La reforma constitucional en seguridad no genera consenso ni en la oposición ni en el oficialismo. Desde el progresismo dudan de las intenciones del Gobierno y acusaron una “operación política” para poner en una encrucijada a la oposición. Mientras, líderes del oficialismo intentan ordenar a sus filas y subsanar los elementos de la iniciativa que han generado polémica.
El proyecto del Gobierno propone incluir en la Constitución a la seguridad pública como deber más del Estado; restringir el acceso a prestaciones sociales a personas vinculadas al crimen organizado; y crear un nuevo estado de excepción constitucional que restringe libertades personales por un plazo que podría llegar a los 240 días.
A raíz de las múltiples críticas, provenientes de distintos sectores, el senador del Partido Socialista (PS) e integrante de la Comisión de Seguridad, Juan Luis Castro, acusó que se trata de un proyecto sin piso político, que fue presentado únicamente para eludir el control del Tribunal Constitucional.
“Estamos frente al peor debut que pudo tener el Gobierno para una reforma estrella, que pretendía imitar la megarreforma económica y que hoy día tiene una piscina sin agua. Hasta el Partido Libertario ha anunciado su crítica y su rechazo, y en la izquierda hay una franja transversal que yo no había visto”, comentó.
“Nunca un proyecto que lleva un día había concitado tal nivel de repudio. Este es un error político y la manera en que está planteada la reforma augura que tendrá un fracaso precipitado”, dijo.
Por su parte, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS) y presidente de la Comisión de Constitución, Jaime Mulet, afirmó que la reforma constitucional es una “operación política” del Gobierno, para acusar posteriormente a la oposición de que no tiene un compromiso genuino con la seguridad.
A su juicio, ninguna persona con convicciones democráticas podría aprobar el nuevo estado de excepción constitucional propuesto por el Ejecutivo o las restricciones para personas vinculadas al crimen organizado, que podrían dejarlos sin acceso a derechos esenciales.
“Lo que busca el Gobierno es que se rechace y responsabilizar a los que rechacen. Decir: ‘No podemos avanzar en seguridad porque el Congreso, o la oposición, o parte incluso de la derecha, no nos da la autorización legal para avanzar’. Eso es maquiavélico”, opinó Mulet.
En el oficialismo, existió un intento de los líderes del bloque por controlar los cuestionamientos a la reforma. El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, reconoció que no estuvo de acuerdo con los primeros borradores de la reforma constitucional. No obstante, hizo un llamado a su sector para que canalicen las críticas a través de indicaciones.
“Lo que nos corresponde a todos acá en el Congreso es poner de nuestra parte para viabilizar la agenda de seguridad incluyendo, por supuesto, la reforma constitucional que se ha presentado. Yo puedo entender que algunos tengan distintas opiniones, pero lo que no puedo entender, especialmente viniendo de diputados oficialistas, es que no entiendan que nuestra responsabilidad es sacar adelante esta agenda”, indicó.
“Si alguien tiene alguna observación que hacer, yo le recuerdo a los parlamentarios que nuestra tarea no es hacer comentarios, sino que es hacer indicaciones”, sostuvo.
El diputado y jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, optó por desdramatizar las diferencias al interior del oficialismo. De acuerdo al parlamentario, hay una alta probabilidad de que tanto la derecha como el Socialismo Democrático se terminen cuadrando con la reforma constitucional.
“Veo bastante improbable que alguien se reste de avanzar en un régimen de seguridad carcelario importante como el que se está aplicando en la cárcel de Talca. Yo creo que acá es bien improbable que alguien diga: ‘Me parece fantástico que Gendarmería no pueda segregar’. Más allá de comentarios puntuales, creo que vamos a encontrar un buen camino de encuentro entre el oficialismo y quienes quieran cooperar para recuperar la seguridad”, opinó.
La estrategia del Gobierno: recuperar la agenda y correr el cerco
En el panel de conversación de Radioanálisis, el analista político y académico de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, se refirió a las motivaciones del Gobierno para presentar la reforma constitucional en seguridad, pese a que no contaría con los votos para que se apruebe en el Congreso.
Duval mencionó varios factores, entre ellos, la intención del Ejecutivo de recuperar la agenda y trasladarla desde el plano de la economía al de la seguridad: “El Gobierno quiere recuperar la agenda y en esa posición, de recuperar, coloca estas iniciativas a sabiendas de que tiene a la opinión pública, entre comillas, a su favor”.
En esa misma línea, el analista observó que tanto la llamada Operación Cancerbero —que implicó el traslado de cientos de reos a la cárcel La Laguna, en Talca— como la reforma constitucional, no fueron mensajes para la política, sino que para los “votantes obligados, para aquellos que entraron a definir y que son los que le dieron el respaldo en segundo vuelta”.
Duval aludió a una estrategia de La Moneda que incluye poner en una encrucijada a la oposición y estar constantemente corriendo el cerco. “El Gobierno no socializa mucho sus propuestas con los partidos que lo acompañan, y esta no es la primera vez, confía en que el oficialismo se va a allanar“, indicó.
Así, expuso que el sector que representa la administración del Presidente Kast usó una estrategia similar en el Consejo Constitucional: “Colocaban un tema y después se iba desgajando de a poco, para luego salir con algo un poquito menos profundo. Me parece que esa es la estrategia que tiene el Gobierno frente a este tema”.
