Este lunes, tras las múltiples críticas al borrador de la reforma constitucional en seguridad, el Gobierno remarcó que el proyecto no afectará el acceso a prestaciones sociales básicas para personas vinculadas al crimen organizado. 

La polémica comenzó tras la publicación en el diario La Tercera de una versión preliminar de la reforma, la que estipulaba que personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado, terrorismo o narcotráfico, quedarán “inhabilitadas para acceder a cualquier prestación financiada con recursos estatales”.

Tras varios días de cuestionamientos, tanto de personeros oficialistas como de la ministra de Salud May Chomali —quien advirtió que podría pasarse a llevar la Ley de Urgencia—; el Presidente José Antonio Kast señaló que no se va a pasar a llevar “ningún derecho de salud”.

“Nosotros creemos en el respeto a los derechos humanos, pero queremos que las personas que violan los derechos humanos de los ciudadanos comunes cumplan con penas duras y eso es lo que le estamos planteando a la ciudadanía”, indicó en conversación con Radio Duna.

Este lunes, además de contrarrestar las interpretaciones que se estaban haciendo del proyecto, el Gobierno también se encargó de alinear a sus propias filas. En días previos, tanto la presidenta de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares, como el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, manifestaron dudas con el hecho de que se hicieran cambios a la Constitución.

El más categórico con aquello fue el diputado Ramírez, quien afirmó a La Tercera que “en las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”.

Luego del Comité Político Ampliado en La Moneda —instancia que reúne todos los lunes a ministros con los presidentes de partidos oficialistas—, Ramírez cambió de idea. El líder gremialista aseguró que salió “contento” de la reunión y que ahora su partido sí apoyará la reforma constitucional. 

“Nosotros teníamos ciertas aprensiones respecto de las reformas constitucionales, de la forma en que se estaban fraguando, pero creo que cuando mañana el Gobierno presente las reformas constitucionales en el Congreso va a recibir un amplísimo apoyo”, estimó.

De acuerdo al presidente de la UDI, el principal problema de su partido era la forma en que se proponían los cambios: “Lo que nosotros hemos dicho es que las cosas se tienen que hacer bien. Lo que se hace por ley tiene que hacerse por ley. Lo que es constitucional se tiene que hacer por la Constitución. Nosotros teníamos aprehensiones respecto a las formas y creo que estamos todos de acuerdo en que es posible avanzar en una agenda robusta, yo diría dura, de seguridad, respetando y protegiendo sobre todo la institucionalidad y la Constitución”.

El resto de los personeros del oficialismo presentes en la reunión —la secretaria general de RN, Katherine Martorell, el presidente de Evópoli, Luciano Cruz Coke y el presidente de Republicanos, Arturo Squella— también respaldaron la reforma constitucional del Gobierno. 

El senador Squella detalló que en la cita el ministro de Seguridad, Martín Arrau, les explicó la reforma “más allá de las distintas versiones de borradores que han circulado”.

“Cuando uno lee la versión que efectivamente vamos a tener a la vista el día de mañana en la cuenta en el Senado, y uno une cada uno de los artículos o de las modificaciones que se hacen, uno entiende que lo que se está proponiendo acá efectivamente es intenso, es duro, pero en ningún caso se pretende dejar a alguien sin las prestaciones básicas de salud”, apuntó.

¿Cambia el proyecto de reforma constitucional?

Requerido sobre el contenido de la reforma constitucional que finalmente se dará a conocer mañana martes en el Senado, el ministro Arrau, adelantó que la restricción en el acceso a beneficios sociales sigue siendo parte del proyecto, pero que los detalles quedarán definidos por “una ley especial”.

Arrau explicó que hoy en día, lo que es parte de la Constitución son las inhabilidades para personas condenadas por terrorismo: “Nuestro texto actual incorpora una restricción de 15 años para ocupar cargos públicos, para ser director de escuela, y ahora vamos a incorporar la posibilidad para que a través de una ley especial las personas condenadas por crimen organizado, narcotráfico o terrorismo tengan algunas inhabilidades particulares y no generales”.

Según el ministro, no se trata de “cosas que son bien evidentes y burdas como se han dicho en último tiempo, sino que particulares, de algunos beneficios sociales pagados con fondos de todos los chilenos, que creemos que no tienen asidero”. “Por tanto, van a quedar entregados a una discusión de una ley particular, con la habilitación constitucional que es necesaria para hacerlo”, agregó.