El diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, calificó como un “resultado positivo” para la oposición el fallo del Tribunal Constitucional sobre la Megarreforma y sostuvo que la decisión expone problemas de constitucionalidad y en la forma en que fue tramitada la iniciativa. A su juicio, el pronunciamiento del organismo confirma parte de los cuestionamientos que durante el debate legislativo apuntaron al proyecto impulsado por el Gobierno. 

El Tribunal Constitucional acogió parcialmente los tres requerimientos de inconstitucionalidad presentados por parlamentarios de oposición contra distintas disposiciones de la denominada Megarreforma. Entre las normas declaradas inconstitucionales están los artículos 12 y 13, que establecían un derecho a indemnización ante la anulación judicial firme de una Resolución de Calificación Ambiental.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, valoró el resultado para la oposición, aunque reconoció que no se acogieron todos los puntos planteados. “Creo que dentro de todo es un resultado positivo para la oposición. De los dos puntos que se solicitaban, se logró prácticamente uno y medio”.

Uno de los requerimientos apuntaba precisamente al mecanismo de indemnización. El TC declaró inconstitucionales en su totalidad los artículos 12 y 13, decisión que Soto destacó al señalar que “se acogieron los aspectos medioambientales relativos a echar abajo esta indemnización con recursos de todos los chilenos a proyectos privados que fracasan por razones medioambientales establecidas de esa manera por los tribunales”.

El otro punto que Soto abordó fue la invariabilidad tributaria. El artículo 29, que establece este régimen para inversionistas extranjeros y locales, fue acogido parcialmente por el Tribunal. La resolución declaró inconstitucionales cuatro disposiciones específicas: la expresión “entre otros”, una facultad del Ministerio de Hacienda para extender el plazo del régimen, la frase “o por la ejecución de proyectos conexos” y la totalidad del numeral 4, referido a los proyectos conexos.

El resto del estatuto de invariabilidad permanece vigente. Soto apuntó a las disposiciones que fueron eliminadas y planteó que “se recoge la inconstitucionalidad de algunos de sus preceptos” y que “en definitiva lo que ocurre es que el Tribunal Constitucional hace una verdadera poda de la invariabilidad planteada por el Gobierno”.

El diputado pidió esperar el contenido completo de la sentencia antes de evaluar cómo quedará esta parte del proyecto. “Hay que ver en definitiva el detalle del fallo para ver cómo va a quedar esa norma y sacar conclusiones con mayor claridad y certeza”, sostuvo.

Para Soto, el resultado del TC también respalda los cuestionamientos que la oposición planteó durante la tramitación de la iniciativa. “Finalmente el Tribunal Constitucional en gran medida nos da la razón como oposición respecto de que no solamente había normas inconstitucionales, sino también que el Gobierno ha tomado un mal camino con este proyecto, un camino que no es el mejor para nuestro país”.

El parlamentario también cuestionó las consecuencias políticas del fallo y planteó que sus alcances deben ser considerados más allá de la discusión jurídica.

Durante la tramitación legislativa, la oposición cuestionó distintas disposiciones de la iniciativa. Soto advirtió que el Ejecutivo ignoró esos reparos y optó por mantener el proyecto pese a las advertencias sobre su constitucionalidad. “Un gobierno que fue advertido de la inconstitucionalidad de estas normas y que no quiso echarla abajo, no quiso adherirse a modificaciones, a fórmulas distintas, también decidió imponer su mayoría circunstancial y frágil incluso pasando por encima de la Constitución”.

A su juicio, la forma en que se llevó adelante el proyecto también deja planteada una discusión sobre su legitimidad. “Creo que eso habla también de un tema de legitimidad de la megarreforma en su conjunto respecto de cómo se tramitó en el Congreso Nacional y de la incapacidad del Gobierno para escuchar o construir acuerdos más amplios”.

Soto vinculó el fallo del TC directamente con la tramitación de la iniciativa. “De alguna manera creo que con este fallo se ratifica que la megarreforma tributaria de este Gobierno tiene vicios en su tramitación, vicios de inconstitucionalidad, vicios también desde la perspectiva legislativa”.

El diputado también evaluó las perspectivas de la iniciativa tras el pronunciamiento del TC. “Evidentemente que es una megarreforma que parte con un traspié, que parte de forma negativa y que parte con poca viabilidad para el futuro creo yo, desde la perspectiva de estos vicios constitucionales y también de los problemas legislativos y políticos que se traslucen o que quedan expuestos a propósito también de este resultado del Tribunal Constitucional”.