“Se produjo un inicio de proceso sancionatorio para la aerolínea que embarcó a personas que no tenían autorización para estar en Chile. Lamento esta situación, pero nosotros vamos a ser rigurosos en cumplir la Ley dado el instructivo que nos ha hecho llegar la Contraloría”. Así respondió el director de Migraciones, Frank Sauerbaum, luego de la denuncia que alertaba el caso de dos niñas chilenas, que junto a su madre haitiana , no pudieron ingresar a nuestro país.

Durante la semana, la diputada Lorena Fries informaba de un oficio enviado al Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) por esta “situación gravísima”.

“Hoy se encuentran en manos de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, Estados Unidos) y serían deportadas a Haití, un país donde no residen. Si los niños son primero, ¿por qué este Gobierno permite que dos niñas chilenas sean separadas de parte de su familia, que permanece en Chile con toda su documentación vigente?”, planteó la parlamentaria (FA) en el Congreso Nacional.

El viernes pasado, Frank Sauerbaum dijo que “la madre llegó  sin la visa respectiva” y mencionó que ese estado respondía a que residía fuera de Chile hace más de dos años. Ante lo anterior, afirmó que “no tenemos atribuciones para ingresar a una persona que no tiene autorización“.

Sobre la posibilidad de que entrara por razones humanitarias por el cuidado de las niñas, el director del SERMIG argumentó que la PDI (Policía de Investigaciones) constató que no se cumplía con los requisitos.

“Quien expuso a las menores fue la madre…Dimos la opción de ingresar a las menores, pero la madre prefirió llevarlas de vuelta” a Estados Unidos, señaló la autoridad.

Ante las respuestas desde SERMIG, la diputada Fries  lamentó que el organismo “sigue acumulando contradicciones“.

“La respuesta al oficio que envié establece un marco normativo, pero no explica que pasó en este caso. SERMIG señala que debe considerarse el interés superior de niños y niñas, pero ¿por qué en este caso no se buscó una alternativa para cumplirlo? Como una visa condicionada para la madre”, agregó en un mensaje en redes sociales.

La legisladora advirtió sobre la “situación de extrema fragilidad” a la que están expuestas las niñas chilenas en Estados Unidos. “Esto es un descriterio del Servicio de Migraciones”, concluyó Fries.

“Perspectiva antirracista”

Michel-Ange Joseph,  directora ejecutiva de la Fundación Cónclave Investigativo de las Ciencias Jurídicas y Sociales (CIJYS), afirmó que este caso no puede analizarse exclusivamente desde la Ley de Migraciones.

“Cuando una decisión administrativa afecta directamente a niñas y niños, el Estado está obligado a aplicar integralmente todo el marco jurídico que protege sus derechos. El argumento de que ´Migraciones simplemente cumplió la ley´ es insuficiente. Nadie está cuestionando que el Estado tenga facultades para controlar el ingreso al territorio. Lo que cuestionamos es que se presente esa facultad como si agotara todas las obligaciones jurídicas de la autoridad”, reflexionó.

La activista haitiana, radicada en Chile hace más de una década, agregó que La Ley 21.325 establece obligaciones respecto de niños, niñas y adolescentes, cualquiera sea la situación migratoria de sus padres o de los adultos que estén a su cuidado. Además, la Ley 21.430 establece que el interés superior del niño es un derecho, un principio y una norma de procedimiento.

“Por lo tanto, cuando hablamos de niñas, no basta con determinar si la madre tenía o no una autorización migratoria para ingresar. El Estado tenía que considerar integralmente los derechos de las niñas, su nacionalidad, su vínculo con su madre, su derecho a vivir en familia y el impacto que la decisión tendría sobre ellas…Si las niñas son chilenas, su situación jurídica no puede reducirse a la situación migratoria de su madre”, mencionó Michel-Ange Joseph a Diario y Radio Universidad de Chile.

Y aporta más datos. El Estado “debe transparentar el expediente completo y explicar cuál era exactamente el estatus migratorio de la madre al momento de los hechos y cuál fue el fundamento jurídico utilizado para impedir su ingreso”. Informó que “existe además el antecedente de que la madre realizó tres solicitudes de refugio y no puede desaparecer del análisis“.

Cada procedimiento “debe ser revisado respecto de su tramitación, resolución y notificación, porque el debido proceso administrativo también forma parte de las obligaciones del Estado”.

“Resulta insuficiente afirmar que simplemente se les ofreció ingresar a las niñas mientras la madre era reembarcada. La separación familiar también debe ser analizada desde el interés superior y desde el derecho de las niñas a vivir en familia” describió. Y cuestionó la afirmación de que “quien expuso a las menores fue la madre”.

“Desplaza toda la responsabilidad hacia una mujer migrante sin considerar el conjunto de antecedentes administrativos y judiciales que rodean el caso. Mientras existían antecedentes migratorios, solicitudes de refugio, una historia administrativa previa y niñas involucradas, también corresponde examinar la actuación de las instituciones del Estado”, argumentó.

Aseguró que en ese caso es necesario: “Verdad, debido proceso, responsabilidad institucional, respeto irrestricto de las decisiones judiciales y protección efectiva de las niñas”.

“Quiero ser absolutamente clara: esto también debe analizarse desde una perspectiva antirracista. Estamos hablando de una familia haitiana y negra. No podemos ignorar que las personas negras y migrantes han enfrentado históricamente formas de discriminación institucional y racialización en los sistemas migratorios…No se trata de atribuir una intención racista individual sin investigación; se trata de exigir que el Estado demuestre que sus procedimientos fueron aplicados de manera igualitaria y no discriminatoria”, concluyó Michel-Ange Joseph.

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