El mecanismo que el Ministerio de Hacienda puso en marcha para destrabar proyectos de inversión frenados por su tramitación ambiental, benefició a una iniciativa inmobiliaria en la que participa el hermano del ministro Jorge Quiroz, según reveló una investigación de CIPER.

La iniciativa favorecida es Alto Santorini, un edificio proyectado a metros de las dunas de Concón, en la Región de Valparaíso, y que requiere una inversión de US$43,6 millones (unos $40 mil millones al cambio actual).

El hermano del jefe de Hacienda, Víctor Quiroz, no solo figura entre los dueños del proyecto junto a su familia, sino que también integró la oficina de arquitectura que lo diseñó y realizó gestiones de lobby ante autoridades regionales en los meses previos a la resolución ambiental.

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Valparaíso dio luz verde al proyecto el 8 de julio, pese a que el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) mantuvo reparos por eventuales riesgos de remociones en masa en el terreno.

Los antecedentes societarios revisados por CIPER indican que Alto Santorini pertenece a Inmobiliaria Lote 21 SpA. El 24% de esa empresa está en manos de Inversiones M y E Limitada, firma controlada en partes iguales por PW Inversiones y Almar Inversiones. Esta última es propiedad en un 70% de Víctor Quiroz, y el 30% restante se reparte entre su esposa y dos hijos. De ese modo, el círculo familiar del ministro aparece vinculado a un 12% de la propiedad del proyecto.

Pero el vínculo de Víctor Quiroz con Alto Santorini va más allá de su participación accionaria. A través del estudio Quiroz y Puelma Arquitectos, el empresario y su socio Raúl Puelma estuvieron a cargo del diseño del edificio. Además, el hermano del titular de Hacienda sostuvo 10 reuniones de lobby con autoridades de la Región de Valparaíso antes de la resolución del SEA.

La tramitación ambiental de Alto Santorini se extendió por varios años. En 2023, el proceso se suspendió a raíz del socavón que afectó a un edificio en el sector dunar de Reñaca —el mismo fenómeno que en esa época tomó notoriedad pública por el caso del edificio Kandinsky— y se retomó en julio de 2024. Durante la evaluación, once organismos del Estado formularon observaciones al Estudio de Impacto Ambiental, y los titulares del proyecto pidieron en dos ocasiones extender los plazos para responder los reparos.

El último aplazamiento se prolongó hasta el 31 de marzo de este año, es decir, después de que Jorge Quiroz asumiera como ministro de Hacienda.

El Sernageomin fue uno de los servicios que mantuvo sus cuestionamientos. En 2024, el organismo advirtió que el terreno presentaba peligro de deslizamientos, derrumbes y desprendimientos, y solicitó un estudio pormenorizado sobre remociones en masa. Luego de revisar la nueva información entregada por la inmobiliaria, el Sernageomin ratificó sus reparos el 28 de abril, al señalar que no se podían descartar impactos significativos ni riesgos para la seguridad de la población.

A pesar de esa objeción, el SEA de Valparaíso no la incorporó en la resolución final. El servicio argumentó que la geomorfología no es un objeto de protección contemplado en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

En paralelo, el Ministerio de Hacienda activó un plan para acelerar iniciativas de inversión atascadas en el SEIA. Ese sistema hace seguimiento a los plazos de cada etapa de la tramitación y contempla un “Comité de Proyectos en el SEIA”, integrado por representantes de las carteras de Hacienda, Medio Ambiente, Interior y Economía. La instancia es liderada por Hacienda, que fija la agenda y las autoridades invitadas, aunque no existen actas públicas ni registros de sus acuerdos o recomendaciones.

Desde Hacienda señalaron a CIPER que el sistema es interno, utiliza información pública del SEIA y busca apoyar el cumplimiento de los plazos que fija la ley.

Los eventuales conflictos de interés en torno al ministro Quiroz no se circunscriben al caso Alto Santorini, según consignó la investigación. CIPER intentó comunicarse con Víctor Quiroz a través de los teléfonos registrados en el expediente ambiental del proyecto, el correo del estudio de arquitectura y su secretaria, sin obtener respuesta hasta el cierre de la nota.