Las víctimas de los episodios de contaminación registrados en Quintero y Puchuncaví solicitaron al Gobierno que Chile se allane ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y abra una mesa de conciliación y solución amistosa por la denuncia presentada contra el Estado.
La petición fue formalizada este lunes mediante una carta dirigida al ministro de Relaciones Exteriores, en la que el abogado patrocinante de 1.034 vecinos y familias afectadas, Remberto Valdés Hueche, pidió que la Cancillería adopte una posición activa frente a la Petición P-1800-25, actualmente en tramitación ante el organismo interamericano.
Según el documento, la CIDH transmitió formalmente la petición al Estado de Chile el 5 de febrero de 2026, por una presunta vulneración de los derechos a la vida, salud e integridad personal. Sin embargo, la comisión notificó el pasado 13 de julio que el Estado no respondió dentro del plazo establecido.
Ante este escenario, los representantes de las víctimas pidieron que el Ejecutivo “se allane a la denuncia” y permita iniciar una instancia de conciliación y solución amistosa ante la CIDH.
El abogado Remberto Valdés sostiene que existiría una contradicción si Chile busca defender internacionalmente a ENAP, considerando que tanto el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado (CDE) participaron como partes acusadoras en los tribunales nacionales contra integrantes de la cadena de mando de la empresa estatal. “Resulta jurídicamente contradictorio que el Estado pretenda defender en la sede internacional una impunidad que sus propios órganos de persecución rechazan”, señala el jurista.
En esa línea, las víctimas cuestionan que la Cancillería pueda adoptar una posición distinta a la sostenida anteriormente por organismos estatales que persiguieron responsabilidades por la contaminación. La carta también cuestiona la sentencia de la Corte Suprema que terminó absolviendo a los ejecutivos de ENAP, decisión adoptada por un estrecho margen de 3 votos contra 2.
El documento plantea reparos respecto de la actuación de la abogada integrante de la Sala Penal y redactora del fallo, Pía Tavolari Goycoolea, a quien acusa de haber omitido declarar participaciones que, según los denunciantes, constituían conflictos de interés.
A esto suman los nuevos antecedentes surgidos durante 2026 en torno a la Refinería Aconcagua, luego de que ENAP presentara una querella por la presunta falsificación de reportes de dióxido de azufre. La carta recuerda que una nueva querella presentada por las víctimas fue admitida a tramitación por el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, bajo el RIT 7646-2026.
Los representantes de las víctimas también ponen el foco en el paso del tiempo y el impacto humano del conflicto iniciado tras los episodios de contaminación de agosto de 2018. “Esta postergación ostenta un costo irreparable”, señala el documento, antes de cifrar en 17 las personas de la zona de sacrificio que han fallecido esperando justicia y reparación.
La solicitud ante Cancillería plantea así la posibilidad de que el actual Gobierno impulse una salida mediante un acuerdo ante la CIDH, en lugar de prolongar la controversia en la sede internacional. Los representantes de las víctimas sostienen que existe una “oportunidad histórica” para alcanzar una solución definitiva al conflicto y solicitan al Ejecutivo abrir formalmente una instancia de diálogo y reparación con las personas afectadas.
