciativa recalcaron que la norma busca extender el principio recogido en el artículo 61 de la Ley de Drogas para blindar al Estado ante intentos de infiltración:

“Debemos cerrar los caminos al crimen organizado que comienza a penetrar los órganos del Estado. No se trata de discriminar, sino de establecer un estándar y un bloqueo a quienes libremente deciden defender a quienes intentan debilitar al Estado”, sostuvo el diputado de la comisión de Seguridad, Mauro González.

Por su parte, el subjefe de bancada, Eduardo Durán, enfatizó que la medida apunta a mitigar riesgos de acceso a información sensible. “No estamos cuestionando el derecho a defensa; estamos estableciendo estándares de probidad y resguardo institucional para quienes trabajan al servicio del Estado”, remarcó.

En esa misma línea, la segunda vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, advirtió sobre las intenciones del crimen organizado de penetrar las estructuras públicas. “Si una persona decide ejercer profesionalmente la defensa de imputados por delitos vinculados al narcotráfico, el terrorismo o la asociación criminal, debe entender que esa decisión puede generar incompatibilidades con el desempeño posterior de determinadas funciones públicas”, concluyó la parlamentaria.