El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile expuso ante la Comisión de Educación del Senado sobre el proyecto de ley impulsado por el Gobierno que busca “pausar” el traspaso de los establecimientos educacionales de algunas comunas a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

El presidente del gremio docente, Mario Aguilar Arévalo, afirmó que han “revisado el proyecto y detectamos que está bastante sobre ideologizado. Reinstala conceptos como el rol subsidiario del Estado, que se creía superado, lo que significa un Estado ausente de la gestión de la Educación que simplemente se limita a entregar financiamiento”.

Aguilar explicó que el espíritu de la Nueva Educación Pública apunta a una dirección totalmente opuesta, “la concepción original es que el Estado asuma un rol mucho más protagónico en la gestión, algo que la ciudadanía chilena ha demandado con fuerza. Por lo tanto, este es un proyecto profundamente ideologizado“.

“Nos parece peligroso que, bajo el pretexto de introducir mejoras en el traspaso, lo que se esté haciendo en realidad sea detener el proceso de fortalecimiento de la Educación Pública“, expresó.

Asimismo, recalcó que “los municipios están en un verdadero desastre en su gestión. Por lo tanto, acá lo que se debe hacer es fortalecer la Educación Pública”.

En cuanto a la exposición del director (s) de la Dirección de Educación Pública (DEP) ante la Comisión de Educación, el líder gremial sostuvo que “hay situaciones donde se manipula la información. Se presenta el dato de las licencias médicas queriendo instalar que existe un gran exceso”.

“Cuando se dice que hay funcionarios que han estado un año con licencia, no se contextualiza: puede ser una profesora que, producto de un embarazo de riesgo, tuvo licencia médica y luego su hijo nació con una enfermedad, prolongando ese derecho. Justamente cuando el país necesita aumentar la natalidad, ponen este tipo de cortapisas”, indicó.

Finalmente, Aguilar enfatizó que “las licencias mal usadas, su abuso, hay que fiscalizarlo y sancionarlo; en eso estamos completamente de acuerdo. Pero no se puede, con el pretexto de fiscalizar, poner en cuestión el derecho legítimo que tenemos las y los trabajadores a recuperarnos. El uso correcto del derecho a la salud, ya sea por razones personales o laborales, lo vamos a seguir defendiendo”.