La eventual salida de Colombia de la Corte Penal Internacional (CPI) podría convertirse en el siguiente capítulo de una ofensiva cada vez más amplia contra el tribunal internacional.

Durante los últimos días, distintos medios colombianos han informado que el gobierno de Abelardo De la Espriella evalúa abandonar la corte denunciando el Estatuto de Roma, siguiendo un camino similar al anunciado recientemente por Venezuela.

Hasta ahora no existe una confirmación ni una notificación oficial ante Naciones Unidas. Ahora bien, si Colombia formalizara su retiro, este solo entraría en vigor un año después. Sin embargo, la discusión ya abrió una controversia mayor, porque el país cafetero forma parte del sistema de la CPI desde 2002 y su relación con el tribunal está directamente vinculada con los procesos judiciales de los crímenes más graves cometidos durante los años de conflicto interno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Uno de los principales puntos de preocupación pasa por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal que nació después de los acuerdos de paz con las FARC en 2016, precisamente para investigar y juzgar crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto, tanto por antiguos integrantes de la guerrilla como por miembros de las Fuerzas Armadas y otros responsables.

La CPI es central porque funciona bajo el principio de complementariedad, interviene principalmente cuando un estado no puede o no quiere investigar de manera genuina dichos delitos. Mientras Colombia mantenga mecanismos internos capaces de procesarlos, la responsabilidad principal permanece en manos de la justicia nacional.

El problema es que De la Espriella ha sido abiertamente crítico de la JEP y durante su campaña presidencial planteó su eliminación. No puede simplemente cerrarla por decreto porque se trata de una institución creada a partir del Acuerdo de Paz y con rango constitucional, pero sí podría intentar debilitarla política o institucionalmente, reducir sus recursos o dificultar el cumplimiento de sus decisiones. Esa es la principal inquietud de la oposición, que una eventual salida de la CPI coincida con un debilitamiento de la JEP y termine reduciendo simultáneamente los controles internos e internacionales sobre crímenes de guerra, ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones graves.

Una ofensiva a gran escala

Lo que ocurre en Colombia no puede entenderse como un evento aislado. La discusión aparece en medio de una ofensiva estadounidense mucho más amplia contra la Corte Penal Internacional.

Washington anunció una nueva ronda de sanciones que ya afecta a 13 magistrados, entre ellos la presidenta del tribunal, Tomoko Akane, y jueces vinculados al expediente sobre Palestina. El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, volvió a describir a la CPI como una amenaza contra la soberanía estadounidense y sostuvo que la Casa Blanca no permitirá que sus ciudadanos sean trasladados al extranjero para responder ante una jurisdicción que Estados Unidos no reconoce.

En julio, el Departamento de Estado lanzó explícitamente una ofensiva diplomática contra la CPI. Posteriormente, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, llevó el mismo discurso a la cumbre de la Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C) celebrada en Panamá, donde pidió a los gobiernos participantes salir de la corte.

La ofensiva coincide con otra prioridad estadounidense en la región, ampliar las operaciones contra organizaciones “narcoterroristas” y profundizar la cooperación militar con determinados gobiernos de la región. En Colombia, ambas discusiones incluso aparecen superpuestas ante la posibilidad de operaciones conjuntas con fuerzas estadounidenses.

La administración Trump busca reafirmar su primacía sobre el hemisferio occidental y reducir la capacidad de actores externos para condicionar su libertad de acción. Una idea que se expresa en el “Corolario Trump”. En esta visión, las amenazas no son solamente China, Rusia o empresas extranjeras. También pueden ser instituciones multilaterales capaces de imponer restricciones jurídicas a las decisiones estadounidenses.

Sin embargo, sería insuficiente explicar la ofensiva contra la CPI únicamente por la estrategia hemisférica de Washington. El conflicto viene desde mucho antes y responde a factores más profundos.

Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma que da forma a la corte y en 2002 aprobó la American Servicemembers’ Protection Act, destinada precisamente a impedir que militares y funcionarios estadounidenses quedaran sometidos a la jurisdicción del tribunal internaciona.

Uno de los antecedentes fundamentales fue Afganistán. La CPI abrió una investigación sobre posibles crímenes cometidos durante la guerra y el alcance jurídico del expediente podía involucrar tanto actuaciones de miembros de las fuerzas estadounidenses como de la CIA. Desde entonces, Washington ha rechazado que una institución de la que no forma parte pueda procesar a sus ciudadanos simplemente porque los hechos investigados ocurrieron en el territorio de un estado sometido a la jurisdicción de la Corte.

El segundo gran factor es Israel. Cuando Donald Trump reactivó las sanciones contra la CPI en febrero de 2025, la orden ejecutiva mencionó expresamente tanto las investigaciones que podían afectar a personal estadounidense como las órdenes de arresto contra el primer ministro y exministro de Defensa israelíes, Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant, respectivamente.

Para la Casa Blanca, ambas cuestiones forman parte de una misma disputa jurídica. Si se acepta que el tribunal puede investigar a autoridades israelíes aunque Israel no sea estado miembro, entonces se acepta un principio que eventualmente podría utilizarse también contra funcionarios, militares o dirigentes estadounidenses. La defensa de Israel frente a la CPI funciona, por tanto, también como una defensa preventiva de Estados Unidos.

A lo anterior se suma una dimensión ideológica que probablemente sea todavía más relevante. La administración Trump está cuestionando una de las premisas fundamentales del denominado orden internacional basado en reglas. Las grandes potencias deben aceptar algún grado de limitación externa mediante tribunales, tratados y organizaciones multilaterales. La lógica estadounidense actual invierte ese principio.

La ofensiva contra la Corte tampoco es un episodio aislado dentro de la política exterior del republicano. Durante 2026, Washington profundizó una revisión más general de su participación en organizaciones, convenciones y mecanismos multilaterales considerados incompatibles con sus intereses.

No significa que Estados Unidos esté abandonando completamente las instituciones internacionales ni que rechace todas las formas de cooperación multilateral. El cambio apunta a que Washington busca conservar aquellos mecanismos que considera útiles y reducir o enfrentar aquellos que limitan su margen de maniobra. La relación con la CPI expone con especial claridad esa transformación.

Así, la crisis del denominado orden basado en reglas no significa necesariamente que las normas estén desapareciendo, sino que las grandes potencias muestran cada vez con mayor claridad que las aceptan cuando resultan compatibles con sus intereses y las desafían cuando comienzan a restringirlos.

Por eso la eventual salida de Colombia, sumada a la ya formalizada decisión venezolana y a la presión de Washington sobre otros gobiernos, tiene implicancias que van mucho más allá de América Latina. La campaña hemisférica no creó el enfrentamiento entre Estados Unidos y la CPI, pero sí lo vuelve estratégicamente más relevante. Si Washington busca ampliar su libertad de acción militar en América Latina, también tiene incentivos para disminuir la capacidad de una institución internacional de investigar hechos ocurridos en territorios sometidos a su jurisdicción.

La disputa por la CPI refleja entonces una transformación mucho mayor del sistema internacional. No se trata solamente de Colombia, Venezuela, Israel o Estados Unidos, sino de quién conserva la autoridad para establecer límites a las grandes potencias en un escenario cada vez más fragmentado.

Durante décadas, una parte importante del orden internacional posterior a la guerra fría se construyó sobre la promesa de que las reglas podían imponerse incluso sobre los estados más poderosos. La ofensiva estadounidense contra la corte expone precisamente la fragilidad de esa premisa, cuando las instituciones intentan convertir esas reglas en restricciones efectivas, el poder vuelve a disputar quién puede aplicarlas y, sobre todo, quién está realmente obligado a obedecerlas.