El Gobierno ingresó al Senado el proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad contemplado en la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). La iniciativa considera ocho modificaciones a la Constitución, entre ellas incorporar la seguridad pública como un deber del Estado, crear un registro de organizaciones criminales y establecer nuevas medidas contra estos grupos.
El texto también entrega al Presidente de la República la facultad de declarar a una agrupación como organización terrorista o de crimen organizado, previo informe del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional. El Senado deberá aprobar o rechazar esa declaración en sesión secreta y con dos tercios de sus integrantes.
Además, la propuesta crea un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, que podrá extenderse por un máximo de 120 días y prorrogarse con autorización del Congreso. Durante ese periodo, el Ejecutivo podrá suspender o restringir la libertad personal y de locomoción, el derecho de reunión, el de asociación, y también podrá interceptar, abrir o registrar documentos y comunicaciones, así como también disponer requisiciones de bienes.
Tras el ingreso del proyecto, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, llamó a los parlamentarios a acelerar su tramitación. “Ya sabemos que hay algunas diferencias, hay algunos matices, incluso desde el oficialismo, pero me parece vital que, sin ningún distingo, todos nos pongamos rápidamente a tramitar esta reforma”, planteó.
El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, valoró los cambios que realizó el Gobierno al proyecto antes de su ingreso al Congreso. “Nosotros estamos tranquilos con lo que se está presentando y las apreciaciones que teníamos ya no las tenemos”, afirmó.
Ramírez destacó el diálogo que mantuvo el ministro de Seguridad, Martín Arrau, con su colectividad y abordó los votos que necesitará la iniciativa para avanzar. “En la Cámara de Diputados, asumiendo que el Partido Nacional Libertario se alinea, tenemos 76 votos de 155, o sea, eso no es ni la mitad. Necesitamos llegar creo que a 89. Nos faltan 13. En el Senado, en rigor, tenemos 24. Necesitamos 29. Nos faltan 5”, detalló.
El gremialista apuntó entonces a la necesidad de buscar respaldos fuera del oficialismo: “Si queremos aprobar esto, vamos a necesitar votos de la centroizquierda. Los vamos a necesitar. Esto es aritmética pura y simple”.
Las dudas en el oficialismo y los cuestionamientos de la centroizquierda
La presidenta de RN, Andrea Balladares, valoró el ingreso de la reforma al Senado. Sin embargo, planteó reparos al contenido del proyecto. “Todavía tiene hartas dudas por delante. Yo creo que hay espacio para mejorarlo”, dijo en conversación con Tele13 Radio.
Balladares también cuestionó la falta de un mayor trabajo prelegislativo y planteó que ahora el ministro de Seguridad deberá conducir la discusión con los distintos sectores. “Hay harto que discutir y escuchar todavía”, señaló, junto con pedir explicaciones sobre las medidas contempladas y la participación de expertos constitucionales.
Desde Evópoli, su presidente, Luciano Cruz-Coke, respaldó la Agenda de Seguridad, pero cuestionó el nuevo estado de excepción. A través de redes sociales, sostuvo que la iniciativa entrega poderes excesivos al Presidente y planteó que ese punto debía ser corregido.
El senador Matías Walker, en conversación con TVN, cuestionó las atribuciones que contempla la reforma: “La reforma constitucional presentada por el Gobierno, en las manos equivocadas, es un peligro para la seguridad. El drama de Latinoamérica es el crimen organizado cooptando al Estado para abusar del poder, logrando impunidad y aplastando a sus opositores. México el mejor ejemplo”.
El senador también cuestionó que la declaración de una organización como terrorista quede en manos del Presidente con acuerdo del Senado y no de los tribunales.
“Parte de la locura: no serán los tribunales de justicia los que determinen qué organización es terrorista, sino el Presidente de la República con acuerdo del Senado en sesión secreta. Somos un país serio, un Estado de derecho”, planteó.
El senador independiente Karim Bianchi adelantó que solicitará que la reforma sea revisada también por la Comisión de Seguridad del Senado, la él que preside. “Lo que no quiero que pase es que lo mismo que se dio en la Cámara de Diputados, que hicieron una tramitación express. Esto es un tema profundo, importante, que a la gente le interesa que lo hagamos y que lo hagamos bien”, planteó.
Bianchi cuestionó también la duración del nuevo estado de excepción y las facultades que contempla para el Ejecutivo. “Al Presidente Kast se le está pasando la mano y creo que eso no debiese pasar por el Congreso y que es una locura”, afirmó.
El senador pidió considerar los efectos de la reforma más allá del actual gobierno. “No tiene que pensar en el gobierno actual, tiene que pensar en el gobierno también de los que vienen”, señaló.
“Estado autoritario”: las críticas de la oposición a la reforma
Desde la oposición, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Jaime Mulet, se refirió al nuevo estado de excepción y a la posibilidad de extenderlo hasta por 240 días.
“La creación del nuevo estado de excepción constitucional con 120 días renovables en manos del Ejecutivo es muy complejo, muy difícil. Creo que hay una situación y una serie de derechos que se ponen en riesgo. De manera que, así como está, es muy difícil aprobarlo”, sostuvo.
Mulet también abordó las facultades que tendría el Presidente durante el estado de excepción. “No puedes tener bajo la sujeción del Presidente de la República 240 días de estado de excepción, conculcar, disminuir o suspender garantías constitucionales sin que pase por un control democrático. Eso es un Estado autoritario, casi un Estado policial, y así como está es muy grave”, afirmó.
Por su lado, el diputado Luis Cuello (PC) manifestó que: “La reforma constitucional presentada por el Presidente Kast no resuelve el problema de la falta de seguridad pública. No resuelve el problema de la persona que está expuesta en su barrio a balaceras, de aquel trabajador que sale temprano y está expuesto a ser asaltado”.
En cuanto a las restricciones de derechos que contempla la iniciativa, el parlamentario expuso que esta iniciativa “puede ser controlada preventivamente por el Tribunal Constitucional, en tanto no supera ningún estándar permitido ni proporcional de respeto a las garantías democráticas y los derechos humanos”.
