La audiencia de formalización del caso Sartor entró este martes en su etapa decisiva, luego de más de dos semanas de exposición de los antecedentes reunidos por el Ministerio Público y de los argumentos de las defensas. La jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Paulina Moya, resolvió las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía para cinco imputados, entre ellos Michael Clark, Carlos y Pedro Pablo Larraín, Rodrigo Bustamante y Sergio Yáñez. El Ministerio Público pidió para ellos prisión preventiva, mientras que para Juan Carlos Jorquera solicitó arresto domiciliario total.
Tras una extensa jornada, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago decretó este martes la prisión preventiva de cuatro de los imputados en el caso Sartor: Pedro Pablo Larraín Meri, Michael Clark Varela, Carlos Emilio Larraín Meri y Sergio Samuel Yáñez Astete. La jueza Paulina Moya fundamentó las medidas en la gravedad de los hechos, la pena probable y, en dos de los casos, en antecedentes que apuntarían a una eventual eliminación de evidencia.
Respecto de Pedro Pablo Larraín y Michael Clark, el tribunal consideró que existe, además, un peligro concreto para el éxito de la investigación. La magistrada sostuvo que existen antecedentes que permiten presumir provisionalmente actuaciones destinadas a eliminar o suprimir información vinculada con los hechos investigados.
En el caso de Pedro Pablo Larraín, la jueza destacó la declaración de un coimputado, quien habría señalado que, tras la intervención de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a fines de 2024, Larraín le habría instruido deshacerse de su teléfono celular y borrar su contenido.
A ello se suma, según expuso Moya, que el 27 de febrero de 2026 habría eliminado varios miembros del chat corporativo de WhatsApp de los directores de Sartor. También se consideró la solicitud para cancelar servicios corporativos de Microsoft, actuación que, de acuerdo con el tribunal, “habría podido comprometer datos, respaldos y correos electrónicos asociados al dominio arroba sartor.cl”.
La investigación apunta a una serie de operaciones financieras que, según la Fiscalía, habrían permitido canalizar recursos de fondos administrados por Sartor hacia sociedades vinculadas con personas relacionadas con la propia administradora.
El tribunal dio por acreditada, en esta etapa procesal, la existencia de seis de los siete delitos investigados en el denominado caso Sartor, entre ellos lavado de activos, fraude por omisión de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) y distintos tipos de estafa. El único de los siete ilícitos analizados que no fue considerado acreditado en esta etapa fue el delito de contrato simulado.
Arista Azul Azul
Una de las derivadas más relevantes del caso corresponde a la adquisición del control de Azul Azul a través del fondo de inversión privado Tactical Sport. Según los antecedentes revisados por el tribunal, Tactical Sport había adquirido en 2021 el 63,07% de las acciones serie B de Azul Azul, mientras que el 13 de diciembre de 2024 Inversiones Antumala habría adquirido el 90% de las cuotas del fondo que hasta entonces estaban en manos de una sociedad vinculada al grupo Sartor. Con esa operación, Antumala pasó a controlar la totalidad de las cuotas del vehículo que mantenía las acciones de Azul Azul.
La Fiscalía sostiene que esa operación implicó un cambio indirecto de controlador de Azul Azul y que, por lo tanto, correspondía realizar una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA).
La jueza precisó que el reproche no apunta a la adquisición original del control de la sociedad deportiva, cuya OPA de 2021 no es cuestionada en este capítulo, sino al cambio de control que se habría producido en diciembre de 2024 sin efectuar la oferta que, según la tesis del Ministerio Público, era legalmente exigible.
El punto central del análisis judicial está en determinar si la compra de las cuotas de Tactical Sport puede ser considerada, por sus efectos, una adquisición indirecta de las acciones de Azul Azul. En ese sentido, la magistrada sostuvo que la normativa “no se limita a adquisiciones formalmente realizadas mediante la compra directa de acciones”, sino que también puede comprender adquisiciones indirectas que permitan tomar el control de una sociedad anónima abierta.
En este caso, destacó que Antumala “no habría adquirido simplemente una participación económica en un fondo diversificado”, sino que habría concentrado la totalidad de las cuotas de un vehículo cuyo principal activo correspondía precisamente al 63,07% de las acciones de Azul Azul.
Estafas y presunta información falsa
Otro de los capítulos analizados corresponde a las presuntas estafas vinculadas con Emprender Capital. En este punto, la jueza recordó que para configurar este delito no basta con una inversión fallida o con el posterior incumplimiento de una obligación. Debe existir una secuencia causal compuesta por un engaño, el error provocado por ese engaño, una disposición patrimonial determinada por ese error y un perjuicio derivado de ella.
La entrega de información falsa constituye otro de los ejes de la investigación. La jueza sostuvo que la documentación incorporada permite advertir posibles discrepancias entre la información proporcionada a inversionistas, al mercado y a la autoridad, por un lado, y la situación real de determinadas operaciones, por otro. Dichas discrepancias se refieren, principalmente, a la estructura efectiva de ciertas operaciones, al carácter vinculado de algunas contrapartes, a las garantías y al estado de cumplimiento o deterioro de las acreencias.
Administración desleal
Uno de los primeros elementos abordados por la magistrada fue la administración desleal. En particular, puso el foco en las operaciones de financiamiento mantenidas con sociedades como Emprender Capital y Danke SF, que hacia fines de 2024 mantenían obligaciones con fondos administrados por Sartor AGF superiores a $50 mil millones y $24 mil millones, respectivamente.
De acuerdo con el análisis expuesto en audiencia, los antecedentes financieros daban cuenta de un deterioro progresivo de los deudores, mientras continuaban las reestructuraciones y nuevas exposiciones. En el caso de Emprender Capital se mencionaron pérdidas acumuladas, deterioros relevantes y dudas sobre su capacidad para continuar como empresa en marcha. Danke SF, por su parte, registraba hacia septiembre de 2024 pasivos superiores a sus activos y un patrimonio negativo cercano a $6.700 millones.
La magistrada también relevó que no aparecían en los antecedentes examinados informes financieros, evaluaciones de riesgo o análisis contemporáneos que permitieran establecer que las sucesivas reestructuraciones ofrecieran mejores perspectivas de recuperación para los fondos.
